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La economía y el 20-D: ¿Agenda para una recuperación justa?

sanchez La economía y el 20 D: ¿Agenda para una recuperación justa?

En las últimas semanas todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales están presentando sus propuestas en materia de política económica. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, nos ha parecido una buena oportunidad presentarlas y analizar las repercusiones que tendrían estas iniciativas. Para comenzar esta serie de artículos donde analizaremos las propuestas de los principales partidos hemos decidido analizar el programa económico del PSOE o como ellos han denominado “la agenda para una recuperación justa”.

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La economía de cara al 20-N (II)

Rubalcaba La economía de cara al 20 N (II)

En nuestro ciclo de análisis de los programas económicos de los partidos políticos, hoy es turno para el PSOE. Las propuestas para solucionar la crisis del candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, están plagadas de guiños al electorado de izquierdas y tienen un marcado tinte keynesiano. Esta doctrina económica apuesta por la intervención del Estado en la economía para solventar situaciones de shock económico como la que vivimos desde el año 2008.

Para comenzar nuestro análisis nos vamos a centrar en las propuestas sobre materia laboral. En este sentido, el candidato socialista pretende incentivar la creación de empleo con bonificaciones en las cuotas de la seguridad social para las empresas que realicen contratos estables. Esta puede ser una medida interesante, puesto que reduciendo las cargas de los empresarios se puede conseguir que afloren empleos no declarados y que aumente la recaudación. Del mismo modo, puede suponer un abaratamiento de los costes de contratación. Por otra parte, se quiere impulsar un bonus malus (castigo fiscal) para la temporalidad excesiva. No obstante, tenemos que decir que Rubalcaba no afronta con seriedad el principal problema del mercado de trabajo, que es la temporalidad. Medidas como la creación de las becas-salario no ayudan a acabar con los innumerables tipos de contratos de nuestro sistema de trabajo. A pesar de todo, reducir las cargas a los empresarios puede ayudar a que éstos creen puestos de trabajo.

En relación a la fiscalidad es donde la política socialista se vuelve más keynesiana. Al igual que el PP, los socialistas optan por equilibrar las cuentas públicas, sin embargo, Rubalcaba apuesta porque el ajuste se haga de una forma más progresiva para no lastrar el crecimiento económico. Por su parte, para mejorar la recaudación los socialistas han recuperado el impuesto de patrimonio, y pretenden crear un tributo que afecte a bancos y SICAVs. En este sentido se debería tener cuidado, ya que medidas de este tipo pueden suponer un crecimiento en los costes financieros para los ciudadanos porque los bancos subirían las comisiones a sus clientes para hacer frente al nuevo impuesto. Por otra parte, subir el grado impositivo a las SICAVs es una medida que puede suponer una fuga de capitales a otros países con mejores condiciones fiscales. Es cierto que estas sociedades tienen una tributación privilegiada y que es necesario que colaboren más, no obstante, en el mundo globalizado en el que vivimos un ente de estas características puede cambiar de país en menos de 48 horas. En lo referente al impuesto de patrimonio nos gustaría hacer una consideración, ya que se trata de una figura que puede suponer el establecimiento de una doble tributación. Esto es así porque el patrimonio es obtenido por medio de las rentas del trabajo, capital, o sucesiones y donaciones. Estas rentas ya son gravadas con algún tributo, por lo que podríamos entender que se está gravando el mismo hecho imponible dos veces.

Desde EcoFinancial nos parece  interesante la idea que propone el candidato socialista para ayudar a financiar la sanidad pública. Se trata de subir el tipo de gravamen al tabaco y alcohol. De esta manera, se puede solventar una externalidad negativa, pues los fumadores y los consumidores de alcohol son más propensos a sufrir enfermedades y, por tanto, a utilizar los recursos sanitarios. Estaríamos ante lo que se conoce como un impuesto pigouviano, que ayuda a solucionar lo que en economía llamamos  como externalidad negativa. Aun así, la propuesta necesita de una mayor concreción que ayude a explicar la cantidad recaudada y si resulta suficiente. De igual modo, se deberían propugnar medidas de eficiencia en el gasto sanitario como la centralización de las compras de medicamento, o que estos se sirvieran en monodosis para evitar la caducidad de los mismos una vez haya acabado el tratamiento.

Para finalizar, desde EcoFinancial creemos que el programa socialista pretende movilizar al electorado de izquierdas, sin embargo, se enfrenta a un hándicap importante, puesto que el recorte de mayo de 2010 desencantó a dicho sector de la población. A pesar de todo, algunas de sus medidas como la de la financiación de la sanidad nos han parecido  novedosas y dignas de debate. De igual modo, como dijimos en el comentario del programa del Partido Popular, se hace necesario profundizar y aportar más datos para que los votantes puedan formarse una opinión fundamentada de lo que supone confiar en el Partido Socialista.

Las limitaciones de eficiencia del IRPF

 Las limitaciones de eficiencia del IRPF

Nos encontramos ante el final de la temporada veraniega con un crudo debate acerca de la fiscalidad de nuestro país. La necesidad de financiar el gasto público y la crisis económica obligan a reflexionar acerca de posibles reformas fiscales. De un lado encontramos a los partidarios de subir los impuestos (Gobierno); y de otro a los que ponen el grito en el cielo por ellos. A partir de hoy iniciamos una serie de artículos relacionados con la fiscalidad para entender mejor este fenómeno y ayudar a nuestros lectores a comprender mejor esta realidad complicada y que los políticos en muchos casos se encargan de tergiversar aún más.

Vamos a comenzar analizando las limitaciones que presenta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por donde debería encaminarse su reforma.

Por un lado, nos encontramos con las limitaciones de eficiencia:

El argumento fundamental sería que el IRPF provoca distorsiones en la producción y en la decisión de los individuos y empresas. Desincentivaría la oferta de factores productivos y por tanto, afectaría negativamente al crecimiento económico.

Este argumento defendido por los economistas de la oferta (liberales) y por algunos dirigentes políticos actuales (Esperanza Aguirre) presenta ciertos matices que a continuación comentamos y que hace que en la práctica esta teoría no sea tan radical.

Desde el punto de vista del empleo, una reducción del IRPF podría suponer un incremento de los salarios percibidos por los trabajadores que aumentarían su renta disponible, al tener que pagar menos impuestos. De igual modo, la oferta de trabajo se estimularía y aumentaría el nivel de empleo. Sin embargo, en la práctica no parece que exista demasiada relación. Esto es principalmente debido a:

  • Los mercados de trabajo, como hemos comentado en otras ocasiones en Ecofinancial, son imperfectos y no se puede elegir el número de horas que se quiere trabajar. Es decir, un individuo no fija su horario laboral, sino que accede a un puesto de trabajo en el que normalmente sabe cuando entra, pero no cuando volverá a su hogar.
  • La oferta de trabajo no sólo depende de los salarios, sino también de otras muchas variables económicas relevantes que deberían ser tenidas en cuenta en dicho análisis.
  • Por último, se puede decir que un aumento de los salarios no tendría que provocar necesariamente una variación en la oferta de Trabajo.

¿A qué son debidos estos efectos? Para responder, hay que decir que bajo este análisis se supone que el IRPF es soportado en parte por los empresarios. Esto es, una parte del impuesto es pagada directa o indirectamente por los mismos, o lo que es lo mismo, que los trabajadores negocian con las empresas sus salarios en términos netos (después de impuestos). Sin embargo, cualquier lector podrá percibir que esto no es así, y que todas las empresas (excepto los clubes de fútbol) pagan a sus empleados en términos brutos (antes de impuestos).

También hay que tener en cuenta, que la evidencia empírica demuestra que el IRPF no es soportado, en parte por los empresarios, lo que verdaderamente sucede es el efecto contrario. Es decir, los empresarios trasladan sus impuestos, como la cotización de la Seguridad Social, a sus empleados pagándoles salarios inferiores.

De esta manera, hemos percibido que la consigna de que una reducción del IRPF crearía más empleo y crecimiento en la economía es precipitada. Incluso se podría lograr el efecto contrario, pues al reducir los impuestos necesariamente hay que reducir el gasto público, a menos que se financiara mediante la emisión de deuda. Si c omo decimos, se reduce el gasto del Estado la demanda del sector público se resentiría, reduciéndose con ello la demanda total de la economía y afectando al crecimiento económico anhelado.

La escasa viabilidad de CCM tras su intervención

 La escasa viabilidad de CCM tras su intervenciónEl pasado martes el director general del grupo Xavier Alkorta repasaba la situación de la caja aseverando que “hay más de una caja interesada” en la fusión con CCM. Entre estas entidades estarían Ibercaja y Cajasol como principales interesadas.

Sin embargo, a pesar de las palabras del director general la situación del grupo es complicada por sus escasas posibilidades de viabilidad.

Actualmente, el banco suizo UBS está trabajando como asesor de la entidad para encontrar nuevas opciones de negocio de la caja castellano-manchega, un documento en el que se trazarán las alternativas de la caja y que estará listo en septiembre.

Por otra parte, el nuevo consejo de administración de la caja ha puesto en marcha el cierre de 42 oficinas. Según informa el diario Expansión, el banco de inversión ha planteado que se tome en consideración «una cesión global de activos y pasivos de la caja». Esta posibilidad abriría la vía para que un banco se hiciese con el negocio de la entidad, aunque tuviese que dejar de actuar bajo la marca caja de ahorros.

Sin embargo, la compleja regulación de las cajas de ahorro no ayuda al futuro de la caja, pues si se tratara de un banco, otro de mayor solvencia podría comprarlo y quedarse con sus activos de manera más fáctible; como hemos comprobado, en los casos de Lehman Brothers o Sovereing.

Hay que decir que la opción del cierre de oficinas no gusta a la patronal de cajas (CECA) que aboga por una subasta de activos en la que sólo pudieran intervenir dichas entidades. Esta opción no tiene el visto bueno ni de la Junta de Castilla la Mancha ni del PP regional.

Tampoco parece factible un proceso de liquidación ni la actividad independiente de la entidad. Hay que tener en cuenta que, n 2008, la entidad registró unas pérdidas de 740 millones de euros. Para elevar su ratio de solvencia (Tier 1) por encima de los mínimos regulatorios (en el 8%), el Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que suscribir íntegramente una emisión de participaciones preferentes de la caja por valor de 1.300 millones de euros.

La situación como apreciamos no es nada optimista, y la solución más satisfactoria pasaría por una fusión con otra entidad, o su reconversión para que pudiera ser adquirida por uno de los grandes bancos. Sin embargo, como se observa los intereses políticos en juego dificultan la mejor de las decisiones en torno a la caja, pues el PSOE no tolerará que la situación se presente como una quiebra de una caja en un territorio donde ellos gobiernan, y por su parte el PP intentará sacar rédito político a toda costa de un problema en el que los trabajadores y los impositores se ven afectados.

De otro lado, lo que peligra principalmente son las inversiones en Castilla la Mancha pues la mayoría de los proyectos eran financiados por esta entidad.

En cualquier caso, como ya hemos reiterado desde este blog la regulación de las cajas de ahorro es deficiente y el papel de los partidos políticos aún más. Por tanto, el panorama es bastante oscuro y los principales afectados, nosotros, los castellano-manchegos.

El nuevo modelo de financiación autonómica

 El nuevo modelo de financiación autonómicaLa ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado presentó la semana pasada el nuevo modelo de financiación autonómica. Muchos reglones de tinta se han escrito al respecto sobre la conveniencia del mismo, si es solidario y si por tanto procede o no su aprobación.

A continuación vamos a analizar en que consiste este nuevo modelo, sus implicaciones, así como las posturas que al respecto han tomado los dos grandes partidos, PP y PSOE.

En primer lugar para entender que se entiende por modelo de financiación autonómica tenemos que definirlo. Una posible definición se trataría que entendemos por modelo de financiación autonómica la forma que tienen la Administración central y los Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas de valorar cuánto dinero necesitan las comunidades para cubrir sus competencias (entre ellas servicios tan esenciales como la sanidad y educación) y con qué recursos financiar esas necesidades. Es decir, se trataría del modelo que explique como financiar los distintos servicios públicos que deben prestar las CCAA.

Para situar su importancia, hay que decir que el sistema  distribuyó más de 114.000 millones de euros en el año 2007.

Otro dato importante es que en este modelo están incluidas todas las comunidades autónomas excepto País Vasco  y Navarra. En el caso vasco el modelo del concierto vasco fue negociado por el gobierno de Aznar para conseguir el apoyo del PNV en su investidura.

Una vez que hemos definido lo que entendemos por modelo vamos a continuar reflexionando acerca de la necesidad de reforma del mismo. En el modelo vigente existía una previsión que reflejaba la necesidad de revisión a los cinco años de su entrada en vigor. En este sentido, hay que decir que las razones que motiva la reforma son: ampliar los recursos de las CCAA para que puedan satisfacer los servicios públicos de los que son titulares, actualizar el modelo en torno a los criterios demográficos actuales y por último la necesidad de hacer frente a los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados en los últimos años.

En este sentido, El nuevo sistema crea un Fondo, denominado de cooperación, destinado a las regiones con menor nivel de renta (inferior al 90% de la media) y menor crecimiento de la población o menor densidad, caso de Asturias, las dos castillas o Extremadura, que de esta forma ven satisfechas sus demandas de más recursos por sus peculiaridades demográficas.

De otro lado, existe  una aportación de 4.900 millones de euros que pondrá el Gobierno central a disposición de las comunidades autónomas de régimen común (todas excepto Navarra y el País Vasco) dirigido a reforzar el Estado de bienestar. Es decir, se busca compensar a las regiones donde el crecimiento demográfico ha sido mayor

El 75% de ese dinero se lo repartirán las regiones de acuerdo a la población ajustada, es decir teniendo en cuenta distintas variables (población, superficie, dispersión o estructura demográfica).

El 25% restante de ese fondo se distribuirá en función de la población que potencialmente pueda acogerse a situaciones de dependencia.

En definitiva, lo que se aprecia es que todas las comunidades van a recibir en mayor o menor medida más recursos, en todo caso necesarios para mejorar los servicios públicos. Es en este punto donde no se entiende la postura del principal partido de la oposición que denuncia que el gobierno pacta la reforma con ERC y que solo favorece a Cataluña para perjudicar al resto de España. En esto esta formación política miente pues todas la CCAA aumentan sus dotaciones. Cuestión diferente es analizar de dónde va a salir este dinero, pero si deseamos tener servicios públicos satisfactorios tenemos que entender que hay que invertir recursos en los mismos.

De otro lado, la segunda crítica al modelo que enuncia esta formación argumentando que Zapatero sólo busca acuerdos de geometría parlamentaria a cambio de dinero para Cataluña es cuanto menos paradójica. Digo esto, porque si existen modelos injustos, tendríamos que hablar del concierto vasco y del acuerdo con Navarra. Ni que decir tiene quién firmó el concierto vasco y debido a que motivos. Sin emgbargo, queridos amigos eran otros tiempos y lo que en su día serviría para “garantizar la estabilidad del gobierno de la nación” hoy es la cesión al chantaje de los independentistas catalanes. Ver para creer.

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