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Unos presupuestos irreales

montoro 0 300x200 Unos presupuestos irreales

Mucha polémica ha creado la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Desde la oposición al Gobierno, se aduce que se debería haber pospuesto dicha elaboración hasta después de las elecciones generales para dar margen al nuevo gobierno.

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Los efectos de la Reforma Laboral

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Vivimos en un país donde consideramos que cada uno de los problema que se nos presenta se puede solucionar con una disposición legislativa. En este sentido, el principal problema de nuestra sociedad, el paro, no es una excepción sino que cada gobierno que tiene la ocasión decide intervenir normativamente en el marcado laboral. De hecho, desde que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores en 1980 se han producido 52 reformas de dicha ley. El nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha perdido su oportunidad y el pasado viernes presentó la suya que se aprobará mediante Decreto-Ley.

Para saber si la reforma será un éxito o no, nos proponemos analizar los efectos que tendrían cada una de las propuestas.

En cuanto al despido, se ha rebajado la indemnización por despido improcedente desde 45 a 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Sin embargo, existe una disposición que amplía las causas de despido objetivo por razones económicas, técnicas, organizativa o de producción que es la reducción de los ingresos durante tres trimestres consecutivos. Dicha medida implica que el despido objetivo se vaya a generalizar a partir de la entrada en vigor de la norma, puesto que en el contexto de crisis económica es difícil encontrar empresas que no hayan reducido sus ingresos. Llegados a este punto nos preguntamos ¿De verdad en un país con 5 millones de parados es necesario reducir aún más la indemnización por despido? ¿Acaso está siendo difícil prescindir de trabajadores? Hay que recordar que el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores introdujo lo que se conoce como despido exprés, donde el empresario podía reconocer la improcedencia del despido y depositar la indemnización para el trabajador. De esta manera, se podía ahorrar los salarios de tramitación que tanto lastraban a los empleadores. Por tanto, despedir con la legislación vigente no era imposible, si acaso más o menos caro, pero el mercado de trabajo poseía flexibilidad suficiente como así lo indican los datos de la tasa de desempleo. Todo ello nos lleva considerar que esta medida no es óptima si lo que se pretende es incentivar la contratación. Más eficiente resultaría reducir los costes de contratación, esto es, los costes de la Seguridad Social. De hecho, se podría conseguir un doble objetivo aumentar la contratación y la recaudación, ya que la reducción de las cargas sociales motivaría el afloramiento de parte de los contratos laborales de la economía sumergida.

En otro orden de asuntos, la reforma laboral establece nuevas reglas para la negociación colectiva. Se aumentan las causas de descuelgue para que las empresas abandonen el convenio colectivo que firmaron y se pone un límite temporal de dos años a la ultractividad (prórroga tras su vencimiento) de los convenios colectivos. Estas dos medidas olvidan uno de los principios generales del derecho como es el pacta sunt servanda (los pactado debe ser cumplido). Nos explicamos, nadie fuerza a empresarios y trabajadores a ponerse de acuerdo para la firma de un convenio. Por esto mismo, no parece adecuado que una de las partes tenga la potestad unilateral de romper un pacto cuando no fue obligada a firmarlo. Es una medida que va a provocar una enorme desequilibrio en las relaciones laborales. Es cierto, que se hace necesario flexibilizar la negociación colectiva y que uno de los medios es potenciar los convenios a nivel de empresa (medida que también se recoge en la propuesta gubernamental). Sin embargo, el legislador debería compensar el poder de negociación de todos los agentes intervinientes y no apostar sólo por una de las partes. Alguien podría pensar que las circunstancias pueden cambiar ser diferentes al momento de la firma y sea legítimo rescindir el pacto (Cláusula rebuc sic stantibus). Sin embargo, el Ejecutivo debería recordar que el Tribunal Supremo ha establecido prevalencia del primer principio sobre el segundo (STS 460/2010 de 14 de julio).

Como tercer punto relevante hay que hacer referencia a la potestad de las empresas de reducir el salario de los trabajadores menos productivos . De nuevo existe una potestad unilateral que desequilibra las relaciones entre empleador y empleado que puede provocar arbitrariedades a la hora de tomar decisiones. Desde estas páginas se ha defendido ligar el incremento de los salarios a la productividad de los trabajadores, ya que ligarlos a la inflación provoca un circulo vicioso con consecuencias graves para la economía. No obstante, permitir bajadas salariales ligadas exclusivamente a la discrecionalidad del empleador deja en una situación de completa desprotección al trabajador, puesto que si no acepta la bajada se verá abocado a la rescisión contractual con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Para el final hemos dejado los incentivos a la contratación. Los empresarios que contraten a jóvenes y a parados de larga duración recibirán subvenciones que oscilan entre los 3000-4500 euros. En este sentido, la propuesta puede ser positiva aunque insuficiente. Las medidas que apoyen la contratación deberían venir del lado de la reducción de los costes laborales y no de subvenciones que lastran las cuentas públicas y que no resuelven el problema de fondo. Además, existe el problema de la sustitución de los trabajadores más mayores por otros más jóvenes para la obtención de la subvención.

De nuestro análisis lo que apreciamos es que la reforma es equivocada e insuficiente. No se ataja el principal problema del mercado laboral español que es la dualidad en la contratación. No se recoge el contrato único con indemnización progresiva que puede ser una medida que acabe con la precariedad de los trabajadores temporales y además, se vuelve a apostar por la reducción de los costes de despido. Los Gobiernos siguen sin identificar el problema, le ocurrió al gobierno socialista y ahora le sucede al popular, puesto que piensan que con una norma se puede solucionar el problema de desempleo. Se debería tener en cuenta que la ecuación del empleo no sólo la forma la variable normativa, es necesario inversión, formación y una política industrial que en nuestro país es prácticamente inexistente.

Las conclusiones que se pueden sacar de la nueva regulación del mercado laboral son que por un lado se va a incentivar el despido como forma de resolución de las crisis empresariales y asimismo se lastrará la renta de los trabajadores. Por otro, es cierto que las empresas van a ver reducidos sus costes, pero si de lo que se trataba era de incentivar el empleo la reforma es equivocada. No obstante, como decía el profesor Luis Toharia “el principal efecto de las reformas laborales es el que nunca se previó”. Veremos.

La economía de cara al 20-N

Rajoy La economía de cara al 20 N

La campaña electoral está a punto de comenzar y los partidos políticos presentan estos días las propuestas de sus programas electorales. Desde EcoFinancial nos hemos propuesto realizar un análisis sobre las medidas económicas de los partidos políticos de cara a las elecciones del 20N.

Debido al interés suscitado por la presentación del programa electoral del Partido Popular, nuestro comentario va a comenzar por él.

En primer lugar hay que hacer referencia a la materia laboral. Ni que decir tiene que este es el principal problema de la economía española, por lo que los partidos han hecho del mismo su principal bastión de ideas. En este sentido, el PP apuesta por simplificar el número de contratos laborales. Desde estas páginas llevamos tiempo apostando por la eliminación de los contratos temporales, y el establecimiento de un contrato único con una indemnización por despido en progresión. La medida del PP es menos ambiciosa en principio, sin embargo, es un primer paso para acabar con la diversa tipología de contratos de nuestro mercado de trabajo. De igual modo, hay que destacar la reforma de la negociación colectiva que este partido pretende llevar a cabo, que es dar dar prioridad a la negociación a nivel de empresa. Esta es otra de las críticas que hemos ido exponiendo en nuestros artículos, ya que no parece sensato que empresas de distinto tamaño y en situaciones muy diversas tengan que tener en el marco de sus relaciones laborales el mismo convenio colectivo. Es importante que sean los trabajadores y los empresarios de cada empresa, como aquellos que mejor van a conocer la situación de su lugar de trabajo, los que determinen las normas laborales a nivel convencional.

En materia fiscal el Partido Popular apuesta por contener el déficit. Sin embargo, de la lectura del programa deducimos una contradicción, ya que lo que se presenta son principalmente reducciones fiscales. Por un lado encontramos una rebaja fiscal para los rendimientos procedentes del capital y, por otro, la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda. En el primero de los casos hay que decir que la subida de este tributo no supuso ninguna intromisión en la actividad productiva, además, permite ayudar a aumentar una recaudación que se resiente con la crisis. Por tanto, no tiene mucho sentido que si este partido fija como principal objetivo la reducción del déficit público, reduzca los tributos. Por otra parte, la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda es un error clamoroso. Esta medida, que los gobiernos de PSOE y PP mantuvieron hasta que Zapatero optó por eliminarla, fue un ingrediente más que ha engordó la burbuja inmobiliaria. Queremos decir, al establecer una deducción estamos dotando a los individuos de más renta disponible para comprar propiedades inmobiliarias. No obstante, este aumento de la renta disponible es absorbido totalmente por los oferentes de pisos y casas. Esto es así porque los oferentes tienen en cuenta que la gente tiene más dinero para comprar y suben los precios.

Las rebajas fiscales provocan una duda al lector, y es que si pretende reducir el déficit y, a la vez, los impuestos, ¿cómo van a cumplir este objetivo? Se Podría pensar que el ajuste se tendría que realizar vía gasto u obteniendo ingresos extraordinarios con la privatización de algunas empresas públicas. Sería interesante y enriquecedor para el análisis que el PP profundizara en este sentido.

De otro lado, se echa en falta en este programa medidas concretas que reactiven la actividad económica. Si analizamos la historia económica de nuestro país, nos daremos cuenta que para crear empleo se hace necesario crecer a tasas de 2,5-3 %. De esta manera es vital volver a crecer para acabar con el principal problema que nos afecta,  el desempleo. Una austeridad absoluta puede afectar a este crecimiento y provocar una nueva recesión que lastre aun más el mercado de trabajo. Estamos de acuerdo con que gastar más de lo que se tiene no es sostenible y, en ningún caso, puede ser una política económica continuada. Sin embargo, perderse en la austeridad puede provocar un alejamiento del objetivo que es la recuperación del crecimiento.

Para finalizar, desde EcoFinancial consideramos que el programa del Partido Popular debería profundizar en ciertos aspectos para que los votantes puedan concretar las medidas que este partido pretender realizar si llega al gobierno.

Texto integro de programa.

http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html

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