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La tarifa plana de 100 euros, ¿una medida eficiente?

tn parados 300x200 La tarifa plana de 100 euros, ¿una medida eficiente?

Recientemente se ha celebrado el Debate sobre el estado de la Nación, este evento supone el acontecimiento más importante del ejercicio político en tanto se repasan los punto más importantes que marcan la agenda política. En estos eventos, los presidentes del gobierno aprovechan para incluir alguna “medida estrella” que les ayude a llevar la iniciativa del debate. Lo hizo el presidente Zapatero con el famoso “cheque bebé” y en esta ocasión le ha tocado a Rajoy con la denominada tarifa plana de 100 euros para la Seguridad Social de los contratos indefinidos.

Nuestro propósito en este artículo es realizar un análisis desde un punto de vista económico de esta medida. En primer lugar, comenzaremos explicando que la propuesta consiste en una reducción de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones de carácter indefinido realizadas en lo que queda de 2014. Siempre con el requisito de que mantengan el empleo neto dentro de la empresa durante al menos tres años.

Llegados a este punto tenemos que centrarnos en el coste la propuesta. A priori, si la realización de nuevos contratos va a suponer que las empresas abonen de forma genérica una cotización de 100 euros por trabajado podemos asegurar que las arcas de la Seguridad Social se van a resentir. Es decir, se va a dejar de ingresar una cantidad esperada que según el gobierno se compensaría por el aumento de nuevos contratos de trabajo. Esto es, aplicamos la teoría de la “Curva de Laffer” a las cotizaciones sociales. Sin embargo, parece precipitado realizar un análisis tan rápido. Más si cabe cuando las arcas de la Seguridad Social no se encuentran en su mejor momento, ya que el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo de reserva (que también recibió en herencia) para hacer frente al pago de prestaciones sociales a lo largo de 2013. Es más, el propio Gobierno ha reconocido que la recaudación social necesita mejorar al incluir beneficios sociales como los tickets restaurante dentro de la base de las cotizaciones. Por este motivo, la medida parece contradictoria con la política marcada hasta ahora. Además, se hace necesario que el Ejecutivo explique el coste económico y cuál es la previsión de nuevos contratos indefinidos para compensar la pérdida de fondos de la Seguridad Social. De lo contrario podríamos entender que estamos ante una medida sin contenido serio que sólo busca dar titulares.

Dejando a un lado el coste de la medida deberíamos preguntarnos si con esta medida se va a mejorar la empleabilidad indefinida. Para tratar de dar una respuesta a este tema tenemos que referirnos a un dato importante: la temporalidad de la propuesta. Como comentábamos al inicio del artículo, la medida se va a extender durante 3 años. Por ello, lo más probable es que las empresas recurran a incrementar la contratación indefinida teniendo en cuenta la tarifa plana durante este tiempo. Posteriormente, a los 3 años cuando el coste social se incremente se plantearán si necesitan o no al trabajador y teniendo en cuenta la subvención que han obtenido podrán abaratar el despido si les resulta beneficioso. Es decir, que realmente lo que conseguimos con esta medida no es luchar contra la temporalidad, sino realizar una subvención a la empresa por si considera necesario prescindir del trabajador dentro de 3 años. Podemos llamar al tipo de contrato como queramos pero al final en el momento de asegurar la permanencia del trabajador en la empresa nos remitiremos al coste/beneficio. Alguien podría pensar que el que escribe es muy mal pensado, pero vivimos en el país de la picaresca y basta con repasar cómo han funcionado las subvenciones al empleo en los últimos años.

No vamos a entrar a analizar el vacío que deja la medida para que la empresas utilicen el fraude para aprovecharse de la tarifa plana. De ese tema se ha escrito demasiado estos días. Lo que si nos gustaría es dejar patente que la medida no es propia de un Ejecutivo que busque realizar una política de empleo seria. Teniendo en cuenta la pluralidad de contratos o la posibilidad de tener en pruebas a una trabajador y prescindir de él sin motivo alguno, que ahora se busque incentivar la empleabilidad indefinida con una tarifa plana suena a tomadura de pelo. Si al Gobierno le interesa acabar con la dualidad del mercado de trabajo español puede empezar eliminando todos los contratos y estableciendo un contrato único con indemnización por despido progresiva. Así evitaremos posibles fraudes y sentaremos las bases de un mercado de trabajo con igualdad de derechos. Posteriormente, podríamos utilizar el dinero que costará la tarifa plana para reciclar a los desempleados en situaciones más complicadas y tomar partido para que el crédito fluya entre las empresas. Estas medidas serían más eficientes para mejorar la temporalidad y el incremento de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, con esto nos costará algo más mejorar las estadísticas que al final es lo que importa.

La política económica en Alcázar tras el 22-M

deuda La política económica en Alcázar tras el 22 M

El 22-M dejó un cambio político en la mayoría de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que pasaron a ser gobernadas por el Partido Popular. Entre las ciudades donde ha habido cambio de corporación municipal está Alcázar de San Juan por lo que me ha parecido interesante realizar un pequeño análisis de los efectos económicos de las medidas que el nuevo regidor pretende implantar en nuestra ciudad.

En primer lugar, hay que hacer referencia a la prioridad económica para el nuevo alcalde Diego Ortega. Esta no es otra, que la “bajada de impuestos, y la creación de empleo”. A priori, parece un enunciado muy general, y de las entrevistas que he podido recabar no he conseguido encontrar demasiados datos sobre cómo pretende llevar a cabo este ambicioso objetivo.

Sin embargo, el pasado lunes en declaraciones a SER Alcázar realizó una afirmación que creo debe ser analizada. El Alcalde de Alcázar afirmaba que es posible bajar los impuestos, aumentar la recaudación, y asimismo mejorar los datos de desempleo. Ponía como ejemplo la política llevaba a cabo por el Gobierno Aznar en 1996 para justificar su afirmación. En este sentido, hay que decir que Ortega se ha aprendido muy bien el manual. Efectivamente, en ciertos ámbitos una bajada de impuestos puede provocar que la recaudación aumente, ya que una excesiva carga impositiva puede provocar el crecimiento de la economía sumergida. Un ejemplo de esta situación, lo podemos encontrar en las cotizaciones sociales. Las empresas tienen que hacer frente a grandes cargas económicas, por lo que prefieren no declarar la contratación de ciertos trabajadores, y estos aceptan a cambio de recibir un salario algo superior.

No obstante, llevar este razonamiento al ámbito local es un poco precipitado. Me explico, el sistema impositivo local es muy limitado y prácticamente se centra en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Es cierto que existen otros impuestos locales, pero de escasa relevancia por lo que nos centraremos en este. Volviendo al razonamiento que nos ocupa, tenemos que decir que la labor censal del catastro ha resultado muy eficaz, de modo que es muy difícil conseguir el afloramiento de inmuebles ocultos rebajando el impuesto.

Por otra parte, hay que mostrar desacuerdo en la afirmación que la bajada de impuestos de 1996 trajo consigo la creación de empleo. En este punto, Ortega se equivoca puesto que lo que provocó el descenso de la tasa de desempleo fue la burbuja inmobiliaria.

Llegados a este punto, continuemos analizando la bajada de impuestos. En declaraciones al diario Lanza, Ortega se postulaba por la bajada de impuestos a los empresarios. Un objetivo muy loable que nos lleva a pensar que el alcalde podría estar refiriéndose al Impuesto de Actividades Económicas. Sin embargo, este impuesto tiene especificada una importante exención por lo que la recaudación es prácticamente nula. Podría resultar que el regidor alcazareño se refiriera al Impuesto de Bienes Inmuebles que soporten los empresarios. Sin embargo, una bajada de dicho tributo tampoco es significativa para las empresas , ya que principalmente la carga impositiva de los empresarios la representa el Impuesto de Sociedades sobre el que el Ente Local tiene poco que decir. Donde habría repercusión es en la recaudación del Ayuntamiento que se vería resentida. De esta manera, quizá hubiera que reducir servicios para sostener el equilibrio presupuestario

Hablemos ahora de la medida “estrella” en materia turística. Ortega declaró en SER Alcázar que una de las medidas para incentivar el turismo y con ello la economía local, será la declaración de Miguel de Cervantes como hijo predilecto de la ciudad. Esta cuestión, que es interesante desde un punto de vista reivindicativo de la vinculación cervantina y nuestra ciudad, tiene una repercusión económica muy limitada. Quiero decir, las ciudades son visitadas por los servicios que ofrecen, no por quien sea hijo predilecto de las mismas.

En otro orden de asuntos, me gustaría hacer referencia al apartado de las inversiones. De las entrevistas realizadas no se ha conocido nada sobre si el equipo de gobierno se centrará en la tramitación del proyecto de plataforma de mercancías ferroviarias a Alcázar de San Juan. Este puede ser un buen impulso económico para la ciudad, que traería consigo la creación de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. De esta manera, sería interesante que la Corporación centrase sus esfuerzos en conseguir que el Ministerio de Fomento acabe de formalizar un plan con fechas de ejecución concretas.

Por último, hay que hacer referencia a la intención del establecimiento de un centro universitario en Alcázar. Esta cuestión, presenta un inconveniente, y es que uno de los problemas que ha evidenciado la UCLM ha sido la diversificación en numerosos campus. Por tanto, no parece lo más adecuado que en Alcázar se instale uno más. Otra posibilidad, sería aprovechar el Hospital General para la instalación de un centro de investigación. Esa es una posibilidad más factible, y desde luego preferible que situaría a nuestra ciudad en una posición de excelencia en el ámbito investigador.

Para acabar, quiero indicar que me habría encantado tener más datos concretos sobre las medidas que tienen intención de desarrollar el nuevo equipo de gobierno. De esta manera, hubiera podido aportar en estas páginas una pequeña reflexión sobre los efectos que a mi juicio podrían tener las mismas.

La planta de Figueruelas confía en que GM reduzca los 900 despidos

 La planta de Figueruelas confía en que GM reduzca los 900 despidosTras la ruptura del acuerdo de General Motors con Magna para la venta de Opel, el gigante estadounidense ha anunciado su intención de suprimir unos 10.000 empleos en Opel, en la que trabajan 50.000 personas en toda Europa. De momento, se desconoce cuántos de ellos son españoles. General Motors ha justificado su rechazo a vender Opel en que ahora dispone de dinero suficiente para mantener esa pieza en su estructura manufacturera global. La decisión de no vender, tras meses de duras negociaciones ha causado una fuerte indignación en los países europeos que tienen establecimientos de la marca y en la propia Comisión Europea, que ha exigido al gigante de Detroit un plan de futuro sólido y que garantice el empelo. Los protagonistas españoles de Opel no ven con malos ojos que General Motors (GM) haya decidido no vender el 55% de su filial europea al consorcio formado por la compañía austriaco-canadiense Magna y al banco ruso Sberbank. Los sindicatos y la Administración confían en que la multinacional estadounidense mantenga el compromiso de despedir solo a 900 trabajadores en Aragón o incluso menos dentro del plan global de 10.000 rescisiones en las 10 plantas de Europa. Está decisión se convierte de vital importancia para la economía española, ya que el sector del automóvil es uno de los pilares fundamentales para la economía española y ha sido una pieza clave para el desarrollo industrial español. Este sector representa un 6% del Producto Interior Bruto del país, y genera una cantidad de puestos de trabajo (directos e indirectos) que ronda los dos millones. España es el tercer productor europeo de automóviles, el quinto mayor fabricante de vehículos comerciales del mundo y el primero de Europa en vehículos comerciales ligeros con una producción total de casi 3 millones de vehículos producidos en el último año. El mercado interior en 2008 ha mostrado una gran debilidad en línea con la desconfianza del consumidor, el continuo aumento del desempleo y la falta de crédito. La evolución de la exportación también ha sido negativa, provocando todo ello un fuerte recorte en la facturación del sector, pasando del 7,4% de crecimiento en el año 2007 al descenso del 25,8% en 2008. Por otro lado, la escasa demanda interior generada y la gran competencia del mercado han repercutido sobre los precios, dando lugar a una contracción de los resultados del sector, con pérdidas superiores a los 300 millones de euros y una rentabilidad en negativo del 1% en el ratio beneficios/facturación. Sin embargo, hay que destacar la recuperación en los niveles de inversión que descendieron fuertemente en 2007 y que en 2008 han conseguido remontarse por encima de los 1.600 millones de euros, lo que demuestra la alta confianza de las casas matrices en nuestras factorías. Cabe destacar que aunque en 2008 el número de vehículos que han salido de nuestras fronteras ha descendido con respecto al año anterior, su peso sobre la producción española pasó del 82,7 en 2007 al 85,8% en 2008, lo que da una idea de la creciente dependencia de nuestra industria fabricante de vehículos de la evolución de los principales mercados en el exterior, en especial de los europeos. España se encuentra a la cabeza del ránking de caídas en mercados con más volumen de matriculaciones, con un descenso del -28,1%, seguido de Italia (-13,4%), Reino Unido (-11,3%). Alemania (-1,8%) y Francia (0,7%). Para paliar la grave situación del sector del automóvil en España el gobierno puso en marcha en mayo pasado el Plan 2000E, que tenía la intención de incentivar este año las compras de vehículos y que ahora se complementa con una prórroga a 2010 y un aumento de la dotación para lo que queda de 2009. Esta ampliación, anunciada por el ministro de Industria Miguel Sebastián, consiste en una dotación de 40 millones de euros para que otros 80.000 vehículos más se beneficien este año y el próximo del plan 2000E. Este plan es un programa de ayudas directas del Estado español a la compra de automóviles con el objetivo de mantener el empleo en el sector y estimular la sustitución de vehículos antiguos por otros menos contaminantes. El 2000E es la cuarta generación de medidas de este tipo que tiene sus antecedentes en el Plan Renove de 1994, el Prever de 2004 y el Vive de 2007. La industria del automóvil es una industria global, compleja, oligopolística y la más importante del mundo en términos económicos y de creación de riqueza. Supone el 10% en el PIB de Europa Occidental y genera 10 millones de empleos directos e indirectos.

Las limitaciones de eficiencia del IRPF

 Las limitaciones de eficiencia del IRPF

Nos encontramos ante el final de la temporada veraniega con un crudo debate acerca de la fiscalidad de nuestro país. La necesidad de financiar el gasto público y la crisis económica obligan a reflexionar acerca de posibles reformas fiscales. De un lado encontramos a los partidarios de subir los impuestos (Gobierno); y de otro a los que ponen el grito en el cielo por ellos. A partir de hoy iniciamos una serie de artículos relacionados con la fiscalidad para entender mejor este fenómeno y ayudar a nuestros lectores a comprender mejor esta realidad complicada y que los políticos en muchos casos se encargan de tergiversar aún más.

Vamos a comenzar analizando las limitaciones que presenta el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por donde debería encaminarse su reforma.

Por un lado, nos encontramos con las limitaciones de eficiencia:

El argumento fundamental sería que el IRPF provoca distorsiones en la producción y en la decisión de los individuos y empresas. Desincentivaría la oferta de factores productivos y por tanto, afectaría negativamente al crecimiento económico.

Este argumento defendido por los economistas de la oferta (liberales) y por algunos dirigentes políticos actuales (Esperanza Aguirre) presenta ciertos matices que a continuación comentamos y que hace que en la práctica esta teoría no sea tan radical.

Desde el punto de vista del empleo, una reducción del IRPF podría suponer un incremento de los salarios percibidos por los trabajadores que aumentarían su renta disponible, al tener que pagar menos impuestos. De igual modo, la oferta de trabajo se estimularía y aumentaría el nivel de empleo. Sin embargo, en la práctica no parece que exista demasiada relación. Esto es principalmente debido a:

  • Los mercados de trabajo, como hemos comentado en otras ocasiones en Ecofinancial, son imperfectos y no se puede elegir el número de horas que se quiere trabajar. Es decir, un individuo no fija su horario laboral, sino que accede a un puesto de trabajo en el que normalmente sabe cuando entra, pero no cuando volverá a su hogar.
  • La oferta de trabajo no sólo depende de los salarios, sino también de otras muchas variables económicas relevantes que deberían ser tenidas en cuenta en dicho análisis.
  • Por último, se puede decir que un aumento de los salarios no tendría que provocar necesariamente una variación en la oferta de Trabajo.

¿A qué son debidos estos efectos? Para responder, hay que decir que bajo este análisis se supone que el IRPF es soportado en parte por los empresarios. Esto es, una parte del impuesto es pagada directa o indirectamente por los mismos, o lo que es lo mismo, que los trabajadores negocian con las empresas sus salarios en términos netos (después de impuestos). Sin embargo, cualquier lector podrá percibir que esto no es así, y que todas las empresas (excepto los clubes de fútbol) pagan a sus empleados en términos brutos (antes de impuestos).

También hay que tener en cuenta, que la evidencia empírica demuestra que el IRPF no es soportado, en parte por los empresarios, lo que verdaderamente sucede es el efecto contrario. Es decir, los empresarios trasladan sus impuestos, como la cotización de la Seguridad Social, a sus empleados pagándoles salarios inferiores.

De esta manera, hemos percibido que la consigna de que una reducción del IRPF crearía más empleo y crecimiento en la economía es precipitada. Incluso se podría lograr el efecto contrario, pues al reducir los impuestos necesariamente hay que reducir el gasto público, a menos que se financiara mediante la emisión de deuda. Si c omo decimos, se reduce el gasto del Estado la demanda del sector público se resentiría, reduciéndose con ello la demanda total de la economía y afectando al crecimiento económico anhelado.

¿Quién rompe el diálogo social?

diaz ferran jose luis rodriguez zapatero1 ¿Quién rompe el diálogo social?La semana pasada el Gobierno, la patronal y los sindicatos daban por roto el dialogo social para solventar el problema del desempleo.

A continuación pretendemos analizar la actitud de los agentes sociales en cuestión y del gobierno en particular para determinar quien es el culpable de la ruptura de las conversaciones.

Anteriormente desde este blog en el artículo los problemas del mercado laboral español analizábamos la posición de los sindicatos estableciendo que demandas de subida salariales no eran muy acordes con la situación crítica que vivía nuestro país.

Sin embargo, desde entonces muchas cosas han cambiado y ahora es la CEOE la que con sus pretensiones nada aporta para solventar el problema. Esta organización con su presidente Díaz Ferrán al frente está poniendo trabas a las negociaciones con pretensiones inadmisibles que pueden poner en peligro el sistema de la Seguridad Social.

No se puede solicitar 20000 millones de euros a cambio de nada, y asimismo pretender rebajas inadmisibles en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta postura es entendible si atendemos a las peculiaridades del personaje que dirige la patronal. Se trata de un individuo manipulado y manejado al antojo del PP, el cual no dudó en aseverar que “Esperanza es cojonuda” o que la culpa “de lo que está pasando es de Zapatero”. Todo ello siendo traicionado por un micrófono abierto cuando no debía.

Por tanto, me parece que este señor ha perdido toda la legitimidad para sentarse a negociar pues no es independiente y únicamente provocará la aparición de más obstáculos en el tratamiento de un problema de tan vital importancia para nuestra economía como es el desempleo.

Dadas las circunstancias no se puede pretender que los demás paguen las consecuencias de la recesión y que los empresarios se vayan de rositas. Al menos no es la mejor postura para llegar a un acuerdo, donde los más importante para llegar a una solución es saber ceder en las posiciones de cada uno.

En otro orden de cosas, la posición del presidente Zapatero me parece acertada, ha tomado el liderazgo por primera vez en lo que llevamos de crisis económica posicionándose en torno a uno de los dos lados. No entro a valorar si su posición es la acertada o no, pero al menos sabemos donde está. Las palabras dirigidas al presidente de la patronal así lo reflejan. Hay que decir, que llegó a espetar a Díaz Ferrán “Te recuerdo que soy el Presidente del Gobierno, de todos los españoles, no solo de los tuyos”.

Parece que por fin va a tomar las riendas del problema y va a actuar como Gobierno, podrá equivocarse, pero ya no se le podrá acusar de dejar pasar el problema.

Por último recordar que nuestro modelo de negociación colectiva sigue demostrando su ineficacia frente a otros más liberales o donde el gobierno interviene más activamente (países escandinavos). Parece que Zapatero ha optado por intervenir, esperemos que tenga suerte.

Los problemas del mercado de trabajo español.

 Los problemas del mercado de trabajo español.

El último dato del paro dejaba la holgada cifra de desempleados en torno a 3.600.000. Como sabemos, este es uno de los principales problemas endémicos de la economía española, y es que, cuando nuestro país deja de crecer a tasas superiores al 3 %, se destruye empleo. A continuación, nos proponemos analizar los problemas que presenta el mercado de trabajo español; asimismo intentaremos lanzar alguna propuesta que ayude a mejorar los datos.

El mercado de trabajo español se caracteriza por los siguientes problemas:

· Baja tasa de productividad. Los datos son realmente graves. España se sitúa a la cola de los países de la OCDE sobre lo que se refiere a tasas de productividad. Además, dicha tasa es 20 puntos menor que la media europea. ¿Qué implican dichos datos? Cuando el contexto económico es positivo, tener tasas de productividad bajas se puede suplir con otros factores; sin embargo, en un entorno de recesión la productividad es vital para evitar que se destruya empleo; con tasas altas conseguiremos ser más eficientes reducir costes y lograremos evitar pérdidas de empleo.

· Poca movilidad laboral. La tendencia sociológica de nuestro país hace que los españoles tengamos una cultura de la propiedad de inmuebles muy arraigada. Hablando en román paladino, si no tienes una casa en propiedad no eres nadie. Esto, parece tener poca relación con el mercado de trabajo, sin embargo, tiene una implicación importante. Me explico: al existir dicha cultura de la propiedad, la mano de obra española tiende a permanecer indefinidamente en el lugar donde fija su residencia. Esto a priori, ni es malo ni es bueno, sería indiferente. Sin embargo, si crece el desempleo, se convierte en una variable muy a tener en cuenta, ya que los individuos no estarán dispuestos a desplazarse para obtener empleos nuevos puesto que, tienen que hacer frente a sus hipotecas. Ahora vemos que lo que parecía no tener relación con la tasa de paro es una variable que puede provocar que esta aumente, esto es, si es difícil deshacerse del inmueble la tasa de paro temporal puede desembocar en una tasa de paro elevada a largo plazo, que verdaderamente traiga graves consecuencias.

· Baja competitividad. Las empresas españolas tienen un problema de competitividad, puesto que históricamente nuestra tasa de inflación es en torno a un punto porcentual más elevada que la media europea. ¿Qué implica esto? Que nuestros productos son relativamente más caros. Hasta la entrada del euro, esta baja competitividad se solventaba devaluando la moneda, pero ahora no es posible. Por tanto, la baja competitividad en tiempos de crisis provoca que nuestras empresas reduzcan más rápidamente sus beneficios y tengan que prescindir de puestos de trabajo.

· Escasa formación. Un amplio sector del mercado de trabajo tiene una formación escasa. ¿Qué consecuencia tiene esta característica? A la hora de prescindir de mano de obra, los primeros afectados son aquellos individuos con menos formación. PAsí pues, si nuestro mercado de trabajo se caracteriza por tener un alto porcentaje de mano de obra no cualificada el problema del desempleo se agrava aún más.

· El papel de los sindicatos. En nuestro país el modelo de negociación colectiva es intermedio. Es decir, ni está muy regulado (países escandinavos) ni está liberalizado (USA). Ello provoca ineficiencias unidas al papel poco colaborador de los sindicatos. Hace unas semanas el nuevo máximo dirigente de CCOO reclamaba subidas salariales del 2 %. Con una economía al borde de la recesión, con tasas de productividad irrisorias y con más de tres millones y medio de parados, no parece la propuesta que más ayude a los trabajadores.

Vamos a analizar con más detalle el papel de estas organizaciones. Si estudiamos el mercado de trabajo nos daremos cuenta que dado el modelo de negociación colectiva el sindicato actúa como monosopnista (único demandante de trabajo) ¿Qué implicación tiene esto? Pues bien, que puede fijar el nivel de empleo o los salarios, pero no ambas variables a la vez. Por tanto, pretender subidas de salario que no vayan unidas a un incremento de la productividad únicamente provocarán descensos en la mano de obra contratada. ¿Están por tanto, ayudando a los trabajadores?

Con anterioridad, hemos visto a grandes rasgos algunos de los principales problemas del mercado de trabajo de nuestro país, es por tanto, momento de aportar soluciones.

En primer lugar, lo principal es asignar los recursos de los que dispone el Estado de manera eficiente. Hoy hemos conocido que se pretende aumentar el tiempo del subsidio de desempleo. Esto va a provocar un incremento importante del gasto público. Por tanto, es vital realizarlo sin precipitarse. Efectivamente, el gobierno tiene que ocuparse de los desempleados, pero más eficiente que prolongar el subsidio, sería destinar estos recursos a formar a los trabajadores para que se puedan incorporar a otros sectores productivos lo antes posible. Es decir, se trata de evitar que el subsidio de desempleo suponga un desincentivo a la búsqueda de trabajo.

Otro tipo de medida relacionada con esta última es controlar el gasto público. Me refiero en este caso al Plan Zapatero de 70000 millones de euros. En este sentido, se han creado 60000 empleos, que sin embargo, no dejan de ser temporales y no salvan la situación. Además, en muchos casos, se destinan a obras de escasa necesidad. Sin ir más lejos, os hablo de mi localidad. En ella se están construyendo 6 rotondas ¿Todas necesarias? Permitidme que lo dude. Lo que quiero decir con ello es que esos 70000 millones de euros podrían destinarse a la formación de nuestros trabajadores, para lograr que sean más productivos. ¿Se imaginan una inyección de ese calado en el sistema educativo? Alguien puede pensar, sí, pero se ha creado empleo; y tiene razón ¿pero a qué precio? Y lo que es más importante ¿Se solventa el problema, o simplemente se retrasa?

Nuestra propuesta va encaminada a transformar el mercado laboral dotándolo de una mayor flexibilidad. Para ello, es importante cambiar el modelo de negociación colectiva (más regulado o más liberal). Esto ha tenido buen resultado en otros países, que dada la crisis actual no destruyen tanto empleo. De otro parte, aumentar la inversión en capital humano y en investigación y desarrollo. De esa manera lograremos ser más productivos y que el mercado laboral sea más solido.

Por otro lado, lograr que los sindicatos adopten una política de moderación salarial que al menos ayude a mantener el nivel de empleo.

Quizá las medidas que propongo son más a largo plazo, y, probablemente hubieran sido más fáciles de adoptar en un contexto de bonanza económica. De todas maneras, de nada sirve la precipitación, pues ella desemboca en una pérdida de recursos y muchas veces retrasa o engorda el problema.

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