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¿Hacia el irremediable rescate total?

163680 1.jpg ¿Hacia el irremediable rescate total?

Estamos viviendo un verano convulso en cuanto a noticias económicas se refiere, representadas por el incremento de la rentabilidad que ofrece nuestra deuda soberana, así como el riesgo de impago de España. Esta situación está provocando que el hito de un rescate total a la economía española haya dejado de ser un tabú habiéndose convertido en una alternativa que cada día gana más enteros.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En contra de lo que los medios de comunicación parecen ofrecer, el mejor indicador para ver los problemas de liquidez y solvencia de un país no es la prima de riesgo.  Este indicativo marca el sobreprecio que exigen los inversores a cualquier bono con respecto al activo sin riesgo (el Bund alemán). Sin embargo, en tanto no tengamos que hacer frente a subastas de deuda estaremos ante una variable que deberemos tener en cuenta, pero que no debería ser de vital importancia.

Existe otro dato más importante que se debe tener en cuenta a la hora de realizar un análisis acerca de los problemas de financiación. Este es el que refleja la salida de capitales de nuestro país. El último dato publicado reflejaba que hasta mayo de 2012 habían salido de España 163.185,9 millones de euros. Además, sólo en el mes de mayo se habían producido salidas de capitales por más de 40.000 millones. Estos datos reflejan que los mejores inversores para un país, aquellos que compran los bonos y se quedan esperando a cobrar los cupones y recibir su principal, están comenzando a marcharse. Conviene destacar que en una crisis estos inversores son los últimos en abandonar el barco, pero cuando saltan por la borda tardan mucho en volver a embarcar. Con esto, lo que queremos decir es que nuestro Tesoro tiene un riesgo importante a la hora de afrontar vencimientos de deuda y nueva financiación. No obstante, la labor de este ente ha sido desde que se inició la crisis muy inteligente y hasta octubre, cuando se deben hacer frente a importantes vencimientos, presenta un colchón de liquidez muy importante.

Teniendo en cuenta estos datos, el coche español comienza a quedarse sin gasolina y en un contexto como el actual lleno de incertidumbre, sería conveniente entrar a repostar antes de que se quede definitivamente vacío de combustible. Con ello lo que queremos decir, es que amplíar sine die la resolución del problema y la consiguiente solicitud de ayuda al BCE es muy peligroso.

Bajo esta situación debemos ahora plantearnos las alternativas que se le presentan a España para afrontar el problema de su deuda soberana:

  • Recurrir a la ayuda del BCE y del Eurogrupo. Podría afrontarse de diferentes maneras, mediante un “rescate” parcial que complemente al bancario, o mediante el “rescate total”. Las cifras varían desde 100.000 millones adicionales hasta 400.000 que supondría el rescate total. Como puntos a favor, teniendo en cuenta la última rueda de prensa de Mario Draghi, el mercado no se le cerraría del todo a España al eliminarse el privilegio en el orden de prelación de créditos de la ayuda europea frente al resto de inversores. No obstante,  se exigirán nuevos sacrificios que podrían venir en forma de reforma constitucional que redujera el tamaño del Estado Autonómico; bajada de salarios y pensiones; y despidos de empleados públicos. Por tanto, más recesión y más desempleo. Sin embargo, si el rescate se negociara de forma hábil se podría conseguir que buena parte de este montante se dedicara a planes de crecimiento. España podría utilizar como ejemplo el fiasco que supusieron los planes para Grecia, Portugal e Irlanda. Por otra parte, el problema más grave se encuentra en cómo, cuándo y quién pondrá el dinero. Ya no estamos ante economías pequeñas, sino ante la cuarta economía de la eurozona, cuyo rescate supondrá que Italia se vea arrastrada. De esta manera, conviene que los líderes europeos, que hasta ahora no han sabido estar a la altura de los problemas, analicen bien una situación que desde luego afectará a sus países en forma de recesión.
  • Salir del euro. España podría utilizar esta alternativa, recuperar su moneda nacional devaluada y empezar a ser más competitiva. Automáticamente, la deuda soberana valdría la mitad al redenominarse a la nueva moneda. Sin embargo, la población se vería empobrecida y nuestro país debería enfrentarse al cierre de los mercados internacionales y a una recesión que podría llegar hasta los dos dígitos. Desde luego, a priori no es una buena alternativa, sin embargo conviene pensar bien si aceptar el rescate no supondrá una salida del euro en el largo plazo. Nos explicamos, si se acepta la ayuda europea, dicho préstamo será en euros y no podrá redenominarse. Por tanto, si al rescate le sigue una salida de la moneda única, dicho crédito se multiplicará por el porcentaje que suponga la devaluación. De esta manera, el rescate ya no parece tan buena idea si no estamos convenientemente seguros de que jamás abandonaremos el Euro.

Como se puede apreciar la decisión que deberá tomarse afectará no sólo a nuestra generación, sino que influirá en el desarrollo de futuras generaciones. De esta manera, un gobierno por mucha mayoría absoluta que ostente no está legitimado para decidir en solitario. Se hace necesaria una consulta a la población para que muestre su opinión sobre los pasos a seguir.

La subia del IVA y sus alternativas

montoro 0 300x200 La subia del IVA y sus alternativas

La semana pasada se publicó el memorándum referente al rescate bancario solicitado por nuestro país. En este documento se establecieron 32 condiciones, algunas de ellas macroeconómicas, que han provocado que este miércoles el gobierno de Mariano Rajoy tuviera que afrontar un recorte del gasto público de 65.000 millones de euros.

El gobierno popular ha optado en esta ocasión por subidas de impuestos unidas a reducción del gasto público, relativas al salario de los empleados públicos y a la prestación por desempleo. En este artículo nos centramos en las consecuencias de la subida del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Para entender cómo afecta una modificación de este tributo tenemos que hacer referencia a una de sus principales características: estamos ante un impuesto indirecto y de marcado carácter regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que afectará más a las clases bajas que a las clases altas de la sociedad. ¿Por qué se produce este efecto? Es debido a la propensión que tienen los individuos hacia el consumo, es decir, lo que cada persona consume efectivamente. Si comparamos dos personas, de las cuales uno gana 100 veces más que el otro, no por ello quien tenga más renta consumirá 100 veces más. Empíricamente se comprueba que los individuos conforme tienen más renta, más proporción de la misma se destina al ahorro.

Visto este análisis deberíamos preguntarnos ¿Por qué opta el gobierno por la subida de esta figura impositiva? El principal motivo es que estamos ante un tributo cuya recaudación es rápida, debido al diseño de las declaraciones de los sujetos pasivos que se realizan con una periodicidad trimestral. Por tanto, el gobierno espera recaudar rápidamente. No obstante, resulta paradigmático que bajo el ideario de este gobierno se haya optado por incrementar dicho impuesto. Si atendemos al programa económico  elaborado por el actual Ministro de Hacienda, podremos apreciar que toda la política económica está marcada por el concepto de la curva de Laffer.

En este blog hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este concepto, pero recuperando su definición se puede decir que lo que este economista quiso evidenciar es que una subida continua de los impuestos puede afectar tanto a la actividad económica que lastre la recaudación. Por consiguiente, si como dice el gobierno las arcas públicas están vacías se debería llevar a cabo una política totalmente contraria a la adoptada, para así incentivar la actividad y la recaudación. Sin embargo, Cristóbal Montoro ha mostrado poca fe en este ideario que incumplió con la subida del IRPF y que ha vuelto a denostar aceptando la subida del IVA.

¿Cómo va a afectar la subida del IVA a la Economía Española? Para responder correctamente a esta preguntar hay que tener en cuenta que el PIB se compone de los siguientes componentes: Consumo, Inversión, Gasto Público, Exportaciones e Importaciones. Al tratarse de un impuesto que grava el consumo, su incremento va a provocar que los individuos dispongan de menos renta disponible para comprar bienes y servicios. De esta manera, se va a lastrar esta variable de la ecuación del PIB. Además, si tenemos en cuenta que el Consumo es el componente de más peso en el PIB de los países desarrollados, el efecto va a ser devastador. La consecuencia más inmediata será el agravamiento de la recesión y, por tanto, el empeoramiento de las tasas de desempleo.

Como vemos, en el momento que vive la economía española optar por un incremento tributario de este tipo supone un error de base. Es cierto que el Estado necesita liquidez, y que nuestros acreedores han impuesto estas condiciones para establecer el rescate bancario. No obstante, existen alternativas para evitar lastrar aún más la economía. Concretamente, el colectivo de Técnicos de Hacienda elaboró recientemente una propuesta muy interesante que se puede resumir en los siguientes puntos:

  • Armonizar el tipo de sociedades hasta el 35 % recaudando 13.943 millones de euros
  • Reducción de la economía sumergida en 10 puntos. Para conseguir este objetivo sería necesario ampliar la cuota de inspectores de hacienda. Por poner un ejemplo, España tiene un inspector de hacienda por cada 1.700 habitantes, Alemania lo tiene por cada 600. Todo ello unido a que nuestra cultura acepta socialmente el fraude fiscal provoca que estemos renunciando a 38.577 millones de euros.

Con dos medidas nada agresivas para la ciudadanía se conseguirían recaudar más de 50.000 millones de euros. Este debía haber sido el primer paso del ejecutivo al que debería seguir una amplia reforma fiscal, puesto que nuestro modelo tributario muestra signos de agotamiento. Se ha tratado de un conjunto de impuestos muy ligados al ciclo económico y a la actividad de la construcción, por lo que se hace necesaria su revisión de forma amplia y ordenada.

Con este tipo de políticas nuestra economía ganaría credibilidad, sin embargo, el gobierno popular está cayendo en el mismo error que su antecesor: la improvisación. Todo ello provoca que nuestros socios no se fíen de nosotros y lo que es peor, que nuestra posición negociadora sea muy débil.

Tras este análisis nos encontramos en posición de afirmar que el tratamiento sigue siendo el equivocado. El enfermo continúa desangrándose y la receta sigue siendo el bisturí que ahonda en la herida. Nuestros representantes deberían darse cuenta de que sin crecimiento será imposible pagar nuestras deudas. Con todo, ojalá este análisis sea equivocado y las medidas consigan el efecto esperado.

El rescate a España y sus consecuencias

163680 1.jpg El rescate a España y sus consecuencias

Finalmente la presión del Eurogrupo ha surtido efecto y España ha acabado solicitando el rescate en forma de línea de crédito para la banca. Se ha vivido un situación que se asemeja a la producida en Irlanda que resistió todo lo que pudo hasta que se vio abocada a solicitar la “ayuda”. No obstante, la situación es distinta ya que las necesidades de los bancos irlandeses suponían el 32 % de su PIB mientras que en nuestro país a priori no superarán el 4%.

Vista la situación es momento de analizar si estábamos ante la mejor de las alternativas y las consecuencias que tendrá para el conjunto de la economía española.

El problema español como hemos explicado desde estas paginas en innumerables ocasiones no es su deuda pública, sino la deuda privada. En este sentido, uno de los sectores más lastrados por su exposición a la burbuja inmobiliaria es la banca. Con la penúltima reforma financiera las necesidades de capitalización de los bancos se han incrementado exponencialmente llegando a niveles (según FMI) de 40.000 millones de euros. Esta situación provoca que no sea suficiente con la inversión privada para recapitalizar el sector financiero y se deba acudir al sector público para que muchas entidades no se vean expuestas a la quiebra. Sin embargo, nuestro país no está en disposición de acudir al mercado para financiarse con esa cantidad, puesto que se produciría un colapso que lastraría nuestra economía.

Ante este escenario, el gobierno español ha acabado aceptando la línea de crédito de 100.000 millones de euros que ha puesto encima de la mesa el Eurogrupo. Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos ¿Estamos ante un rescate de la economía española? Para responder a esta pregunta tenemos que analizar las tres alternativas posibles para la intervención europea:

  • Rescate directo al Tesoro español. Era la opción preferida por Alemania para atar en corto al ejecutivo español del que parece ser no se fía. Seguramente, algo habrá tenido que ver los bandazos y la improvisación del gobierno de Rajoy que ha preferido anteponer sus intereses electorales a los del país. Esta alternativa hubiera provocado un grave problema, ya que el fondo europeo de rescate se hubiera situado en el primer lugar en el orden de prelación de acreedores. Este hecho, hubiera provocado que inmediatamente las agencias de calificación rebajaran el rating español a bono basura como sucedió en los casos irlandés y portugués. Por tanto, una dificultad de financiación puntual se habría convertido en el desastre absoluto al depender definitivamente de la “ayuda” europea.
  • Rescate directo a la banca española. Esta era la alternativa preferida por España. Se hubiera tratado de una inyección directa en los bancos más débiles que hubieran tenido que responder directamente ante los supervisores europeos.
  • Rescate a través del FROB. Finalmente ha sido la opción utilizada . Es una opción intermedia, ya que no se rescata al conjunto de la economía española, sino sólo un sector de la misma. Sin embargo, el FROB es un ente que en última instancia pertenece al Estado. Por tanto, el que va a firmar el acuerdo formal de rescate va a ser el Estado español y si los bancos no devuelven el crédito será quien tenga que pagar ese montante.

Expuestas las posibles soluciones ¿Ahora qué? Según el ministro de economía Luis De Guindos únicamente se van a imponer condiciones a la banca. Sin embargo, el comunicado del Eurogrupo deja claro que se “vigilará de cerca el cumplimiento de España”. De esta manera, en los próximos días vamos a asistir a la negociación de la letra pequeña del rescate y a la postre la más cruel.

Además, se va a exigir a España el cumplimiento inflexible de los objetivos de déficit. Sin embargo, esta línea de crédito va a afectar la consolidación fiscal de forma importante, por lo que desde Europa se van a imponer nuevos recortes que van a afectar a la débil economía española y al bienestar de los ciudadanos. Apunten dos partidas: subida del IVA (España es uno de los países donde este impuesto es más bajo) y bajada de las pensiones. Son dos elementos que permiten una rápida inyección de fondos.

Todo ello va a perjudicar aún más la frágil demanda interna, y sin demanda no habrá oferta, por tanto ni la economía ni el empleo crecerá.

La conclusión de todo ello es que los datos dejan entrever que el tiempo que viene será complicado y que el margen del gobierno ahora ya es inexistente, al haber desaparecido la autonomía financiera. Ahora ya estamos en manos de los “Hombres de Negro” aunque vistan de Armani.

A pesar de todo, si acudimos a la Historia Económica hay un motivo para el optimismo. Cuando los datos apuntaban a las coyunturas más penosas, España produjo el milagro. Algunos ejemplos son: 1959 con el Plan de Estabilización; 1970 mediante el Acuerdo Preferencial con la CEE; 1977 a través de los Acuerdos de la Moncloa; 1986 con la adhesión a la Europa comunitaria; 1998/2000 con el ingreso en la moneda única. La cuestión es ¿Qué ocurrirá esta vez?

Ferrocarril y monopolio natural

ave Ferrocarril y monopolio natural

Una de las posibilidades que tienen los gobiernos para que entre dinero a las cuentas públicas es la privatización de las empresas de las que son titulares. Con el entorno actual, ha saltado a la palestra la privatización y la consecuente liberalización del sector del ferrocarril en España. En esta ocasión, nos proponemos analizar los efectos que tendría una decisión de estas características.

Para comenzar con nuestro análisis, tenemos que decir que en España el ferrocarril representa un monopolio, ya que este servicio está en manos de dos empresas de titularidad estatal, Adif y Renfe. La primera se encarga de administrar las infraestructuras (las vías y estaciones) y la segunda se dedica a la prestación del servicio de transporte. En este sentido, tenemos que decir que la supuesta privatización recaería en la empresa prestadora del servicio (Renfe) y el Estado se quedaría con la administración de la infraestructura.

Vista la introducción, es momento de preguntarse si es conveniente una privatización y liberalización de este sector. Para entender los efectos tenemos que partir de un concepto denominado monopolio natural. Cuando en economía se define monopolio se dice que es una situación donde existe un único oferente y muchos demandantes. Esto provoca que el monopolista al tener un poder de mercado importante pueda establecer un precio por encima del competitivo, obteniendo mayores beneficios que en una situación de competencia. Por su parte, los demandantes ven reducida su utilidad al tener que afrontar este precio superior. Vista esta definición podríamos asegurar que sería conveniente la privatización y liberalización del servicio de transporte por ferrocarril. Sin embargo, este mercado presenta una característica especial que conviene reseñar. Esta no es otra que ser el ejemplo perfecto del concepto que mencionábamos anteriormente, el monopolio natural. Para entenderlo, un monopolio natural sucede cuando el bien o servicio que se oferta sólo es rentable si es ofrecido únicamente por un oferente. ¿Por qué ocurre esta situación? Esto aparece en aquellos bienes o servicios cuya oferta requiere una inversión inicial en forma de costes fijos muy elevada. Además a esta inversión hay que añadirle unos elevados costes de mantenimiento. La única forma de hacer “rentable” esa actividad es desempeñándola con exclusividad para compensar la inversión con el precio que se cobra por el bien o el servicio. En el caso que nos ocupa la fuerte inversión se representa con la compra de los trenes. A ello, hay que añadir que la demanda de este servicio es limitada, ya que existen servicios sustitutivos perfectos al transporte por ferrocarril (coche, autobús o avión). Además la demanda de este servicio siempre será limitada, ya que no dependerá exclusivamente del precio e influir en la misma factores como los gustos particulares de los individuos a la hora de viajar.

Con esta explicación lo que buscamos es hacer entender que la competencia en este sector no va a llevar a que el transporte por ferrocarril descienda su precio. Las empresas que decidan entrar en este mercado van a tener que hacer frente a una inversión elevada que va a conllevar que necesiten cobrar unos precios importantes por viajar. Si el desempeño de esta actividad lo realizan muchas empresas, estas no van a tener libertad para establecer el precio e incurrirán en pérdidas. Por tanto, la única posibilidad será reducir los costes al mínimo posible y en un servicio como el ferrocarril puede suponer que los medios utilizados para su desempeño no sean todo lo seguros que debieran.

Este razonamiento que hemos expuesto fue al que llego la ex Primera Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Como es sabido por todos, Thatcher es la madre de la gestión privada de los servicios públicos, sin embargo en el caso del ferrocarril entendió que no era conveniente introducir esa fórmula en su país. Más tarde, cuando fue sustituida por John Major se decidió privatizar y liberalizar este sector. Ni que decir tiene que no fue la mejor de las decisiones y que fue una de las gotas que provocaron que Major no saliera bien parado en su estancia en el gobierno inglés.

Por todo ello, nos parece que el efecto recaudatorio en un primer momento no compensa a las consecuencias negativas que tendría la privatización y liberalización de este mercado. Además, es importante que el Estado siga asegurando el transporte público a localidades donde una empresa privada jamás lo prestaría.

¿Es excesivo el gasto público?

deuda ¿Es excesivo el gasto público?

Estamos inmersos estos días en una tormenta financiera que azota nuestro país sembrando dudas sobre nuestra solvencia para cumplir con los acreedores. Este hecho, provoca que el discurso dominante insista de forma obsesiva en que reducir el gasto público es la única forma de salir de la crisis.

Esta idea se ha convertido en dogma haciendo creer que el problema de nuestra economía es haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Dicha circunstancia habría sido provocada por los elevados déficits de las distintas administraciones públicas que con el aumento irresponsable del gasto han elevado los niveles de deuda a cifras insostenibles.

La única solución por tanto, sería reducir el gasto hasta llevar la deuda a un nivel donde nuestra solvencia no se ponga en duda. Sin embargo, sería interesante que estas afirmaciones se acompañaran por datos. Esto es lo que hoy nos proponemos hacer, analizar mediante estadísticas los niveles de gasto público y de ingresos de España para identificar el verdadero problema.

Para realizar el análisis vamos a partir de los últimos datos oficiales disponible en cuanto a gasto público se refiere (Eurostat 2010). A continuación, presentamos una tabla con el porcentaje de gasto público con respecto al PIB de la Europa de los 27.

gráfico ¿Es excesivo el gasto público?

En la tabla se puede observar que nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en cuanto a niveles de gasto público se refiere. Los datos demuestran que en comparación con los grandes países de la Unión (Alemania, Francia o Reino Unido) somos el estado que menos porcentaje de nuestro PIB dedicamos a gasto público, y lo que es más significativo aún, estamos en un nivel considerablemente inferior a la media europea. Además, los datos nos dejan una conclusión importante, puesto que son los países más desarrollados de Europa los que dedican un mayor porcentaje de su PIB a gasto público. Sin embargo, los menos desarrollados son los que presentan tasas inferiores.

Lo que se hace evidente es que nuestro problema no es un excesivo gasto público, sino al contrario, puesto que tenemos tasas muy inferiores a la de nuestros socios que provocan que los servicios públicos no tengan la calidad que todos desearíamos.

Vistos los datos, deberíamos preguntarnos ¿Dónde está el problema? La respuesta la tenemos en los ingresos fiscales. Nuestra estructura impositiva ha estado muy ligada a la burbuja inmobiliaria por lo que cuando esta ha explotado se ha presentado un problema grave de recaudación.

En economía se suele creer que los impuestos son una variable exógena que va unida al ciclo económico. Sin embargo, los tributos tienen una parte normativa que es la que va a garantizar la capacidad recaudatoria en cada fase del ciclo. En España desde los años noventa se ha tendido a desfiscalizar la actividad económica sucumbiendo a la teoría que asegura que menores niveles impositivos favorecen la producción.

El resultado es que la rebaja de recaudación vía IRPF e Impuesto de Sociedades, la eliminación de los Impuestos de Patrimonio o Sucesiones y el escaso control sobre el fraude nos han dejado expuestos a que una recesión lastre la recaudación de los ingresos públicos. De hecho, si comparamos la evolución de los ingresos fiscales de nuestro país con el resto de Europa encontraremos el problema. Nuestros ingresos se han reducido significativamente con la explosión de la burbuja, mientras que otros países los han mantenido pese a que sus economías se han enfrentado a caídas del crecimiento más pronunciadas que España .

La conclusión que se puede sacar de nuestro análisis es que se hace necesaria una reforma fiscal profunda, que cambie los grandes pilares de la recaudación pública dando más peso a tributos estructurales que no dependan de los ciclos económicos. De esta manera, el tratamiento tiene que emplearse por la vía de los ingresos no mediante reducciones del gasto que ponen en peligro la recuperación económica, y lo que es peor, el aseguramiento de servicios públicos irrenunciables como sanidad, ciencia o educación. Para finalizar tenemos que decir que el discurso “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” no resiste a las matemáticas como así lo demuestran las estadísticas. Es más, ese discurso lleva implícito un cambio de modelo que lleva a que los servicios públicos sean provistos por entidades privadas. Por todo ello, les preguntamos ¿Aún se creen ese cuento?

Devaluación fiscal, ¿Una buena alternativa?

DOLAR17 300x200 Devaluación fiscal, ¿Una buena alternativa?

El pasado viernes se presentaron los Presupuestos Generales del Estado y el debate económico se ha centrado desde entonces en aspectos como la amnistía fiscal o el recorte presupuestario de los Ministerios. Hoy hemos querido alejarnos un poco del centro de la discusión y presentar una idea que nos ha parecido cuanto menos ingeniosa.

Tenemos que recordar que el Estado puede realizar su política económica desde dos puntos de vista. Por un lado, tenemos la política fiscal donde se interviene en la actividad económica mediante la subida/bajada de impuestos y el incremento/reducción del gasto público. Por otro lado, tenemos la política monetaria donde mediante devaluaciones/evaluaciones de la moneda se puede mejorar la competitividad con respecto al resto de países.

Una alternativa a la obsesión por la política fiscal sería una devaluación de nuestra moneda. Mediante esta medida, lo que provocamos es que nuestros productos se hagan más baratos con respecto a los productos extranjeros y que se vuelvan más atractivos de cara a su exportación. Sin embargo, esta opción presentaría un inconveniente que es el empobrecimiento relativo de los ciudadanos españoles, ya que los productos extranjeros se convertirían en bienes más caros y menos accesibles para todos.

No obstante, es una propuesta interesante porque nuestras empresas se volverían más competitivas, y al aumentar sus ventas al exterior seguro que necesitaban más capital humano reduciéndose con ello la tasa de desempleo.

De hecho, esta medida no es novedosa y ha sido empleada en diversas ocasiones a lo largo de nuestra historia económica. En la crisis de 1993 el Ministro de Economía Carlos Solchaga impulsó hasta 9 “devaluaciones competitivas”. Esta circunstancia, ayudó a que esa recesión se superara rápidamente en lo que se conoce en economía como recuperación en V.

Existen en la terminología económica tres tipos de letras que ayudan a ilustrar la recesión y la recuperación económica. Una recuperación en V (como la que hemos comentado anteriormente), se produce cuando recesión y recuperación se producen de forma rápida y pronunciada. Por su parte, una recuperación en W es aquella en la que se produce una fuerte caída del crecimiento, posteriormente una leve recuperación y recaída; y finalmente un crecimiento sostenido. Por último, tenemos la letra L, en este tipo de crisis se produce una recesión grave seguida de un estancamiento prolongado. Esta última ilustración se corresponde con la situación económica actual.

Seguramente cualquier lector, llegado este punto, diría que lo que comentamos es imposible porque nuestro Gobierno no tiene en sus manos la política monetaria, ya que esta es responsabilidad del Banco Central Europeo. De hecho, este organismo parece cada día más propicio a practicar una política monetaria contractiva (subiendo el precio del dinero) para protegernos del orco de la inflación y que este monstruo no se escape de su caverna. Ciertamente, nuestros lectores llevan razón, pero existe una alternativa desde el punto de vista fiscal para lograr este mismo objetivo.

Los profesores de Harvard Emmanuel Fahri y Gita Gopinath y el profesor de Princeton Oleg Itskhoki han elaborado una interesante propuesta para solventar los desequilibrios comerciales que afectan a algunos países europeos.

La medida de estos profesores consiste en lograr los efectos de la devaluación monetaria mediante un cambio de impuestos. Se trataría de elevar los tipos de gravamen del IVA (una posibilidad sería una armonización del tipo general y el reducido en el 15 %, manteniendo el superreducido en el 4 %) y reducir las cargas sociales que suponen un coste en la contratación. Con la subida del IVA, todos los productos que se venden en España van a incrementar su precio, esto es, productos nacionales y extranjeros. Sin embargo, las empresas españolas que vendan productos al exterior no se verían afectadas por este incremento del impuesto, ya que el IVA no afecta a los productos que se exportan. Por otro lado, si se reducen las cotizaciones sociales, se van a abaratar únicamente los costes de las empresas españolas, o que empleen personal en nuestro país. La conclusión es que se obtendría el mismo efecto que con la devaluación monetaria, es decir, encarecimiento de los productos extranjeros y abaratamiento de los nacionales.

No obstante, también se van a producir los mismos inconvenientes. De todos ellos, tenemos que volver a destacar el empobrecimiento de la población afectada por la subida del IVA. Sin  embargo, deberíamos analizar si los beneficios de ser más competitivos podrían superar este inconveniente, ya que se podría incentivar la contratación y ayudar a la solución del grave problema que es el desempleo.

En cualquier caso, no es una medida perfecta aunque si ingeniosa. Nuestros representantes deberían abandonar la fórmula de optar por la solución más fácil (recortar las grandes partidas del gasto) y buscar soluciones que ocasionaran un menor coste social. La tarea de gobernar no se puede resumir en buscar la opción más fácil, puesto que lo que uno busca de sus gobernantes es que analicen las opciones y elijan la mejor para el conjunto de la ciudadanía, aunque esa alternativa sea más compleja. Propuestas como la devaluación fiscal pueden entrar dentro de ese tipo de opciones y merecen ser consideradas por aquellos que tienen la oportunidad de tomar las decisiones.

Dación en pago, ¿Solución?

 Dación en pago, ¿Solución?

Recientemente el Ministro de Economía, Luis De Guindos, ha elaborado un plan por el cual se busca incentivar que los bancos acepten la dación en pago como forma de resolución de las hipotecas de aquellos deudores que no pueden hacer frente a los pagos de las cuotas.

Nos ha parecido interesante abordar esta cuestión y analizar el modelo de legislación hipotecaria y cómo se podría mejorar el mismo.

Antes de entrar en mayor detalle debemos definir lo que se entiende por dación en pago. Este sería el acto, en virtud del cual, el acreedor acepta que el deudor realice, a título de pago, una prestación diversa de la debida que será aceptada en sustitución de la prestación originaria. Sin embargo, popularmente se conoce la dación en pago como la entrega del inmueble cuando el deudor no puede hacer frente a los pagos de su crédito hipotecario. Efectivamente, este modo de resolución de la obligación hipotecaria entra dentro del concepto de dación en pago, aunque no es exclusivo como hemos visto en su definición.

Visto el concepto es momento de realizar un análisis sobre los efectos que tendría la extensión generalizada de la dación en pago en los contratos hipotecarios. En este sentido, las entidades financieras se convertirían en empresas inmobiliarias, puesto que asumirían un doble riesgo. Por un lado, tendrían que tener en cuenta que el deudor podría dejarles de pagar, y por otro deberían tener en cuenta la volatilidad del precio de los inmuebles. Hasta ahora, los bancos y cajas de ahorro sólo han tenido que hacer frente al primero de los riesgos, pero si se acepta la dación en pago como forma de resolución de los contratos hipotecarios tendrán que hacer frente al segundo. El principal efecto de esta medida sería que las entidades financieras cerrarían aún más el grifo del crédito, e incluso pedirían mayores garantías a futuros compradores de viviendas.

Como vemos, no es la mejor de las medidas si lo que buscamos es que el crédito vuelva a fluir entre particulares y empresas. No obstante, la legislación hipotecaria merece una revisión al ser manifiestamente injusta. Nos explicamos, actualmente si un individuo no hace frente a los pagos de su hipoteca el banco puede ejecutar su casa. Esto supone ponerla en venta a través de subasta y así cobrar el crédito. Sin embargo, si no existen subasteros (algo bastante frecuente) la entidad financiera puede quedarse con el inmueble por la mitad del valor al que fue iniciada la subasta. De este modo, el deudor pierde su vivienda y además persiste su crédito.

Vista la normativa se puede decir que existe un desequilibrio entre acreedor y deudor. Sería deseable introducir mejoras que pasarían en primer lugar porque el valor de la tasación original del inmueble sea vinculante a la hora de adjudicarse la vivienda. No parece lógico que el banco tasara la casa de forma unilateral en el momento del otorgación del crédito y después se olvide de éste. Además si el banco obtiene un beneficio posterior por la venta de vivienda adjudicada la deuda vigente debería ser detraída en la cuantía de la plusvalía obtenida por el acreedor.

Por último, se deberían adoptar medidas complementarias que tuvieran en cuenta situaciones extraordinarias donde los deudores no puedan afrontar los pagos debido a una situación sobrevenida de desempleo. Se debe tener en cuenta que la vivienda es un bien de especial sensibilidad y sería preferible para todos los agentes intervinientes adoptar medidas flexibilizadoras. Ejemplos de las mismas serían la renegociación de la deuda o la suspensión de las cuotas mientras dure la situación de paro. Además, desde los poderes públicos se debería impulsar el alquiler preferente de las viviendas ejecutadas a los deudores que no pudieron pagar las cuotas.

Para concluir, debemos decir que la dación en pago no es la mejor de las medidas para evitar los desahucios ni para solucionar la morosidad crediticia. De hecho, si se impone esta medida a los bancos, tendremos efectos contractivos con respecto a los créditos otorgados a las familias. Sin embargo, la legislación vigente está provocando que las relaciones entre deudores y acreedores no estén equilibradas, y por tanto merece una reflexión y una actuación en consonancia.

Los efectos de la Reforma Laboral

tn parados 300x200 Los efectos de la Reforma Laboral

Vivimos en un país donde consideramos que cada uno de los problema que se nos presenta se puede solucionar con una disposición legislativa. En este sentido, el principal problema de nuestra sociedad, el paro, no es una excepción sino que cada gobierno que tiene la ocasión decide intervenir normativamente en el marcado laboral. De hecho, desde que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores en 1980 se han producido 52 reformas de dicha ley. El nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha perdido su oportunidad y el pasado viernes presentó la suya que se aprobará mediante Decreto-Ley.

Para saber si la reforma será un éxito o no, nos proponemos analizar los efectos que tendrían cada una de las propuestas.

En cuanto al despido, se ha rebajado la indemnización por despido improcedente desde 45 a 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Sin embargo, existe una disposición que amplía las causas de despido objetivo por razones económicas, técnicas, organizativa o de producción que es la reducción de los ingresos durante tres trimestres consecutivos. Dicha medida implica que el despido objetivo se vaya a generalizar a partir de la entrada en vigor de la norma, puesto que en el contexto de crisis económica es difícil encontrar empresas que no hayan reducido sus ingresos. Llegados a este punto nos preguntamos ¿De verdad en un país con 5 millones de parados es necesario reducir aún más la indemnización por despido? ¿Acaso está siendo difícil prescindir de trabajadores? Hay que recordar que el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores introdujo lo que se conoce como despido exprés, donde el empresario podía reconocer la improcedencia del despido y depositar la indemnización para el trabajador. De esta manera, se podía ahorrar los salarios de tramitación que tanto lastraban a los empleadores. Por tanto, despedir con la legislación vigente no era imposible, si acaso más o menos caro, pero el mercado de trabajo poseía flexibilidad suficiente como así lo indican los datos de la tasa de desempleo. Todo ello nos lleva considerar que esta medida no es óptima si lo que se pretende es incentivar la contratación. Más eficiente resultaría reducir los costes de contratación, esto es, los costes de la Seguridad Social. De hecho, se podría conseguir un doble objetivo aumentar la contratación y la recaudación, ya que la reducción de las cargas sociales motivaría el afloramiento de parte de los contratos laborales de la economía sumergida.

En otro orden de asuntos, la reforma laboral establece nuevas reglas para la negociación colectiva. Se aumentan las causas de descuelgue para que las empresas abandonen el convenio colectivo que firmaron y se pone un límite temporal de dos años a la ultractividad (prórroga tras su vencimiento) de los convenios colectivos. Estas dos medidas olvidan uno de los principios generales del derecho como es el pacta sunt servanda (los pactado debe ser cumplido). Nos explicamos, nadie fuerza a empresarios y trabajadores a ponerse de acuerdo para la firma de un convenio. Por esto mismo, no parece adecuado que una de las partes tenga la potestad unilateral de romper un pacto cuando no fue obligada a firmarlo. Es una medida que va a provocar una enorme desequilibrio en las relaciones laborales. Es cierto, que se hace necesario flexibilizar la negociación colectiva y que uno de los medios es potenciar los convenios a nivel de empresa (medida que también se recoge en la propuesta gubernamental). Sin embargo, el legislador debería compensar el poder de negociación de todos los agentes intervinientes y no apostar sólo por una de las partes. Alguien podría pensar que las circunstancias pueden cambiar ser diferentes al momento de la firma y sea legítimo rescindir el pacto (Cláusula rebuc sic stantibus). Sin embargo, el Ejecutivo debería recordar que el Tribunal Supremo ha establecido prevalencia del primer principio sobre el segundo (STS 460/2010 de 14 de julio).

Como tercer punto relevante hay que hacer referencia a la potestad de las empresas de reducir el salario de los trabajadores menos productivos . De nuevo existe una potestad unilateral que desequilibra las relaciones entre empleador y empleado que puede provocar arbitrariedades a la hora de tomar decisiones. Desde estas páginas se ha defendido ligar el incremento de los salarios a la productividad de los trabajadores, ya que ligarlos a la inflación provoca un circulo vicioso con consecuencias graves para la economía. No obstante, permitir bajadas salariales ligadas exclusivamente a la discrecionalidad del empleador deja en una situación de completa desprotección al trabajador, puesto que si no acepta la bajada se verá abocado a la rescisión contractual con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Para el final hemos dejado los incentivos a la contratación. Los empresarios que contraten a jóvenes y a parados de larga duración recibirán subvenciones que oscilan entre los 3000-4500 euros. En este sentido, la propuesta puede ser positiva aunque insuficiente. Las medidas que apoyen la contratación deberían venir del lado de la reducción de los costes laborales y no de subvenciones que lastran las cuentas públicas y que no resuelven el problema de fondo. Además, existe el problema de la sustitución de los trabajadores más mayores por otros más jóvenes para la obtención de la subvención.

De nuestro análisis lo que apreciamos es que la reforma es equivocada e insuficiente. No se ataja el principal problema del mercado laboral español que es la dualidad en la contratación. No se recoge el contrato único con indemnización progresiva que puede ser una medida que acabe con la precariedad de los trabajadores temporales y además, se vuelve a apostar por la reducción de los costes de despido. Los Gobiernos siguen sin identificar el problema, le ocurrió al gobierno socialista y ahora le sucede al popular, puesto que piensan que con una norma se puede solucionar el problema de desempleo. Se debería tener en cuenta que la ecuación del empleo no sólo la forma la variable normativa, es necesario inversión, formación y una política industrial que en nuestro país es prácticamente inexistente.

Las conclusiones que se pueden sacar de la nueva regulación del mercado laboral son que por un lado se va a incentivar el despido como forma de resolución de las crisis empresariales y asimismo se lastrará la renta de los trabajadores. Por otro, es cierto que las empresas van a ver reducidos sus costes, pero si de lo que se trataba era de incentivar el empleo la reforma es equivocada. No obstante, como decía el profesor Luis Toharia “el principal efecto de las reformas laborales es el que nunca se previó”. Veremos.

La curva de Laffer y su vigencia en la actualidad

DOLAR17 300x200 La curva de Laffer y su vigencia en la actualidad

Vivimos una época marcada por las turbulencias fiscales. Los gobiernos preocupados por sus índices de déficit público y deuda han puesto en marcha políticas fiscales contractivas que se materializan en recortes de gasto o en subidas de impuestos. En este contexto, nos ha parecido interesante abordar un concepto económico conocido como la curva de Laffer.

Este debe su nombre al economista Arthur Laffer que a través de una curva teorizó acerca de la relación entre impuestos y recaudación. Existe una leyenda que explica que fue en una servilleta en la que Arthur Laffer dibujó su renombrada curva. Durante una cena en el restaurante Two Continents de Washington, en los años setenta, Laffer fue invitado por el jefe de Gabinete del entonces presidente Gerald Ford. Había otros comensales, como el periodista Jude Wanninski, de The Wall Street Journal, quien luego escribió en un libro esta anécdota. Laffer trataba de explicar al asesor de la Casa Blanca las ventajas de una rebaja fiscal y para ilustrar sus ideas, tiró de una servilleta y dibujó su famosa gráfica.

curvalaffer 300x205 La curva de Laffer y su vigencia en la actualidad

En el gráfico anterior podemos observar el modelo que ahora vamos a explicar. La curva de Laffer se dibuja con forma de U invertida para evidenciar que existe un punto óptimo en el que se maximiza la recaudación del Estado para un nivel determinado de impuestos. A partir de ese punto, si un Estado decide incrementar el gravamen a sus ciudadanos comenzará a reducirse la recaudación. Eso es así porque según la teoría los individuos estarán dispuestos a renunciar a horas de trabajo, ya que valoran más su tiempo de ocio debido a los impuestos excesivos.

Como observamos, la curva de Laffer se basa en el modelo microecónomico de ocio/consumo en el que se analizan las decisiones de los consumidores de acuerdo a sus preferencias y restricciones temporales. No obstante, este modelo (como todos) peca de reduccionista y se olvida de que en la práctica los individuos no pueden elegir cuantas horas pueden o no trabajar.

Sin embargo, a pesar del escaso rigor matemático de la curva de Laffer y de su excesiva teorización de la economía, este concepto puede ser relevante a la hora de hablar de reformas impositivas. Existe un aspecto que no se le puede negar a esta curva, y es que efectivamente existe un nivel de impuestos óptimo. En este sentido, tendremos que buscar evidencias que nos ayuden a determinar si estamos en el lado izquierdo o derecho de la curva para saber que política impositiva nos conviene mas.

Vamos a tratar de explicarlo mejor con un ejemplo. En España la tasa de desempleo ha dejado unos números de 5.279.000 parados. Este dato puede evidenciar que los tributos referentes al mercado de trabajo (Seguridad Social e IRPF) se encuentren en el lado derecho de la curva, de modo que los individuos se vean apartados del mercado de trabajo o se encuentren trabajando de forma sumergida. Es decir, como los impuestos son elevados para empresarios y trabajadores, unos y otros están dispuestos a renunciar a la protección del sistema público y realizar su trabajo de un modo encubierto. Por tanto, en una situación como esta si redujéramos los tipos de la Seguridad Social y del IRPF, empresarios y trabajadores estarían dispuestos a legalizar su situación, ya que los costes serían inferiores y la posible sanción al ser descubiertos no les saldrían tan rentable. De esta forma, reduciendo los tipos impositivos el Estado no dejaría de recaudar, sino que aumentaría sus ingresos. Volviendo al concepto de Laffer pasaríamos de encontrarnos en la parte derecha de la curva a un nivel cercano al óptimo.

No obstante, si utilizamos este concepto de forma ilimitada podemos encontrarnos en una situación contraria. Es decir, tenemos que tener evidencias suficientes del lado de la curva en el que nos encontramos, ya que si estamos en el lado izquierdo un descenso de los impuestos afectaría a la recaudación y al bienestar de los ciudadanos.

Para concluir, nos gustaría hacer referencia a las distintas interpretaciones que se realizan de esta curva, ya que podemos caer en un error si reducimos la interpretación de la curva a que las bajadas de impuestos pueden tener un efecto positivo en la recaudación. Como hemos explicado, es importante no olvidar que la curva tiene dos partes y se hace necesario determinar en que lado nos encontramos para concluir si las bajadas o subidas de impuestos tienen un efecto positivo para la actividad económica. Si somos especialmente reduccionistas y pensamos que la curva de Laffer sólo la forma la pendiente descendente de la parte derecha corremos el riesgo de implementar políticas impositivas perjudiciales para la economía.

¿Quién paga la subida del IRPF?

deuda ¿Quién paga la subida del IRPF?

El nuevo año nos ha traído consigo una subida de impuestos para atajar los dos puntos imprevistos que han situado el déficit público en el 8 %. El incremento fiscal ha recaído, esta vez, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de un aumento extraordinario con carácter temporal (dos años), y que se ha realizado bajo los criterios de justicia y equidad.

A continuación nos proponemos analizar a quién afecta en su mayor parte esta reforma fiscal.

Si atendemos a la teoría del IRPF, observaremos que este tributo se define como un impuesto que grava la renta universal de las personas físicas y tiene un carácter progresivo. ¿Qué significa este último aspecto? La progresividad fiscal viene determinada por la aplicación de un tipo de gravamen superior a aquellos sujetos pasivos que presenten declaraciones con rentas superiores. Veámoslo con un ejemplo:

El señor A tiene una renta de 20000 unidades monetarias  y tendrá que hacer frente al pago de un 10 % de la misma.

El señor B tiene una renta de 25000 unidades monetarias y tendrá que hacer frente al pago de un 15 % de la misma.

Como se observa, la cuota resultante a pagar aumenta más que proporcionalmente la renta de cada individuo.

No obstante, la teoría es distinta a la práctica, puesto que el IRPF no es un impuesto perfectamente progresivo. Estamos ante un tributo complejo donde existen innumerables deducciones tanto en la base imponible, como en la cuota resultante de la aplicación del tipo de gravamen. Además los rendimientos no se gravan de forma uniforme, esto es, a los rendimientos provenientes del trabajo se les aplica un grado de progresividad mucho más pronunciado, en tanto que pueden llegar a soportar tipos marginales de hasta el 56 %. Sin embargo, los rendimientos procedentes del capital (ahorro) están bonificados y se gravan con un 19 y 21 % dependiendo de si la base supera los 6000 euros. Por tanto, la progresividad está limitada.

Llegados a este punto es momento de referirnos a las estadísticas del impuesto. ¿Quién paga el IRPF? En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen las bases imponibles de los sujetos declarantes de este tributo.

Tramos de Rend. e Imputac.

(miles de euros)

LIQUIDACIONES PARTIDA
Número

Distribución

Número

Negativo y Cero 39.404 0,21
Hasta 1,5 473.689 2,56
1,5 – 6 2.269.586 12,28
6 – 12 3.748.179 20,29
12 – 21 5.334.477 28,87
21 – 30 2.962.186 16,03
30 – 60 2.916.475 15,78
60 – 150 648.002 3,51
150 – 601 77.667 0,42
Mayor de 601 6.725 0,04
Total 18.476.390 100,00

Fuente: Agencia Tributaria 2009

Se puede observar que la distribución en los tramos más altos de renta apenas supone un 4-5 %. Quiere decirse que es un impuesto que afecta fundamentalmente a la clase media. Si atendemos a los datos de recaudación esperada con la reforma, se puede aseverar que serán los ciudadanos con rentas más bajas los que pagarán el grueso del ajuste, el 95% del total. Esto es así porque las grandes fortunas y las verdaderas rentas altas no tributan vía IRPF, sino que lo hacen a través de figuras tributarias que afectan a las personas jurídicas.

En cuanto a la reforma de la tributación de los rendimientos del capital tenemos que decir que la reforma considera rentas altas a aquellos que presentan bases liquidables del ahorro superiores a 24000 euros. En la tabla que presentamos a continuación observamos que dichos rendimientos son obtenidos por un 30 % de los contribuyentes. Por consiguiente, dos de cada tres euros de la subida fiscal serán pagados por pequeños ahorradores.

Tramos de Rend. e Imputac.

(miles de euros)

LIQUIDACIONES PARTIDA
Número

Distribución

Número

Negativo y Cero 0 0
Hasta 1,5 173 0,00
1,5 – 6 138.667 1,09
6 – 12 2.281.514 17,89
12 – 21 4.324.967 33,92
21 – 30 2.628.920 20,62
30 – 60 2.681.641 21,03
60 – 150 613.172 4,81
150 – 601 76.131 0,60
Mayor de 601 6.751 0,05
Total 12.751.936 100,00

Fuente: Agencia Tributaria 2009

Vistas las estadísticas del impuesto, es momento de analizar el concepto que justifica la subida, esto es, la equidad. En materia fiscal la equidad se divide en horizontal y vertical.  El primer concepto se refiere a que los sujetos con las mismas rentas tengan cargas tributarias semejantes. Por otro lado, el concepto vertical determina que aquellos que tengan rentas mayores deben soportar impuestos mayores. Si atendemos a las estadísticas analizadas observamos que hay individuos que se escapan a la acción del IRPF y que con toda seguridad tienen más rentas que otros que se ven obligados a pagarlo. De esta manera, la reforma fiscal no mejora un aspecto como el de la equidad vertical, puesto que las grandes fortunas seguirán tributando vía sociedad a tipos ínfimos que en algunos casos no superan el 1 %.

Antes de finalizar nuestro análisis nos ha parecido interesante comentar dos aspectos jurídicos que tienen importancia a la hora de estudiar la reforma del IRPF. En primer lugar, hay que hacer referencia a que la reforma podría vulnerar la doctrina constitucional de la reserva de ley en materia tributaria. Concretamente, la STC 221/1992 (entre otras) establece que los aspectos esenciales de los tributos tienen que ser establecidos mediante ley, es decir, se establece una reserva de ley relatva. Entre estos aspectos se incluyen los tipos de gravamen, que son los que se modifican en esta reforma extraordinaria. Podríamos concluir que la subida del IRPF bordea la doctrina constitucional y es probable que el Alto Tribunal dé un revolcón al Ejecutivo.

En segundo lugar, tenemos el aspecto confiscatorio. La Constitución Española establece que el sistema tributario en ningún caso podrá tener un afán confiscatorio. En este sentido, los Técnicos de Hacienda se han posicionado estableciendo como límite el 50 % para marcar la frontera entre recaudación y confiscación. Sin embargo, con las subidas de ciertos tramos autonómicos esta última reforma ha situado el tipo marginal máximo de gravamen en algunas autonomías en el 56 %. Estamos ante un punto controvertido y que el Gobierno debería haber tenido en cuenta a la hora de implementar su propuesta tributaria.

A lo largo de esta exposición hemos analizado que la reforma fiscal aunque a priori parece progresiva no lo es en la práctica. Estaríamos ante una reforma equitativa y progresiva si todos los sujetos pasivos estuvieran dentro del ámbito de acción del IRPF, pero las matemáticas demuestran que el ajuste recae sobre la clase media en su mayor medida. Por otra parte, la reforma plantea dos dudas jurídicas de enorme calado que el Gobierno debería haberse planteado a pesar de tratarse de un caso de extraordinaria urgencia.

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