El nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado al poder bajo la promesa de realizar la “mayor bajada fiscal de la historia”. Son palabras muy grandilocuentes que se unen a hacer bandera de la libertad cono eje político. Como si en Castilla La Mancha por ejemplo no tuviéramos garantizados nuestros derechos y libertades. No obstante, ya sabemos que la realidad de la presidenta madrileña es un poco especial. La cuestión en cualquier caso es determinar si es posible realizar ese ejercicio de rebaja fiscal y, sobre todo, si es responsable.
En este sentido, hay que partir de la premisa que nuestros políticos están muy acostumbrados a realizar anuncios de este tipo que luego en la práctica sólo suponen un pequeño ahorro para el contribuyente medio y sólo benefician a un pequeño sector de la población, normalmente las empresas o las clases más ricas. Sobrados ejemplos hay de esta situación, pero el más cercano lo tenemos en la rebaja fiscal que reducía los tributos relacionados con las Sucesiones y Donaciones en Andalucía, que sólo afectaron al 1 % más rico, pero que fueron anunciados a bombo y platillo.
Además, deberíamos analizar qué ocurre cuando se realiza una rebaja fiscal. ¿De verdad se puede aumentar la recaudación? Para responder a esta pregunta tenemos que partir del argumentario que utilizan los partidos conservadores o mal llamados liberales. Estos, se basan en la falacia de la curva de Laffer. El economista estadounidense representó gráficamente la evolución de la recaudación impositiva frente a la carga fiscal soportada por cada sociedad. Llegado a un punto se argumenta que ante subidas de impuestos la recaudación disminuye debido a que la actividad económica se resiente y los trabajadores deciden trabajar menos. Llamamos falacia a este argumento porque nadie ha sido capaz de demostrarlo y, de hecho, la evidencia empírica demuestra la contrario, cualquier subida fiscal aumenta la recaudación. Esto es así porque los trabajadores no pueden elegir las horas que trabajan. De hecho, el razonamiento de Laffer sólo se cumple en los extremos del supuesto. Esto es, si no establecemos tributos no se produce recaudación y si llevamos la carga impositiva al 100 % tampoco se recaudará nada porque en este caso sí, nadie trabajará ni realizará ningún tipo de actividad económica.
En cualquier caso, aunque el razonamiento simplista que suele practicar el gobierno madrileño no se cumpla, optar por bajar impuestos es una opción a disposición de cualquier gobierno autonómico. De hecho, precisamente el sistema autonómico, del que por cierto se quejan sus socios de la ultraderecha, garantiza el margen de actuación de los gobiernos para poder realizar una política económica con un nivel de impuestos determinado. La clave en este caso es la responsabilidad y la coherencia con las decisiones a adoptar. Si el gobierno de la Comunidad de Madrid opta por bajar los impuestos debe asumir que deberá recortar su gasto y por consiguiente los servicios públicos se resentirán. Debemos recordar que las Comunidades Autónomas son las responsables de la ejecución del gasto en materias tan importantes como sanidad, educación o dependencia. Por tanto, decidir bajar impuestos es legítimo si después asumimos que estos servicios públicos se van a resentir. Allá los votantes que optaron por estas opciones. Cuestión diferente es la que parece defender la Comunidad de Madrid. Junto al anuncio de rebaja fiscal, el Ejecutivo madrileño ha denunciado las deficiencias del sistema de financiación autonómica expresando que el modelo no es justo con la Comunidad de Madrid y que necesitan más financiación. No parece muy coherente optar por bajar impuestos si después vas a ir a quejarte a la puerta de la Administración Central para que te abran el grifo del dinero. Cualquier malpensado podría concluir que pretendes que la reforma tributaria te la pague el Estado. Es aquí donde viene a colación el título del artículo. En economía se entiende por dumping vender por debajo de coste a sabiendas para destruir a la competencia. Llevado al punto fiscal, entenderíamos que es el caso donde existe una competencia desleal entre administraciones a la hora de fijar impuestos. En este sentido, Madrid no sólo opta por una decisión de política económica, sino que pretende utilizar al Estado para que se la financie. Muy patriota se podría llegar a decir, pero ¡acabáramos! ¿Quién podría pensar semejante cosa de alguien muy y mucho española como Isabel Díaz Ayuso?
Además, la decisión podría llegar a cuestionarse por ciertas características que acompañan a la Comunidad de Madrid. El hecho de ostentar la capitalidad del Estado, la sede de las principales empresas del país y las características de su territorio con una población muy concentrada asegura un flujo constante de ingresos fiscales y un gasto fiscal mucho más optimizado que otras Comunidades Autónomas. Pero esto no significa que el gobierno madrileño lo haga mejor que los demás, sino que se aprovecha de sus circunstancias. Me explico, imaginen una comunidad con una población dispersa como pudiera ser cualquiera de las dos Castillas. Estas comunidades deben esforzarse mucho más para garantizar que servicios tan básicos como los colegios o los centros de salud están disponibles para sus ciudadanos. Esto significa que la salud o la educación son mucho más caras en estos territorios en comparación con Madrid donde la población está mucho más concentrada.
La realidad como vemos es tozuda y no parece muy leal que la comunidad más aventajada y más favorecida por la realidad de nuestro país se aproveche de estas circunstancias. Bajar impuestos es una opción, si esa es la que decide el gobierno madrileño que la asuma y sea responsable. De lo contrario, podríamos pensar que cierto patriotismo se queda en palabras vacías y pulseras horteras. Veremos.
