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La economía y el 20-D: ¿Agenda para una recuperación justa?

sanchez La economía y el 20 D: ¿Agenda para una recuperación justa?

En las últimas semanas todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales están presentando sus propuestas en materia de política económica. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, nos ha parecido una buena oportunidad presentarlas y analizar las repercusiones que tendrían estas iniciativas. Para comenzar esta serie de artículos donde analizaremos las propuestas de los principales partidos hemos decidido analizar el programa económico del PSOE o como ellos han denominado “la agenda para una recuperación justa”.

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¿Incertidumbre con Grecia?

syriza ¿Incertidumbre con Grecia?

Hoy se celebran elecciones generales en Grecia y salvo sorpresa mayúscula parece que el partido encargado de gobernar será Syriza, que aspira incluso a hacerlo por mayoría absoluta. No se recuerdan unas elecciones del país heleno que hayan generado tanta expectación en toda Europa, pero teniendo en cuenta que el partido de izquierdas griego supone una novedad a la ortodoxia merkeliana, todos los focos se han puesto en el Estado donde se originó la democracia.

De hecho, las semanas previas a las elecciones hemos asistido a filtraciones interesadas sembrando el temor de que un triunfo de Syriza supondría la salida del euro de Grecia y que dicha circunstancia no sería tan grave. Se equivocan desde la Comisión Europea y en el gobierno alemán si entienden que una circunstancia de este calibre no supondría impacto para la maltrecha economía europea. No deberían olvidar lo que se conoce como riesgo sistémico, aquel que contagia a aquellos que parecen sanos y por el que un problema “pequeño” se acaba convirtiendo en un peligro mucho más grave. De hecho, así parecen haberlo entendido, puesto que en los últimos días se ha suavizado este discurso.

Esta circunstancia hay que enmarcarla en el laboratorio que Merkel, Comisión Europea y Eurogrupo tienen instalado en Grecia. Desde el inicio de la crisis de deuda europea a los griegos se les ha sometido a un durísimo ajuste sin la más mínima contemplación. Todo ello ha provocado el empobrecimiento de la sociedad griega sin solucionar el problema de deuda y finanzas existente. Basta con recordar que la deuda pública griega se ha disparado con los sucesivos rescates hasta el 170% del PIB. Mientras, la tasa de paro, los servicios públicos y el bienestar de los griegos se han ido deteriorando de forma paralela.

En este contexto surge Syriza una confluencia de partidos de izquierdas que para el lector español se asemejaría a una mezcla entre Izquierda Unida y Podemos. Con un discurso que se ha ido suavizando a lo largo del tiempo han puesto sobre la mesa que es necesario abandonar la austeridad ortodoxa e incluso plantean una reestructuración de la deuda que pueda incluir quitas.

Cabría preguntarse en este momento, ¿tiene margen Syriza para plantear estas demandas en Europa? Para responder tenemos que tener en cuenta que Grecia es una economía pequeña y que su peso en la Unión no es tan importante como el de otros países como Italia o España. Con esta situación las posibilidades de Syriza no son amplias si no consiguen alinear a Estados más potentes del lado de sus propuestas. Pero en cualquier caso, suponen una novedad y una alternativa para tratar de mejorar la situación griega. De hecho, muchas de sus propuestas son francamente razonables en un Estado que no deja de deteriorarse.

Además, Syriza puede significar el germen de que otra forma de hacer política económica en Europa es posible. Hasta ahora el establishment ha jugado la baza del miedo al desastre, pero deberían recordar que los que falsearon las estadísticas y generaron el desastre son sus colegas de Nueva Democracia (el análogo al Partido Popular español).

Con todo Syriza se enfrenta a un reto muy importante: conseguir que la política del miedo deje de ser eficaz y demostrar, que dentro de sus limitaciones, es posible ajustar las finanzas sin menoscabar aún más el bienestar de una sociedad que lleva siendo humillada desde el primer rescate.

Un problema llamado desigualdad

163680 1.jpg Un problema llamado desigualdad

Últimamente desde diversos sectores nos están inundando con distintos datos para argumentar que “estamos saliendo de la crisis” y que la recuperación “tiene raíces vigorosas”. Es cierto que algunos indicadores, como el crecimiento económico, muestran una mejoría. Sin embargo, la economía se sirve muchas veces de las estadísticas y estas pueden presentarse para que muestren las conclusiones que previamente hemos determinado. Es bastante sencillo y basta con omitir otras variables que pueden provocar que nuestras conclusiones fallen.

En este sentido, aunque el crecimiento económico mejore levemente, tenemos otros factores que muestran que la economía no acaba de salir de su letargo. Sirvan de ejemplo la caída de las exportaciones, la tasa de desempleo o, la que es más importante, el incremento de la desigualdad. En este artículo nos vamos a centrar en esta última, ya que en muchos casos pasa desapercibida, pero es una de las más graves consecuencias que nos va a dejar la Gran Recesión.

La desigualdad es un problema económico que se puede definir como la disparidad fundamental que permite a una persona ciertas oportunidades materiales y se las niega a otra. Es decir, es una muestra de una incorrecta distribución de los recursos disponibles entre los miembros de una sociedad. En este punto, debemos indicar que una igualdad extrema no es positiva debido a que entonces los individuos de la sociedad no tendrían incentivos y el crecimiento económico colapsaría. Sin embargo, un incremento en la desigualdad en un Estado puede llevar a problemas en el crecimiento económico en un medio plazo y sobretodo puede desembocar en un problema de conflictividad social.

Para medir la desigualdad se utilizan diferentes indicadores. El más famosos es el conocido como Índice de Gini, que si bien es imperfecto y tiene sus limitaciones, nos puede ayudar a tener una idea sobre cómo evoluciona esta variable económica. Para que todos podamos entendernos un índice de Gini igual a 0 mostraría una situación en las que todas las personas tendrían la misma renta. En cambio si la variable tomara valor 1 estaríamos en una situación en la una sola persona asumiría todos los recursos disponibles

Una vez definido el concepto e  indicada una de las formas para medirlo, es momento de remitirnos a los datos. De acuerdo con los datos comparativos publicados por Eurostat en 2014 el índice de Gini en España ha pasado de 0.31 en 2006 hasta 0.35 en 2012. Esto convierte a nuestro país en el segundo más desigual de la UE por detrás de Letonia (0.357) y por delante de países como Portugal, Grecia o Irlanda que han sufrido rescates mayores que el nuestro.

¿Cuál es el motivo de que la desigualdad haya aumentado más en España que en otros países? En primer lugar tenemos que referirnos a las bajadas salariales que se han producido desde el inicio de la crisis. Estos descensos han afectado más a las clases más bajas lo que ha provocado que la brecha aumente. Además, nuestra elevada tasa de desempleo ha contribuido en mayor medida a esta tendencia. Tampoco debemos olvidar aspectos como el coste de la vida que hasta fechas recientes ha seguido subiendo. Por último, la política fiscal tampoco ha ayudado. Tenemos que recordar que desde 2010 hemos sufrido dos subidas del IVA que es un impuesto regresivo y que sufren más aquellos que menos renta tienen. Todos esos factores han provocado que la brecha de la desigualdad haya incrementado en estos años.

Vistos los problemas, también tenemos una ligera idea sobre por dónde deberían ir las soluciones. Es necesario que el Gobierno mejore un sistema tributario para recaudar más y mejor, sin ahogar a las clases bajas y medias. Con esa reforma y el aumento de los recursos disponibles se podría establecer un sistema de transferencias que mediante el gasto público ayudara a redistribuir la renta. Del mismo modo, mientras el empleo no mejore en cantidad y calidad la desigualdad seguirá siendo un problema. Aunque el Ejecutivo de Rajoy presuma de que se ha roto la tendencia de destrucción de empleo, lo cierto es que ahora el empleo está más troceado. La gente trabaja uno o dos días a la semana y en algunos casos unas pocas horas. Así desde luego es difícil mejorar el bienestar de nuestra sociedad.

Por último para acabar, aunque las soluciones desde un punto de vista teórico estén claras, es difícil que el Gobierno se ponga las pilas para contribuir a llevarlas a cabo. Tenemos que recordar que la reforma fiscal propuesta es un parche electoralista que no soluciona los problemas de esfuerzo y recaudación existentes. Además, nuestros representantes viven en una burbuja y prefieren agarrarse a los indicadores que les interesan antes que centrarse en mejorar la situación económica. Quizá les sirva para ganar unas elecciones, pero desde luego no habrán cumplido la obligación para la que fueron elegidos.

Improvisación fiscal

deuda Improvisación fiscal

El pasado viernes conocíamos el denominado por el Gobierno anteproyecto de ley de Reforma Fiscal. Los puntos maestros de la propuesta son: reducción de los tramos del IRPF de 7 a 5; reducción del tipo de gravamen general del impuesto de sociedades del 30 al 28 y 25 % para los años 2015 y 2016; y mantenimiento con pequeños matices de los bienes y tipos de gravamen en el IVA.

Esta rebaja fiscal, está lejos del documento que elaboró el Comité de Sabios hace ya algunos meses y supone, según el Gobierno, un ahorro para los contribuyentes de 9.000 millones de euros.

Bajo este contexto nos hemos propuesto analizar los efectos macroeconómicos que puede tener un propuesta de este tipo. Concretamente, nos centraremos en aspectos como: la recaudación fiscal, el crecimiento económico, el consumo o el empleo.

Para comenzar este análisis tenemos que partir de las premisas que utiliza el Ejecutivo para justificar que la supuesta rebaja es beneficiosa para la economía. En este sentido, el razonamiento es que al bajar los impuestos, los ciudadanos verán incrementada su renta disponible. De esta manera, decidirán aumentar la proporción de renta que dedican al consumo. Como el consumo es uno de los principales componentes del PIB (lo que conocemos como “Economía”), este incremento se traducirá en crecimiento económico. La consecuencia final sería que el crecimiento económico mejoraría la recaudación (los ciudadanos deciden gastar más y el Estado recauda más por ello) y el empleo debido al aumento de la demanda de los consumidores. Hasta aquí perfecto ¿verdad? El razonamiento simplista que Laffer hizo en una servilleta y que lleva a los liberales a aseverar que las bajadas de impuestos incrementan la recaudación solucionaría todos nuestros problemas.

Sin embargo, como siempre, la teoría económica se enfrenta a los datos que nos ha dejado la evidencia empírica. En primer lugar, el aumento de la renta disponible de los ciudadanos no lleva per se a un incremento en el consumo. Tenemos que tener en cuenta que las familias aún tienen temor de perder su empleo y además están considerablemente endeudadas. Por tanto, no parece descabellado que los contribuyentes decidan utilizar el posible aumento de su renta para ahorrarlo o para reducir parte de su deuda. Quiere decirse, que no es tan probable que la reducción de impuestos lleve consigo un aumento del consumo.

Por otro lado, tenemos que referirnos a la recaudación. El gobierno espera que la rebaja de impuestos no lastre la recaudación debido al incremento de la actividad. Para ello, se basan en el argumento de la Curva de Laffer (subidas de impuestos pueden reducir la recaudación y bajadas de impuestos pueden mejorarla). Sin embargo, este argumento tampoco resiste a las matemáticas. Si echamos la vista hacia atrás, podemos observar que las subidas de impuestos, concretamente del IVA, realizadas por los gobiernos de Zapatero y Rajoy llevaron a un incremento importante de la recaudación. Es decir, el argumento de Laffer falló en esta ocasión y el motivo no es otro que la elasticidad de la demanda de los consumidores. ¿Qué significa esto? Los consumidores no cambian sus hábitos de consumo porque les subamos/bajemos los impuestos, sobre todo si nos referimos a productos que necesitan para su vida diaria. Si antes de una subida necesitaban comprar una barra de pan, lo seguirán haciendo después del incremento de los impuestos. Será la proporción de renta que dediquen al ahorro aquella que se verá modificada.

Con estos razonamientos lo que buscamos reseñar es que la recaudación se va a resentir. Teniendo en cuenta que el gobierno aún necesita ajustar su presupuesto para cubrir los objetivos de déficit público, las cuentas no salen. ¿De dónde van a sacar los 9.000 millones que dejarán de recaudar en los años 2015 y 2016? ¿Habrá reducciones adicionales de gasto que no nos están anunciando?

La respuesta a estas preguntas es pura especulación, pero demuestra que el Gobierno ha decidido centrarse ahora en lograr que los ciudadanos perciban que les están bajando los impuestos. Poco importa ya cuadrar las cuentas teniendo en cuenta que existe riesgo de perder poder político. Con todo, el Gobierno se va a enfrentar a otro problema. La Comisión Europea ya ha anunciado que esta rebaja fiscal no estaba dentro del programa que España tuvo que enviar a Bruselas para justificar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad. Por tanto, no sería raro que el recorte de impuestos sea vetado por la UE.

Parece que una vez más, el Gobierno prefiere jugar al corto plazo. Lejos de afrontar la principal reforma que necesita nuestro país prefiere centrarse en sus intereses electorales. Lo que tocaba ahora es reformar un sistema fiscal que pide un enorme esfuerzo a los ciudadanos, pero que después resulta ineficiente si hablamos en términos de recaudación. Seguro que el país y la economía se lo agradecían.

2014 ¿El año de la recuperación?

amnistía fiscal 2014 ¿El año de la recuperación?

Esta semana conocíamos los datos de la tasa de desempleo registrado del mes de diciembre observando un descenso muy notable. Este hecho, junto con otros indicadores económicos (salida de la recesión, aumento del consumo minorista…) han provocado que el Gobierno, loco de entusiasmo, haya aseverado que 2014 será el año de la recuperación en España. Sin embargo, ¿es oro todo lo que reluce? A continuación, nos proponemos realizar un análisis para concluir si los datos pueden indicar que la luz se ve al final del túnel.

Para comenzar, vamos a ir recopilando los datos positivos que presenta la economía española. En primer lugar, como comentábamos en el párrafo anterior nuestro país recientemente ha salido de la recesión obteniendo una tasa de crecimiento del 0.1 % con respecto al trimestre anterior. Por otro lado, el IBEX -35 ha cerrado el año cerca de los 10.000 puntos en lo que ha supuesto una crecimiento del 20 % aproximadamente, buen dato sin duda para los inversores. Además, el índice de confianza de los consumidores ha subido en 20 puntos frente al año anterior y, tampoco podemos olvidar, que la prima de riesgo y las agencias de calificación han dado un respiro a la deuda soberana de nuestro país.

A pesar de todo, estos datos no suponen en ningún caso que nuestro país esté cerca de salir de la crisis. La deuda pública ha cerrado este año cerca del 100 % del PIB y para el año que viene está previsto que las necesidades de financiación españolas sean de 661 millones de euros al día. Este dato evidencia que el sistema fiscal español, aun con unos tipos de gravamen muy elevados, es ineficiente y no recauda como se espera de él. Por tanto, el Estado necesita acudir a los mercados cada vez en mayor medida para soportar las necesidades de gasto. Este es un dato muy negativo para la economía española, ya que en cualquier momento, el mercado puede volver atacar nuestra deuda y nos encontraríamos en serio peligro. El problema de financiación es vital para la economía española, ya que con la demanda privada por los suelos, es preciso un impulso público para conseguir un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, si de ese gasto cada vez dedicamos más proporción a pagar intereses de la deuda, difícilmente podremos invertir en educación, sanidad o innovación que reviertan en el bienestar de nuestros ciudadanos.

De esta forma, sin conseguir un crecimiento económico estable, los datos de desempleo no mejorarán. Es cierto, que en diciembre se ha reducido el paro registrado. No obstante, el año se ha cerrado con destrucción neta de empleo debido al descenso de los afiliados a la Seguridad Social y la población activa es cada día menor. Todo ello debido a que muchos ciudadanos emigran o se cansan de buscar empleo. Así lejos estamos de conseguir recuperarnos. Otro dato importante es que el empleo que se crea en España no es de calidad. Cada día proliferan más los trabajos temporales o incluso las eternas becas o minijobs. De esta manera, aunque el Gobierno se empeñe, la Reforma Laboral ha supuesto un nuevo fracaso en la política de empleo. Se perdió la ocasión de simplificar el mercado de trabajo con un contrato único con indemnización progresiva y se optó por reducir al mínimo los derechos de los trabajadores que ahora están en un claro desequilibrio frente a los empresas.

Algunos lectores seguro que pensarán que el que escribe es un agorero y un pesimista. Permítanme decirles que si queremos recuperarnos es mejor aceptar que la situación no es fácil y no llevarnos por un falso optimismo que sólo busca posicionarse para la campaña electoral de las elecciones europeas. La situación es algo menos mala que el año pasado, pero se han perdido muchos servicios y hay sectores de la población que lo han pagado muy caro. Por tanto, el Gobierno debería dejar a un lado los brotes verdes que criticó antaño y centrarse en el principal problema, conseguir un crecimiento económico estable. Al menos, desde hace unos meses los ministros del Ejecutivo español ya aseguran que España no tiene un problema de gasto, sino que la cuestión es mejorar los ingresos. Les ha costado 4 años de oposición y 2 de gobierno darse cuenta pero lo han conseguido. Ahora les toca elaborar una reforma fiscal profunda y eficaz que ponga fin a ese problema ¿Lo conseguirán? Veremos.

¿Por qué no se reduce el déficit público?

montoro 0 300x200 ¿Por qué no se reduce el déficit público?

La semana pasada conocíamos el dato del déficit del Estado español hasta agosto de 2012. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Presupuestos, la cifra de déficit supera en dos décimas el nuevo límite que impuso la Unión Europea, enmarcado en el programa de estabilidad presupuestaria para reducir el déficit al 3 % en dos años.

Hasta agosto, el déficit del Estado ascendió hasta los 50.132 millones de euros (9.634 más que en el mismo periodo del año anterior), equivalentes al 4,77% del producto interior bruto (PIB) en términos de Contabilidad Nacional.Estos datos evidencian que, a pesar de los esfuerzos fiscales (reducciones drásticas del gasto público e incrementos de impuestos), España tiene sumamente complicado cumplir con el objetivo marcado a final de año.

Por ello, hoy nos preguntamos ¿por qué no se reduce el déficit? ¿Dónde reside el problema?

La respuesta la tenemos en la errónea concepción de que si, por ejemplo, el Estado tiene un desfase presupuestario de 40 unidades, reduciendo el gasto en 30 ya únicamente estaremos en 10 unidades negativas. En este razonamiento se entiende que al reducir el gasto los ingresos se van a mantener constantes, supuesto que no se cumple en el caso de las finanzas públicas.

La cuestión, por tanto, es ¿por qué reduciendo el gasto afectamos a los ingresos? Para tratar de analizarlo  tenemos que hacer referencia a la composición del Producto Interior Bruto:

Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones

Cada uno de estos componentes tiene una sensibilidad mayor o menor en el crecimiento económico. La variable con mayor sensibilidad es el Gasto Público, de modo que incrementos del mismo influyen en el resto de variables provocando que un incremento del Gasto Público tenga como consecuencia un aumento del crecimiento económico en una proporción mayor. Esto en economía se conoce como el multiplicador del gasto público. Lo mismo sucede con bajadas de impuestos.

Este razonamiento también se produce a la inversa. Es decir, si se reduce el gasto público, componentes como el Consumo y la Inversión se ven afectados. Por tanto, el crecimiento económico se lastra en una proporción mayor.

De esta manera, si tenemos en cuenta que nuestro sistema fiscal está muy ligado al ciclo económico (en épocas de bonanza los ingresos fiscales se disparan y en momentos de crisis se desploman) podemos entender por qué el déficit no se reduce según al razonamiento que explicábamos al principio.

Lo que queremos evidenciar con este análisis es que la política fiscal es equivocada si su objetivo es la reducción del déficit. De hecho, si continuamos así vamos a provocar que la hemorragia no se detenga. Por consiguiente, se requiere que el gobierno opte por políticas que tengan como objetivo el crecimiento económico. Consiguiendo que la economía crezca, se recuperará la recaudación y será mas factible luchar contra el déficit público. No se puede seguir concibiendo una economía de un Estado como si se tratara de un particular o una empresa. Se trata de un error provocado por el excesivo reduccionismo que evita tener en cuenta las complejidades que solo el PIB ostenta.

Del mismo modo, se hace necesario realizar una reforma fiscal en profundidad que elimine la excesiva correlación entre crecimiento y recaudación. Para conseguir este objetivo es imprescindible implementar tributos cuyo componente normativo asegure una recaudación estable. De hecho nuestro sistema fiscal, cuyo desarrollo se realizó en los años ochenta, se halla desfasado para la nueva realidad a la que se enfrenta nuestro país.

Únicamente identificando bien el problema y olvidando razonamientos reduccionistas y apresurados se podrá atajar la grave situación de nuestro país. Nuestros representantes deberían darse cuenta de que la principal dificultad es el estancamiento del crecimiento económico y no el déficit público. Este último es una consecuencia y sólo se conseguirá solventar si se ataca el problema.

Ferrocarril y monopolio natural

ave Ferrocarril y monopolio natural

Una de las posibilidades que tienen los gobiernos para que entre dinero a las cuentas públicas es la privatización de las empresas de las que son titulares. Con el entorno actual, ha saltado a la palestra la privatización y la consecuente liberalización del sector del ferrocarril en España. En esta ocasión, nos proponemos analizar los efectos que tendría una decisión de estas características.

Para comenzar con nuestro análisis, tenemos que decir que en España el ferrocarril representa un monopolio, ya que este servicio está en manos de dos empresas de titularidad estatal, Adif y Renfe. La primera se encarga de administrar las infraestructuras (las vías y estaciones) y la segunda se dedica a la prestación del servicio de transporte. En este sentido, tenemos que decir que la supuesta privatización recaería en la empresa prestadora del servicio (Renfe) y el Estado se quedaría con la administración de la infraestructura.

Vista la introducción, es momento de preguntarse si es conveniente una privatización y liberalización de este sector. Para entender los efectos tenemos que partir de un concepto denominado monopolio natural. Cuando en economía se define monopolio se dice que es una situación donde existe un único oferente y muchos demandantes. Esto provoca que el monopolista al tener un poder de mercado importante pueda establecer un precio por encima del competitivo, obteniendo mayores beneficios que en una situación de competencia. Por su parte, los demandantes ven reducida su utilidad al tener que afrontar este precio superior. Vista esta definición podríamos asegurar que sería conveniente la privatización y liberalización del servicio de transporte por ferrocarril. Sin embargo, este mercado presenta una característica especial que conviene reseñar. Esta no es otra que ser el ejemplo perfecto del concepto que mencionábamos anteriormente, el monopolio natural. Para entenderlo, un monopolio natural sucede cuando el bien o servicio que se oferta sólo es rentable si es ofrecido únicamente por un oferente. ¿Por qué ocurre esta situación? Esto aparece en aquellos bienes o servicios cuya oferta requiere una inversión inicial en forma de costes fijos muy elevada. Además a esta inversión hay que añadirle unos elevados costes de mantenimiento. La única forma de hacer “rentable” esa actividad es desempeñándola con exclusividad para compensar la inversión con el precio que se cobra por el bien o el servicio. En el caso que nos ocupa la fuerte inversión se representa con la compra de los trenes. A ello, hay que añadir que la demanda de este servicio es limitada, ya que existen servicios sustitutivos perfectos al transporte por ferrocarril (coche, autobús o avión). Además la demanda de este servicio siempre será limitada, ya que no dependerá exclusivamente del precio e influir en la misma factores como los gustos particulares de los individuos a la hora de viajar.

Con esta explicación lo que buscamos es hacer entender que la competencia en este sector no va a llevar a que el transporte por ferrocarril descienda su precio. Las empresas que decidan entrar en este mercado van a tener que hacer frente a una inversión elevada que va a conllevar que necesiten cobrar unos precios importantes por viajar. Si el desempeño de esta actividad lo realizan muchas empresas, estas no van a tener libertad para establecer el precio e incurrirán en pérdidas. Por tanto, la única posibilidad será reducir los costes al mínimo posible y en un servicio como el ferrocarril puede suponer que los medios utilizados para su desempeño no sean todo lo seguros que debieran.

Este razonamiento que hemos expuesto fue al que llego la ex Primera Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Como es sabido por todos, Thatcher es la madre de la gestión privada de los servicios públicos, sin embargo en el caso del ferrocarril entendió que no era conveniente introducir esa fórmula en su país. Más tarde, cuando fue sustituida por John Major se decidió privatizar y liberalizar este sector. Ni que decir tiene que no fue la mejor de las decisiones y que fue una de las gotas que provocaron que Major no saliera bien parado en su estancia en el gobierno inglés.

Por todo ello, nos parece que el efecto recaudatorio en un primer momento no compensa a las consecuencias negativas que tendría la privatización y liberalización de este mercado. Además, es importante que el Estado siga asegurando el transporte público a localidades donde una empresa privada jamás lo prestaría.

Balance de la política económica en Alcázar de San Juan

 Balance de la política económica en Alcázar de San Juan

Estamos a punto de finalizar el año 2011 y nos ha parecido interesante realizar un análisis sobre la evolución de la política económica en Alcázar de San Juan tras el cambio político producido el 22 de mayo.

Hace varios meses recogimos los esbozos del programa económico del primer edil alcazareño, Diego Ortega, que se resumía en bajadas de impuestos para incentivar la creación de empleo. Casi siete meses más tarde, es momento de comprobar los primeros resultados de la política económica.

En materia de empleo, la ciudad de Alcázar ha visto incrementado el número de parados hasta los 3199 (datos de octubre de 2011 de paro registrado). Es cierto que esta tendencia se repite a lo largo y ancho de nuestro país, sin embargo, en campaña electoral el alcalde Diego Ortega aseguró que bajando los impuestos se incrementarían los puestos de trabajo. Ante esta aseveración, ya analizamos en estas páginas que desde el punto de vista local la acción favorecedora del empleo era limitada, y más aún si se pretendía impulsar con bajadas de tributos. No obstante, podríamos analizar los programas de empleo alcazareños, pero desde el 22 de mayo han caído en desuso y prácticamente han desaparecido. Medidas innovadoras como el programa de apoyo a los emprendedores menores de 35 años donde se les ayudaba con las tasas administrativas, e incluso el ayuntamiento se comprometía a contratarlos para apoyar su actividad en los primeros meses de vida, han desaparecido. Del mismo modo, los planes de empleo se han visto reducidos y muchos de ellos han sufrido retrasos difíciles de explicar. Los resultados observados son que Alcázar ha pasado de ser una ciudad que innovaba con respecto a las políticas locales de empleo a la parálisis total.

Por otro lado, la materia impositiva merece un comentario especial. El equipo de gobierno se comprometió a aliviar la presión fiscal de los ciudadanos de Alcázar, y meses después sólo hemos conocido que las tasas de los comedores de los colegios municipales se han incrementado. El argumento fue que esa subida venía supeditada a una imposición de la Junta de Castilla la Mancha, no obstante, el Ayuntamiento tenía capacidad para haberla congelado. En cuanto al IBI, principal recurso financiero del Consistorio, deberemos esperar a la presentación del presupuesto anual para comprobar qué sucede.

En cuanto a los ingresos, el Ayuntamiento de Alcázar ha renunciado a ingresar cantidades económicas que le hubieran correspondido. Por ejemplo:

  • La concesión del bar de la Plaza de Toros se ha realizado este año por una cantidad sustancialmente más baja que en ejercicios anteriores
  • la concesión del baile del vermú en la Feria y Fiestas fue otorgada por cantidades inferiores a las tradicionales a cambio de que se comprometieran a establecer precios populares para los vecinos. Sin embargo, el resultado fue que el Ayuntamiento ingresó menos, y los ciudadanos se enfrentaron a precios más altos que otros años.

Dejamos capítulo a parte para el mercado popular de flores. En una medida caracterizada por su proteccionismo para con los floristas locales, el equipo de gobierno renunció al ingreso de los 6000 euros que se venían recaudando por el establecimiento de dicho mercado. El lobby florista convenció al alcalde para que prohibiera su instalación perjudicando las arcas municiapales y al conjunto de ciudadanos. Esta medida es ciertamente paradigmática, puesto que el equipo de gobierno forma parte de un partido político que enarbola la bandera del liberalismo económico. Por tanto, resultó ser incoherente con su ideario y poco racional si de lo que se trata es de representar el interés general de todos los vecinos, y no sólo el de ciertos colectivos.

Los resultados, como se puede comprobar, son que no sólo no se bajaron los impuestos, sino que además se ha venido renunciando a ingresos que se venían obteniendo. Esta política, en un contexto donde la financiación local es cada día más complicada debido a la crisis económica, no se puede entender.

Llegados a este punto, se puede decir que la política económica del equipo de gobierno en Alcázar está siendo precipitada. De hecho, a veces parece que los nuevos responsables andan más preocupados de hacer oposición a la oposición que por poner en marcha un proyecto de ciudad. Diego Ortega y su equipo deberían darse cuenta que tienen la responsabilidad y la oportunidad de gobernar, y su obligación es aprovecharla. Así pues, la recomendación que podemos realizar al alcalde es que se olvide de los ataques personales a la oposición y de las presiones de su socio de gobierno, y establezca una estrategia para la ciudad. Su objetivo para 2012 tendría que ser la elaboración de dicho plan y poner las bases para su cumplimiento. Alcázar de San Juan seguro que se lo agradece, puesto que en estos momento ya no vale sólo con pasar la palabra.

La economía de cara al 20-N (III)

llamazares 300x200 La economía de cara al 20 N (III)

Entramos en la última semana de campaña electoral, y la economía sigue siendo el tema protagonista de las elecciones generales. En esta ocasión vamos a analizar el programa económico de Izquierda Unida.

La formación de izquierdas ha centrado su programa económico en la potenciación del sector público. Se definen como verdaderos keynesianos y, por tanto, entienden que es necesario la intervención pública para conseguir el crecimiento económico.

En materia de empleo, la formación coordinada por Cayo Lara presenta un paquete de medidas con el objetivo de lograr la creación de 3 millones de puestos de trabajo. Este ambicioso objetivo quiere cumplirse mediante la reducción de la jornada laboral a 35 horas y el mantenimiento de los salarios. De esta manera, las empresas tendrían que contratar empleados adicionales para cubrir el déficit de horas, con lo que se crearían 400.000 empleos (datos de la propia formación). Sin embargo, esta medida presenta varios problemas. En primer lugar, al aumentarse los costes salariales de las empresas, necesariamente se van a aumentar los precios de los productos y servicios que estas ofertan, lo que se traducirá en un aumento de la inflación. De igual modo, las empresas van a perder competitividad ya que sus productos van a ser más caros con respecto a los ofertados por empresas extranjeras.

Por otro lado, en materia laboral Izquierda Unida quiere subir el salario mínimo interprofesional hasta 1100 euros y potenciar la negociación colectiva. La primera de las medidas es bastante inviable en un contexto de cinco millones de parados, ya que el mercado de trabajo se ajusta en cantidades, de modo que si subimos el precio mínimo de un trabajador las empresas van a prescindir de trabajadores hasta recuperar su margen de beneficios. Por último, se quiere derogar la reforma laboral. Esta medida nos parece acertada, pues que ha resultado ser complementamente ineficaz para lograr la creación de empleo. Compartimos la idea de que en España los costes de despido no han impedido la pérdida de puestos de trabajo, por lo que no es necesario reducirlos aún más.

En materia fiscal Izquierda Unida apuesta por la mejora de los ingresos y la lucha contra el fraude. Entre las propuestas destaca la reforma del IRPF subiendo el tipo marginal de gravamen al 45 % a los ingresos entre 60.000 y 120.000 euros; y al 50% para los superiores a 120.000 euros. Igualmente, se busca equiparar la tributación de las rentas del trabajo y los rendimientos del capital, es decir, todos irían a la misma base y se acabaría con las dos bases imponibles del IRPF. Así pues, el ahorro se vería perjudicado pudiendo tributar hasta con un 50 %. Desde EcoFinancial hemos defendido la idea de mantener intacta la tributación de los rendimientos del capital, sin embargo, nos parece excesivo castigo para el ahorro dichas medidas. Tenemos que recordar que las grandes fortunas no tributan por esta vía, sino mediante las SICAV por lo que este tributo afectaría fundamentalmente a pequeños ahorradores. Una propuesta interesante es, precisamente, la que se refiere a las SICAV, ya que pretenden acabar con la posibilidad de que estas sociedades de inversión sean controladas únicamente por uno de los cien socios que las forman. Nuestros lectores tienen que saber que la Ley obliga a que estas sociedades las formen cien socios, sin embargo, en la práctica el socio con mayor capital es quien las controla creando realmente sociedades unipersonales. Esta es una propuesta interesante, pero a la vez complicada ya que como hemos expuesto en ocasiones anteriores, las SICAV son fácilmente trasladables de un país a otro y pueden sufrirse fugas de capital importantes. Con respecto al Impuesto de Sociedades, IU quiere que los costes salariales superiores a 90.000 euros no sean deducibles. Esta medida, a nuestro juicio, es un error y además puede atacar a un principio constitucional como es la libertad de empresa, ya que no podemos intervenir en los salarios que las empresas privadas decidan pagar a sus trabajadores.

Con respecto al déficit público, Izquierda Unida quiere derogar la inclusión del límite constitucional del 3 %. Desde este blog ya explicamos que la inclusión del déficit en la Constitución nos pareció precipitada y muy rígida. Imaginemos que nuestro país sufre una catástrofe natural que obliga a una reconstrucción de ciertas infraestructuras, si el déficit está limitado en la CE es muy difícil solventar este problema con rapidez, ya que impediría el incremento del gasto público. Además, este límite ya está incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que supone la inclusión en nuestro ordenamiento jurídico del Pacto de Estabilidad y Crecimiento del Euro. Por tanto, no es necesario incluirlo en una norma caracterizada por la rigidez como es la Constitución.

Para finalizar, nos gustaría decir que Izquierda Unida lleva en su programa electoral medidas que buscan conectar con el electorado de izquierdas. Sin embargo, muchas de ellas merecen un momento de reflexión, ya que el objetivo que buscan puede ser el contrario. Del mismo modo, y aun no siendo analizadas por falta de espacio, ciertas expropiaciones incluidas en el programa electoral no son propias de un Estado miembro de la Unión Europea. A pesar de todo, en el programa electoral hemos encontrado una voluntad firme en la lucha contra el desempleo y por la recuperación del crecimiento económico.  Hay que reconocer que el programa de IU es más concreto que el de los partidos mayoritarios, lo que ha permitido realizar un análisis algo más técnico sobre las medidas que buscan llevar a cabo.

Texto íntegro del Programa Electoral de Izquierda Unida.

http://izquierda-unida.es/sites/default/files/doc/Programa_Electoral_IU_2011_0.pdf

La economía de cara al 20-N (II)

Rubalcaba La economía de cara al 20 N (II)

En nuestro ciclo de análisis de los programas económicos de los partidos políticos, hoy es turno para el PSOE. Las propuestas para solucionar la crisis del candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, están plagadas de guiños al electorado de izquierdas y tienen un marcado tinte keynesiano. Esta doctrina económica apuesta por la intervención del Estado en la economía para solventar situaciones de shock económico como la que vivimos desde el año 2008.

Para comenzar nuestro análisis nos vamos a centrar en las propuestas sobre materia laboral. En este sentido, el candidato socialista pretende incentivar la creación de empleo con bonificaciones en las cuotas de la seguridad social para las empresas que realicen contratos estables. Esta puede ser una medida interesante, puesto que reduciendo las cargas de los empresarios se puede conseguir que afloren empleos no declarados y que aumente la recaudación. Del mismo modo, puede suponer un abaratamiento de los costes de contratación. Por otra parte, se quiere impulsar un bonus malus (castigo fiscal) para la temporalidad excesiva. No obstante, tenemos que decir que Rubalcaba no afronta con seriedad el principal problema del mercado de trabajo, que es la temporalidad. Medidas como la creación de las becas-salario no ayudan a acabar con los innumerables tipos de contratos de nuestro sistema de trabajo. A pesar de todo, reducir las cargas a los empresarios puede ayudar a que éstos creen puestos de trabajo.

En relación a la fiscalidad es donde la política socialista se vuelve más keynesiana. Al igual que el PP, los socialistas optan por equilibrar las cuentas públicas, sin embargo, Rubalcaba apuesta porque el ajuste se haga de una forma más progresiva para no lastrar el crecimiento económico. Por su parte, para mejorar la recaudación los socialistas han recuperado el impuesto de patrimonio, y pretenden crear un tributo que afecte a bancos y SICAVs. En este sentido se debería tener cuidado, ya que medidas de este tipo pueden suponer un crecimiento en los costes financieros para los ciudadanos porque los bancos subirían las comisiones a sus clientes para hacer frente al nuevo impuesto. Por otra parte, subir el grado impositivo a las SICAVs es una medida que puede suponer una fuga de capitales a otros países con mejores condiciones fiscales. Es cierto que estas sociedades tienen una tributación privilegiada y que es necesario que colaboren más, no obstante, en el mundo globalizado en el que vivimos un ente de estas características puede cambiar de país en menos de 48 horas. En lo referente al impuesto de patrimonio nos gustaría hacer una consideración, ya que se trata de una figura que puede suponer el establecimiento de una doble tributación. Esto es así porque el patrimonio es obtenido por medio de las rentas del trabajo, capital, o sucesiones y donaciones. Estas rentas ya son gravadas con algún tributo, por lo que podríamos entender que se está gravando el mismo hecho imponible dos veces.

Desde EcoFinancial nos parece  interesante la idea que propone el candidato socialista para ayudar a financiar la sanidad pública. Se trata de subir el tipo de gravamen al tabaco y alcohol. De esta manera, se puede solventar una externalidad negativa, pues los fumadores y los consumidores de alcohol son más propensos a sufrir enfermedades y, por tanto, a utilizar los recursos sanitarios. Estaríamos ante lo que se conoce como un impuesto pigouviano, que ayuda a solucionar lo que en economía llamamos  como externalidad negativa. Aun así, la propuesta necesita de una mayor concreción que ayude a explicar la cantidad recaudada y si resulta suficiente. De igual modo, se deberían propugnar medidas de eficiencia en el gasto sanitario como la centralización de las compras de medicamento, o que estos se sirvieran en monodosis para evitar la caducidad de los mismos una vez haya acabado el tratamiento.

Para finalizar, desde EcoFinancial creemos que el programa socialista pretende movilizar al electorado de izquierdas, sin embargo, se enfrenta a un hándicap importante, puesto que el recorte de mayo de 2010 desencantó a dicho sector de la población. A pesar de todo, algunas de sus medidas como la de la financiación de la sanidad nos han parecido  novedosas y dignas de debate. De igual modo, como dijimos en el comentario del programa del Partido Popular, se hace necesario profundizar y aportar más datos para que los votantes puedan formarse una opinión fundamentada de lo que supone confiar en el Partido Socialista.

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