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Economía y Finanzas desde el Corazón de la Mancha

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Ferrocarril y monopolio natural

ave Ferrocarril y monopolio natural

Una de las posibilidades que tienen los gobiernos para que entre dinero a las cuentas públicas es la privatización de las empresas de las que son titulares. Con el entorno actual, ha saltado a la palestra la privatización y la consecuente liberalización del sector del ferrocarril en España. En esta ocasión, nos proponemos analizar los efectos que tendría una decisión de estas características.

Para comenzar con nuestro análisis, tenemos que decir que en España el ferrocarril representa un monopolio, ya que este servicio está en manos de dos empresas de titularidad estatal, Adif y Renfe. La primera se encarga de administrar las infraestructuras (las vías y estaciones) y la segunda se dedica a la prestación del servicio de transporte. En este sentido, tenemos que decir que la supuesta privatización recaería en la empresa prestadora del servicio (Renfe) y el Estado se quedaría con la administración de la infraestructura.

Vista la introducción, es momento de preguntarse si es conveniente una privatización y liberalización de este sector. Para entender los efectos tenemos que partir de un concepto denominado monopolio natural. Cuando en economía se define monopolio se dice que es una situación donde existe un único oferente y muchos demandantes. Esto provoca que el monopolista al tener un poder de mercado importante pueda establecer un precio por encima del competitivo, obteniendo mayores beneficios que en una situación de competencia. Por su parte, los demandantes ven reducida su utilidad al tener que afrontar este precio superior. Vista esta definición podríamos asegurar que sería conveniente la privatización y liberalización del servicio de transporte por ferrocarril. Sin embargo, este mercado presenta una característica especial que conviene reseñar. Esta no es otra que ser el ejemplo perfecto del concepto que mencionábamos anteriormente, el monopolio natural. Para entenderlo, un monopolio natural sucede cuando el bien o servicio que se oferta sólo es rentable si es ofrecido únicamente por un oferente. ¿Por qué ocurre esta situación? Esto aparece en aquellos bienes o servicios cuya oferta requiere una inversión inicial en forma de costes fijos muy elevada. Además a esta inversión hay que añadirle unos elevados costes de mantenimiento. La única forma de hacer “rentable” esa actividad es desempeñándola con exclusividad para compensar la inversión con el precio que se cobra por el bien o el servicio. En el caso que nos ocupa la fuerte inversión se representa con la compra de los trenes. A ello, hay que añadir que la demanda de este servicio es limitada, ya que existen servicios sustitutivos perfectos al transporte por ferrocarril (coche, autobús o avión). Además la demanda de este servicio siempre será limitada, ya que no dependerá exclusivamente del precio e influir en la misma factores como los gustos particulares de los individuos a la hora de viajar.

Con esta explicación lo que buscamos es hacer entender que la competencia en este sector no va a llevar a que el transporte por ferrocarril descienda su precio. Las empresas que decidan entrar en este mercado van a tener que hacer frente a una inversión elevada que va a conllevar que necesiten cobrar unos precios importantes por viajar. Si el desempeño de esta actividad lo realizan muchas empresas, estas no van a tener libertad para establecer el precio e incurrirán en pérdidas. Por tanto, la única posibilidad será reducir los costes al mínimo posible y en un servicio como el ferrocarril puede suponer que los medios utilizados para su desempeño no sean todo lo seguros que debieran.

Este razonamiento que hemos expuesto fue al que llego la ex Primera Ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Como es sabido por todos, Thatcher es la madre de la gestión privada de los servicios públicos, sin embargo en el caso del ferrocarril entendió que no era conveniente introducir esa fórmula en su país. Más tarde, cuando fue sustituida por John Major se decidió privatizar y liberalizar este sector. Ni que decir tiene que no fue la mejor de las decisiones y que fue una de las gotas que provocaron que Major no saliera bien parado en su estancia en el gobierno inglés.

Por todo ello, nos parece que el efecto recaudatorio en un primer momento no compensa a las consecuencias negativas que tendría la privatización y liberalización de este mercado. Además, es importante que el Estado siga asegurando el transporte público a localidades donde una empresa privada jamás lo prestaría.

¿Es excesivo el gasto público?

deuda ¿Es excesivo el gasto público?

Estamos inmersos estos días en una tormenta financiera que azota nuestro país sembrando dudas sobre nuestra solvencia para cumplir con los acreedores. Este hecho, provoca que el discurso dominante insista de forma obsesiva en que reducir el gasto público es la única forma de salir de la crisis.

Esta idea se ha convertido en dogma haciendo creer que el problema de nuestra economía es haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Dicha circunstancia habría sido provocada por los elevados déficits de las distintas administraciones públicas que con el aumento irresponsable del gasto han elevado los niveles de deuda a cifras insostenibles.

La única solución por tanto, sería reducir el gasto hasta llevar la deuda a un nivel donde nuestra solvencia no se ponga en duda. Sin embargo, sería interesante que estas afirmaciones se acompañaran por datos. Esto es lo que hoy nos proponemos hacer, analizar mediante estadísticas los niveles de gasto público y de ingresos de España para identificar el verdadero problema.

Para realizar el análisis vamos a partir de los últimos datos oficiales disponible en cuanto a gasto público se refiere (Eurostat 2010). A continuación, presentamos una tabla con el porcentaje de gasto público con respecto al PIB de la Europa de los 27.

gráfico ¿Es excesivo el gasto público?

En la tabla se puede observar que nuestro país se encuentra a la cola de la Unión Europea en cuanto a niveles de gasto público se refiere. Los datos demuestran que en comparación con los grandes países de la Unión (Alemania, Francia o Reino Unido) somos el estado que menos porcentaje de nuestro PIB dedicamos a gasto público, y lo que es más significativo aún, estamos en un nivel considerablemente inferior a la media europea. Además, los datos nos dejan una conclusión importante, puesto que son los países más desarrollados de Europa los que dedican un mayor porcentaje de su PIB a gasto público. Sin embargo, los menos desarrollados son los que presentan tasas inferiores.

Lo que se hace evidente es que nuestro problema no es un excesivo gasto público, sino al contrario, puesto que tenemos tasas muy inferiores a la de nuestros socios que provocan que los servicios públicos no tengan la calidad que todos desearíamos.

Vistos los datos, deberíamos preguntarnos ¿Dónde está el problema? La respuesta la tenemos en los ingresos fiscales. Nuestra estructura impositiva ha estado muy ligada a la burbuja inmobiliaria por lo que cuando esta ha explotado se ha presentado un problema grave de recaudación.

En economía se suele creer que los impuestos son una variable exógena que va unida al ciclo económico. Sin embargo, los tributos tienen una parte normativa que es la que va a garantizar la capacidad recaudatoria en cada fase del ciclo. En España desde los años noventa se ha tendido a desfiscalizar la actividad económica sucumbiendo a la teoría que asegura que menores niveles impositivos favorecen la producción.

El resultado es que la rebaja de recaudación vía IRPF e Impuesto de Sociedades, la eliminación de los Impuestos de Patrimonio o Sucesiones y el escaso control sobre el fraude nos han dejado expuestos a que una recesión lastre la recaudación de los ingresos públicos. De hecho, si comparamos la evolución de los ingresos fiscales de nuestro país con el resto de Europa encontraremos el problema. Nuestros ingresos se han reducido significativamente con la explosión de la burbuja, mientras que otros países los han mantenido pese a que sus economías se han enfrentado a caídas del crecimiento más pronunciadas que España .

La conclusión que se puede sacar de nuestro análisis es que se hace necesaria una reforma fiscal profunda, que cambie los grandes pilares de la recaudación pública dando más peso a tributos estructurales que no dependan de los ciclos económicos. De esta manera, el tratamiento tiene que emplearse por la vía de los ingresos no mediante reducciones del gasto que ponen en peligro la recuperación económica, y lo que es peor, el aseguramiento de servicios públicos irrenunciables como sanidad, ciencia o educación. Para finalizar tenemos que decir que el discurso “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” no resiste a las matemáticas como así lo demuestran las estadísticas. Es más, ese discurso lleva implícito un cambio de modelo que lleva a que los servicios públicos sean provistos por entidades privadas. Por todo ello, les preguntamos ¿Aún se creen ese cuento?

Devaluación fiscal, ¿Una buena alternativa?

DOLAR17 300x200 Devaluación fiscal, ¿Una buena alternativa?

El pasado viernes se presentaron los Presupuestos Generales del Estado y el debate económico se ha centrado desde entonces en aspectos como la amnistía fiscal o el recorte presupuestario de los Ministerios. Hoy hemos querido alejarnos un poco del centro de la discusión y presentar una idea que nos ha parecido cuanto menos ingeniosa.

Tenemos que recordar que el Estado puede realizar su política económica desde dos puntos de vista. Por un lado, tenemos la política fiscal donde se interviene en la actividad económica mediante la subida/bajada de impuestos y el incremento/reducción del gasto público. Por otro lado, tenemos la política monetaria donde mediante devaluaciones/evaluaciones de la moneda se puede mejorar la competitividad con respecto al resto de países.

Una alternativa a la obsesión por la política fiscal sería una devaluación de nuestra moneda. Mediante esta medida, lo que provocamos es que nuestros productos se hagan más baratos con respecto a los productos extranjeros y que se vuelvan más atractivos de cara a su exportación. Sin embargo, esta opción presentaría un inconveniente que es el empobrecimiento relativo de los ciudadanos españoles, ya que los productos extranjeros se convertirían en bienes más caros y menos accesibles para todos.

No obstante, es una propuesta interesante porque nuestras empresas se volverían más competitivas, y al aumentar sus ventas al exterior seguro que necesitaban más capital humano reduciéndose con ello la tasa de desempleo.

De hecho, esta medida no es novedosa y ha sido empleada en diversas ocasiones a lo largo de nuestra historia económica. En la crisis de 1993 el Ministro de Economía Carlos Solchaga impulsó hasta 9 “devaluaciones competitivas”. Esta circunstancia, ayudó a que esa recesión se superara rápidamente en lo que se conoce en economía como recuperación en V.

Existen en la terminología económica tres tipos de letras que ayudan a ilustrar la recesión y la recuperación económica. Una recuperación en V (como la que hemos comentado anteriormente), se produce cuando recesión y recuperación se producen de forma rápida y pronunciada. Por su parte, una recuperación en W es aquella en la que se produce una fuerte caída del crecimiento, posteriormente una leve recuperación y recaída; y finalmente un crecimiento sostenido. Por último, tenemos la letra L, en este tipo de crisis se produce una recesión grave seguida de un estancamiento prolongado. Esta última ilustración se corresponde con la situación económica actual.

Seguramente cualquier lector, llegado este punto, diría que lo que comentamos es imposible porque nuestro Gobierno no tiene en sus manos la política monetaria, ya que esta es responsabilidad del Banco Central Europeo. De hecho, este organismo parece cada día más propicio a practicar una política monetaria contractiva (subiendo el precio del dinero) para protegernos del orco de la inflación y que este monstruo no se escape de su caverna. Ciertamente, nuestros lectores llevan razón, pero existe una alternativa desde el punto de vista fiscal para lograr este mismo objetivo.

Los profesores de Harvard Emmanuel Fahri y Gita Gopinath y el profesor de Princeton Oleg Itskhoki han elaborado una interesante propuesta para solventar los desequilibrios comerciales que afectan a algunos países europeos.

La medida de estos profesores consiste en lograr los efectos de la devaluación monetaria mediante un cambio de impuestos. Se trataría de elevar los tipos de gravamen del IVA (una posibilidad sería una armonización del tipo general y el reducido en el 15 %, manteniendo el superreducido en el 4 %) y reducir las cargas sociales que suponen un coste en la contratación. Con la subida del IVA, todos los productos que se venden en España van a incrementar su precio, esto es, productos nacionales y extranjeros. Sin embargo, las empresas españolas que vendan productos al exterior no se verían afectadas por este incremento del impuesto, ya que el IVA no afecta a los productos que se exportan. Por otro lado, si se reducen las cotizaciones sociales, se van a abaratar únicamente los costes de las empresas españolas, o que empleen personal en nuestro país. La conclusión es que se obtendría el mismo efecto que con la devaluación monetaria, es decir, encarecimiento de los productos extranjeros y abaratamiento de los nacionales.

No obstante, también se van a producir los mismos inconvenientes. De todos ellos, tenemos que volver a destacar el empobrecimiento de la población afectada por la subida del IVA. Sin  embargo, deberíamos analizar si los beneficios de ser más competitivos podrían superar este inconveniente, ya que se podría incentivar la contratación y ayudar a la solución del grave problema que es el desempleo.

En cualquier caso, no es una medida perfecta aunque si ingeniosa. Nuestros representantes deberían abandonar la fórmula de optar por la solución más fácil (recortar las grandes partidas del gasto) y buscar soluciones que ocasionaran un menor coste social. La tarea de gobernar no se puede resumir en buscar la opción más fácil, puesto que lo que uno busca de sus gobernantes es que analicen las opciones y elijan la mejor para el conjunto de la ciudadanía, aunque esa alternativa sea más compleja. Propuestas como la devaluación fiscal pueden entrar dentro de ese tipo de opciones y merecen ser consideradas por aquellos que tienen la oportunidad de tomar las decisiones.

Dación en pago, ¿Solución?

 Dación en pago, ¿Solución?

Recientemente el Ministro de Economía, Luis De Guindos, ha elaborado un plan por el cual se busca incentivar que los bancos acepten la dación en pago como forma de resolución de las hipotecas de aquellos deudores que no pueden hacer frente a los pagos de las cuotas.

Nos ha parecido interesante abordar esta cuestión y analizar el modelo de legislación hipotecaria y cómo se podría mejorar el mismo.

Antes de entrar en mayor detalle debemos definir lo que se entiende por dación en pago. Este sería el acto, en virtud del cual, el acreedor acepta que el deudor realice, a título de pago, una prestación diversa de la debida que será aceptada en sustitución de la prestación originaria. Sin embargo, popularmente se conoce la dación en pago como la entrega del inmueble cuando el deudor no puede hacer frente a los pagos de su crédito hipotecario. Efectivamente, este modo de resolución de la obligación hipotecaria entra dentro del concepto de dación en pago, aunque no es exclusivo como hemos visto en su definición.

Visto el concepto es momento de realizar un análisis sobre los efectos que tendría la extensión generalizada de la dación en pago en los contratos hipotecarios. En este sentido, las entidades financieras se convertirían en empresas inmobiliarias, puesto que asumirían un doble riesgo. Por un lado, tendrían que tener en cuenta que el deudor podría dejarles de pagar, y por otro deberían tener en cuenta la volatilidad del precio de los inmuebles. Hasta ahora, los bancos y cajas de ahorro sólo han tenido que hacer frente al primero de los riesgos, pero si se acepta la dación en pago como forma de resolución de los contratos hipotecarios tendrán que hacer frente al segundo. El principal efecto de esta medida sería que las entidades financieras cerrarían aún más el grifo del crédito, e incluso pedirían mayores garantías a futuros compradores de viviendas.

Como vemos, no es la mejor de las medidas si lo que buscamos es que el crédito vuelva a fluir entre particulares y empresas. No obstante, la legislación hipotecaria merece una revisión al ser manifiestamente injusta. Nos explicamos, actualmente si un individuo no hace frente a los pagos de su hipoteca el banco puede ejecutar su casa. Esto supone ponerla en venta a través de subasta y así cobrar el crédito. Sin embargo, si no existen subasteros (algo bastante frecuente) la entidad financiera puede quedarse con el inmueble por la mitad del valor al que fue iniciada la subasta. De este modo, el deudor pierde su vivienda y además persiste su crédito.

Vista la normativa se puede decir que existe un desequilibrio entre acreedor y deudor. Sería deseable introducir mejoras que pasarían en primer lugar porque el valor de la tasación original del inmueble sea vinculante a la hora de adjudicarse la vivienda. No parece lógico que el banco tasara la casa de forma unilateral en el momento del otorgación del crédito y después se olvide de éste. Además si el banco obtiene un beneficio posterior por la venta de vivienda adjudicada la deuda vigente debería ser detraída en la cuantía de la plusvalía obtenida por el acreedor.

Por último, se deberían adoptar medidas complementarias que tuvieran en cuenta situaciones extraordinarias donde los deudores no puedan afrontar los pagos debido a una situación sobrevenida de desempleo. Se debe tener en cuenta que la vivienda es un bien de especial sensibilidad y sería preferible para todos los agentes intervinientes adoptar medidas flexibilizadoras. Ejemplos de las mismas serían la renegociación de la deuda o la suspensión de las cuotas mientras dure la situación de paro. Además, desde los poderes públicos se debería impulsar el alquiler preferente de las viviendas ejecutadas a los deudores que no pudieron pagar las cuotas.

Para concluir, debemos decir que la dación en pago no es la mejor de las medidas para evitar los desahucios ni para solucionar la morosidad crediticia. De hecho, si se impone esta medida a los bancos, tendremos efectos contractivos con respecto a los créditos otorgados a las familias. Sin embargo, la legislación vigente está provocando que las relaciones entre deudores y acreedores no estén equilibradas, y por tanto merece una reflexión y una actuación en consonancia.

Los efectos de la Reforma Laboral

tn parados 300x200 Los efectos de la Reforma Laboral

Vivimos en un país donde consideramos que cada uno de los problema que se nos presenta se puede solucionar con una disposición legislativa. En este sentido, el principal problema de nuestra sociedad, el paro, no es una excepción sino que cada gobierno que tiene la ocasión decide intervenir normativamente en el marcado laboral. De hecho, desde que se aprobara el Estatuto de los Trabajadores en 1980 se han producido 52 reformas de dicha ley. El nuevo gobierno presidido por Mariano Rajoy no ha perdido su oportunidad y el pasado viernes presentó la suya que se aprobará mediante Decreto-Ley.

Para saber si la reforma será un éxito o no, nos proponemos analizar los efectos que tendrían cada una de las propuestas.

En cuanto al despido, se ha rebajado la indemnización por despido improcedente desde 45 a 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Sin embargo, existe una disposición que amplía las causas de despido objetivo por razones económicas, técnicas, organizativa o de producción que es la reducción de los ingresos durante tres trimestres consecutivos. Dicha medida implica que el despido objetivo se vaya a generalizar a partir de la entrada en vigor de la norma, puesto que en el contexto de crisis económica es difícil encontrar empresas que no hayan reducido sus ingresos. Llegados a este punto nos preguntamos ¿De verdad en un país con 5 millones de parados es necesario reducir aún más la indemnización por despido? ¿Acaso está siendo difícil prescindir de trabajadores? Hay que recordar que el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores introdujo lo que se conoce como despido exprés, donde el empresario podía reconocer la improcedencia del despido y depositar la indemnización para el trabajador. De esta manera, se podía ahorrar los salarios de tramitación que tanto lastraban a los empleadores. Por tanto, despedir con la legislación vigente no era imposible, si acaso más o menos caro, pero el mercado de trabajo poseía flexibilidad suficiente como así lo indican los datos de la tasa de desempleo. Todo ello nos lleva considerar que esta medida no es óptima si lo que se pretende es incentivar la contratación. Más eficiente resultaría reducir los costes de contratación, esto es, los costes de la Seguridad Social. De hecho, se podría conseguir un doble objetivo aumentar la contratación y la recaudación, ya que la reducción de las cargas sociales motivaría el afloramiento de parte de los contratos laborales de la economía sumergida.

En otro orden de asuntos, la reforma laboral establece nuevas reglas para la negociación colectiva. Se aumentan las causas de descuelgue para que las empresas abandonen el convenio colectivo que firmaron y se pone un límite temporal de dos años a la ultractividad (prórroga tras su vencimiento) de los convenios colectivos. Estas dos medidas olvidan uno de los principios generales del derecho como es el pacta sunt servanda (los pactado debe ser cumplido). Nos explicamos, nadie fuerza a empresarios y trabajadores a ponerse de acuerdo para la firma de un convenio. Por esto mismo, no parece adecuado que una de las partes tenga la potestad unilateral de romper un pacto cuando no fue obligada a firmarlo. Es una medida que va a provocar una enorme desequilibrio en las relaciones laborales. Es cierto, que se hace necesario flexibilizar la negociación colectiva y que uno de los medios es potenciar los convenios a nivel de empresa (medida que también se recoge en la propuesta gubernamental). Sin embargo, el legislador debería compensar el poder de negociación de todos los agentes intervinientes y no apostar sólo por una de las partes. Alguien podría pensar que las circunstancias pueden cambiar ser diferentes al momento de la firma y sea legítimo rescindir el pacto (Cláusula rebuc sic stantibus). Sin embargo, el Ejecutivo debería recordar que el Tribunal Supremo ha establecido prevalencia del primer principio sobre el segundo (STS 460/2010 de 14 de julio).

Como tercer punto relevante hay que hacer referencia a la potestad de las empresas de reducir el salario de los trabajadores menos productivos . De nuevo existe una potestad unilateral que desequilibra las relaciones entre empleador y empleado que puede provocar arbitrariedades a la hora de tomar decisiones. Desde estas páginas se ha defendido ligar el incremento de los salarios a la productividad de los trabajadores, ya que ligarlos a la inflación provoca un circulo vicioso con consecuencias graves para la economía. No obstante, permitir bajadas salariales ligadas exclusivamente a la discrecionalidad del empleador deja en una situación de completa desprotección al trabajador, puesto que si no acepta la bajada se verá abocado a la rescisión contractual con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Para el final hemos dejado los incentivos a la contratación. Los empresarios que contraten a jóvenes y a parados de larga duración recibirán subvenciones que oscilan entre los 3000-4500 euros. En este sentido, la propuesta puede ser positiva aunque insuficiente. Las medidas que apoyen la contratación deberían venir del lado de la reducción de los costes laborales y no de subvenciones que lastran las cuentas públicas y que no resuelven el problema de fondo. Además, existe el problema de la sustitución de los trabajadores más mayores por otros más jóvenes para la obtención de la subvención.

De nuestro análisis lo que apreciamos es que la reforma es equivocada e insuficiente. No se ataja el principal problema del mercado laboral español que es la dualidad en la contratación. No se recoge el contrato único con indemnización progresiva que puede ser una medida que acabe con la precariedad de los trabajadores temporales y además, se vuelve a apostar por la reducción de los costes de despido. Los Gobiernos siguen sin identificar el problema, le ocurrió al gobierno socialista y ahora le sucede al popular, puesto que piensan que con una norma se puede solucionar el problema de desempleo. Se debería tener en cuenta que la ecuación del empleo no sólo la forma la variable normativa, es necesario inversión, formación y una política industrial que en nuestro país es prácticamente inexistente.

Las conclusiones que se pueden sacar de la nueva regulación del mercado laboral son que por un lado se va a incentivar el despido como forma de resolución de las crisis empresariales y asimismo se lastrará la renta de los trabajadores. Por otro, es cierto que las empresas van a ver reducidos sus costes, pero si de lo que se trataba era de incentivar el empleo la reforma es equivocada. No obstante, como decía el profesor Luis Toharia “el principal efecto de las reformas laborales es el que nunca se previó”. Veremos.

La curva de Laffer y su vigencia en la actualidad

DOLAR17 300x200 La curva de Laffer y su vigencia en la actualidad

Vivimos una época marcada por las turbulencias fiscales. Los gobiernos preocupados por sus índices de déficit público y deuda han puesto en marcha políticas fiscales contractivas que se materializan en recortes de gasto o en subidas de impuestos. En este contexto, nos ha parecido interesante abordar un concepto económico conocido como la curva de Laffer.

Este debe su nombre al economista Arthur Laffer que a través de una curva teorizó acerca de la relación entre impuestos y recaudación. Existe una leyenda que explica que fue en una servilleta en la que Arthur Laffer dibujó su renombrada curva. Durante una cena en el restaurante Two Continents de Washington, en los años setenta, Laffer fue invitado por el jefe de Gabinete del entonces presidente Gerald Ford. Había otros comensales, como el periodista Jude Wanninski, de The Wall Street Journal, quien luego escribió en un libro esta anécdota. Laffer trataba de explicar al asesor de la Casa Blanca las ventajas de una rebaja fiscal y para ilustrar sus ideas, tiró de una servilleta y dibujó su famosa gráfica.

curvalaffer 300x205 La curva de Laffer y su vigencia en la actualidad

En el gráfico anterior podemos observar el modelo que ahora vamos a explicar. La curva de Laffer se dibuja con forma de U invertida para evidenciar que existe un punto óptimo en el que se maximiza la recaudación del Estado para un nivel determinado de impuestos. A partir de ese punto, si un Estado decide incrementar el gravamen a sus ciudadanos comenzará a reducirse la recaudación. Eso es así porque según la teoría los individuos estarán dispuestos a renunciar a horas de trabajo, ya que valoran más su tiempo de ocio debido a los impuestos excesivos.

Como observamos, la curva de Laffer se basa en el modelo microecónomico de ocio/consumo en el que se analizan las decisiones de los consumidores de acuerdo a sus preferencias y restricciones temporales. No obstante, este modelo (como todos) peca de reduccionista y se olvida de que en la práctica los individuos no pueden elegir cuantas horas pueden o no trabajar.

Sin embargo, a pesar del escaso rigor matemático de la curva de Laffer y de su excesiva teorización de la economía, este concepto puede ser relevante a la hora de hablar de reformas impositivas. Existe un aspecto que no se le puede negar a esta curva, y es que efectivamente existe un nivel de impuestos óptimo. En este sentido, tendremos que buscar evidencias que nos ayuden a determinar si estamos en el lado izquierdo o derecho de la curva para saber que política impositiva nos conviene mas.

Vamos a tratar de explicarlo mejor con un ejemplo. En España la tasa de desempleo ha dejado unos números de 5.279.000 parados. Este dato puede evidenciar que los tributos referentes al mercado de trabajo (Seguridad Social e IRPF) se encuentren en el lado derecho de la curva, de modo que los individuos se vean apartados del mercado de trabajo o se encuentren trabajando de forma sumergida. Es decir, como los impuestos son elevados para empresarios y trabajadores, unos y otros están dispuestos a renunciar a la protección del sistema público y realizar su trabajo de un modo encubierto. Por tanto, en una situación como esta si redujéramos los tipos de la Seguridad Social y del IRPF, empresarios y trabajadores estarían dispuestos a legalizar su situación, ya que los costes serían inferiores y la posible sanción al ser descubiertos no les saldrían tan rentable. De esta forma, reduciendo los tipos impositivos el Estado no dejaría de recaudar, sino que aumentaría sus ingresos. Volviendo al concepto de Laffer pasaríamos de encontrarnos en la parte derecha de la curva a un nivel cercano al óptimo.

No obstante, si utilizamos este concepto de forma ilimitada podemos encontrarnos en una situación contraria. Es decir, tenemos que tener evidencias suficientes del lado de la curva en el que nos encontramos, ya que si estamos en el lado izquierdo un descenso de los impuestos afectaría a la recaudación y al bienestar de los ciudadanos.

Para concluir, nos gustaría hacer referencia a las distintas interpretaciones que se realizan de esta curva, ya que podemos caer en un error si reducimos la interpretación de la curva a que las bajadas de impuestos pueden tener un efecto positivo en la recaudación. Como hemos explicado, es importante no olvidar que la curva tiene dos partes y se hace necesario determinar en que lado nos encontramos para concluir si las bajadas o subidas de impuestos tienen un efecto positivo para la actividad económica. Si somos especialmente reduccionistas y pensamos que la curva de Laffer sólo la forma la pendiente descendente de la parte derecha corremos el riesgo de implementar políticas impositivas perjudiciales para la economía.

¿Quién paga la subida del IRPF?

deuda ¿Quién paga la subida del IRPF?

El nuevo año nos ha traído consigo una subida de impuestos para atajar los dos puntos imprevistos que han situado el déficit público en el 8 %. El incremento fiscal ha recaído, esta vez, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de un aumento extraordinario con carácter temporal (dos años), y que se ha realizado bajo los criterios de justicia y equidad.

A continuación nos proponemos analizar a quién afecta en su mayor parte esta reforma fiscal.

Si atendemos a la teoría del IRPF, observaremos que este tributo se define como un impuesto que grava la renta universal de las personas físicas y tiene un carácter progresivo. ¿Qué significa este último aspecto? La progresividad fiscal viene determinada por la aplicación de un tipo de gravamen superior a aquellos sujetos pasivos que presenten declaraciones con rentas superiores. Veámoslo con un ejemplo:

El señor A tiene una renta de 20000 unidades monetarias  y tendrá que hacer frente al pago de un 10 % de la misma.

El señor B tiene una renta de 25000 unidades monetarias y tendrá que hacer frente al pago de un 15 % de la misma.

Como se observa, la cuota resultante a pagar aumenta más que proporcionalmente la renta de cada individuo.

No obstante, la teoría es distinta a la práctica, puesto que el IRPF no es un impuesto perfectamente progresivo. Estamos ante un tributo complejo donde existen innumerables deducciones tanto en la base imponible, como en la cuota resultante de la aplicación del tipo de gravamen. Además los rendimientos no se gravan de forma uniforme, esto es, a los rendimientos provenientes del trabajo se les aplica un grado de progresividad mucho más pronunciado, en tanto que pueden llegar a soportar tipos marginales de hasta el 56 %. Sin embargo, los rendimientos procedentes del capital (ahorro) están bonificados y se gravan con un 19 y 21 % dependiendo de si la base supera los 6000 euros. Por tanto, la progresividad está limitada.

Llegados a este punto es momento de referirnos a las estadísticas del impuesto. ¿Quién paga el IRPF? En la tabla que presentamos a continuación, se incluyen las bases imponibles de los sujetos declarantes de este tributo.

Tramos de Rend. e Imputac.

(miles de euros)

LIQUIDACIONES PARTIDA
Número

Distribución

Número

Negativo y Cero 39.404 0,21
Hasta 1,5 473.689 2,56
1,5 – 6 2.269.586 12,28
6 – 12 3.748.179 20,29
12 – 21 5.334.477 28,87
21 – 30 2.962.186 16,03
30 – 60 2.916.475 15,78
60 – 150 648.002 3,51
150 – 601 77.667 0,42
Mayor de 601 6.725 0,04
Total 18.476.390 100,00

Fuente: Agencia Tributaria 2009

Se puede observar que la distribución en los tramos más altos de renta apenas supone un 4-5 %. Quiere decirse que es un impuesto que afecta fundamentalmente a la clase media. Si atendemos a los datos de recaudación esperada con la reforma, se puede aseverar que serán los ciudadanos con rentas más bajas los que pagarán el grueso del ajuste, el 95% del total. Esto es así porque las grandes fortunas y las verdaderas rentas altas no tributan vía IRPF, sino que lo hacen a través de figuras tributarias que afectan a las personas jurídicas.

En cuanto a la reforma de la tributación de los rendimientos del capital tenemos que decir que la reforma considera rentas altas a aquellos que presentan bases liquidables del ahorro superiores a 24000 euros. En la tabla que presentamos a continuación observamos que dichos rendimientos son obtenidos por un 30 % de los contribuyentes. Por consiguiente, dos de cada tres euros de la subida fiscal serán pagados por pequeños ahorradores.

Tramos de Rend. e Imputac.

(miles de euros)

LIQUIDACIONES PARTIDA
Número

Distribución

Número

Negativo y Cero 0 0
Hasta 1,5 173 0,00
1,5 – 6 138.667 1,09
6 – 12 2.281.514 17,89
12 – 21 4.324.967 33,92
21 – 30 2.628.920 20,62
30 – 60 2.681.641 21,03
60 – 150 613.172 4,81
150 – 601 76.131 0,60
Mayor de 601 6.751 0,05
Total 12.751.936 100,00

Fuente: Agencia Tributaria 2009

Vistas las estadísticas del impuesto, es momento de analizar el concepto que justifica la subida, esto es, la equidad. En materia fiscal la equidad se divide en horizontal y vertical.  El primer concepto se refiere a que los sujetos con las mismas rentas tengan cargas tributarias semejantes. Por otro lado, el concepto vertical determina que aquellos que tengan rentas mayores deben soportar impuestos mayores. Si atendemos a las estadísticas analizadas observamos que hay individuos que se escapan a la acción del IRPF y que con toda seguridad tienen más rentas que otros que se ven obligados a pagarlo. De esta manera, la reforma fiscal no mejora un aspecto como el de la equidad vertical, puesto que las grandes fortunas seguirán tributando vía sociedad a tipos ínfimos que en algunos casos no superan el 1 %.

Antes de finalizar nuestro análisis nos ha parecido interesante comentar dos aspectos jurídicos que tienen importancia a la hora de estudiar la reforma del IRPF. En primer lugar, hay que hacer referencia a que la reforma podría vulnerar la doctrina constitucional de la reserva de ley en materia tributaria. Concretamente, la STC 221/1992 (entre otras) establece que los aspectos esenciales de los tributos tienen que ser establecidos mediante ley, es decir, se establece una reserva de ley relatva. Entre estos aspectos se incluyen los tipos de gravamen, que son los que se modifican en esta reforma extraordinaria. Podríamos concluir que la subida del IRPF bordea la doctrina constitucional y es probable que el Alto Tribunal dé un revolcón al Ejecutivo.

En segundo lugar, tenemos el aspecto confiscatorio. La Constitución Española establece que el sistema tributario en ningún caso podrá tener un afán confiscatorio. En este sentido, los Técnicos de Hacienda se han posicionado estableciendo como límite el 50 % para marcar la frontera entre recaudación y confiscación. Sin embargo, con las subidas de ciertos tramos autonómicos esta última reforma ha situado el tipo marginal máximo de gravamen en algunas autonomías en el 56 %. Estamos ante un punto controvertido y que el Gobierno debería haber tenido en cuenta a la hora de implementar su propuesta tributaria.

A lo largo de esta exposición hemos analizado que la reforma fiscal aunque a priori parece progresiva no lo es en la práctica. Estaríamos ante una reforma equitativa y progresiva si todos los sujetos pasivos estuvieran dentro del ámbito de acción del IRPF, pero las matemáticas demuestran que el ajuste recae sobre la clase media en su mayor medida. Por otra parte, la reforma plantea dos dudas jurídicas de enorme calado que el Gobierno debería haberse planteado a pesar de tratarse de un caso de extraordinaria urgencia.

¿Cómo curar la obsesión por el déficit?

deuda ¿Cómo curar la obsesión por el déficit?

Los últimos datos económicos publicados han reflejado que con toda probabilidad la economía española volverá a entrar en recesión en el último trimestre de 2011, y esta tendencia se prolongará durante el año 2012. Además, otros países que parecían abanderar la recuperación, como Alemania, presentan datos que indican que están a punto de entrar en un periodo caracterizado por el estancamiento económico.

Vistos los datos, hoy nos preguntamos si no estamos implementando respuestas equivocadas para atajar la enfermedad. A continuación, vamos a tratar de analizar las posibles alternativas existentes para recuperar la senda del crecimiento económico y el empleo. Para ilustrar nuestro comentario vamos a presentar un ejemplo:

Imaginen una persona con una vida un tanto desordenada. Llegado un momento, esta persona sufre una grave herida en su pierna que le produce una hemorragia que provoca que su vida corra grave peligro. En ese momento los médicos tienen dos alternativas, por un lado pueden sermonear a nuestro individuo indicándole que no ha llevado una buena vida, que ya se lo avisaron, que a partir de ahora tiene que comer sano, hacer deporte y no salir por malos barrios. Sin embargo, estos consejos, que son estupendos, no van a solucionar el problema de nuestro protagonista, ya que la herida sigue sangrando y esta persona cada vez está más débil. Por otro lado, los médicos pueden atajar el problema, taponar la herida, cortar la hemorragia y después cuando el personaje esté recuperado  será tiempo de sermones y consejos.

Cambien ahora las siguientes palabras: Persona por economía o Estado; herida por recesión o desempleo; no llevar buena vida por déficit y deuda; cortar la hemorragia por impulso monetario y fiscal. ¿Les suena ahora la película?

Esto es lo que está sucediendo en las economías occidentales. Nos estamos perdiendo en la cantinela del déficit y olvidando el problema. El equilibrio en las cuentas públicas es muy importante, sin embargo no es el medicamento cuando la enfermedad se hace más grave. De hecho, podemos asegurar que no ha sido el causante de la enfermedad. En España por ejemplo, el problema es la elevada tasa de deuda privada provocada por unos intereses reales que en ciertos momentos llegaron a ser negativos.

Nuestros lectores tienen que saber que el interés real es aquel que tiene en cuenta el efecto de la inflación, esto es, cuando nosotros vamos a un banco a depositar nuestros ahorros, o a pedir un créditos nos pagan/cobran un interés. Sin embargo, al existir un incremento en los precios al interés que recibimos/pagamos hay que deducirle la inflación. Pues bien, en ciertos momentos cuando el precio del dinero estaba por los suelos fue más barato pedir prestado que ahorrar, y esto si que es una causa de la elevada tasa de endeudamiento de los particulares y de ciertos Estados.

Por tanto, ahora no es momento de profundizar en recortes que provoquen un agravamiento del problema. Los gobiernos tienen que impulsar la demanda interna de sus países, incentivar la inversión productiva (en bienes de equipo) y facilitar el crédito a las empresas. De hecho, incluso sería conveniente reducir las cargas sociales para incentivar el empleo y  por qué no, subir ciertos tributos para asegurar servicios públicos irrenunciables (sanidad y educación).

Por otra parte, es necesario un impulso de la política monetaria. El BCE no puede permitir que algunos de sus países miembro tengan que pagar tasas de interés, que hasta al más solvente le provocarían problemas. Son necesarios los eurobonos, así como una expansión monetaria. No es momento para preocuparse de la inflación, sino del crecimiento y del desempleo.

Balance de la política económica en Alcázar de San Juan

 Balance de la política económica en Alcázar de San Juan

Estamos a punto de finalizar el año 2011 y nos ha parecido interesante realizar un análisis sobre la evolución de la política económica en Alcázar de San Juan tras el cambio político producido el 22 de mayo.

Hace varios meses recogimos los esbozos del programa económico del primer edil alcazareño, Diego Ortega, que se resumía en bajadas de impuestos para incentivar la creación de empleo. Casi siete meses más tarde, es momento de comprobar los primeros resultados de la política económica.

En materia de empleo, la ciudad de Alcázar ha visto incrementado el número de parados hasta los 3199 (datos de octubre de 2011 de paro registrado). Es cierto que esta tendencia se repite a lo largo y ancho de nuestro país, sin embargo, en campaña electoral el alcalde Diego Ortega aseguró que bajando los impuestos se incrementarían los puestos de trabajo. Ante esta aseveración, ya analizamos en estas páginas que desde el punto de vista local la acción favorecedora del empleo era limitada, y más aún si se pretendía impulsar con bajadas de tributos. No obstante, podríamos analizar los programas de empleo alcazareños, pero desde el 22 de mayo han caído en desuso y prácticamente han desaparecido. Medidas innovadoras como el programa de apoyo a los emprendedores menores de 35 años donde se les ayudaba con las tasas administrativas, e incluso el ayuntamiento se comprometía a contratarlos para apoyar su actividad en los primeros meses de vida, han desaparecido. Del mismo modo, los planes de empleo se han visto reducidos y muchos de ellos han sufrido retrasos difíciles de explicar. Los resultados observados son que Alcázar ha pasado de ser una ciudad que innovaba con respecto a las políticas locales de empleo a la parálisis total.

Por otro lado, la materia impositiva merece un comentario especial. El equipo de gobierno se comprometió a aliviar la presión fiscal de los ciudadanos de Alcázar, y meses después sólo hemos conocido que las tasas de los comedores de los colegios municipales se han incrementado. El argumento fue que esa subida venía supeditada a una imposición de la Junta de Castilla la Mancha, no obstante, el Ayuntamiento tenía capacidad para haberla congelado. En cuanto al IBI, principal recurso financiero del Consistorio, deberemos esperar a la presentación del presupuesto anual para comprobar qué sucede.

En cuanto a los ingresos, el Ayuntamiento de Alcázar ha renunciado a ingresar cantidades económicas que le hubieran correspondido. Por ejemplo:

  • La concesión del bar de la Plaza de Toros se ha realizado este año por una cantidad sustancialmente más baja que en ejercicios anteriores
  • la concesión del baile del vermú en la Feria y Fiestas fue otorgada por cantidades inferiores a las tradicionales a cambio de que se comprometieran a establecer precios populares para los vecinos. Sin embargo, el resultado fue que el Ayuntamiento ingresó menos, y los ciudadanos se enfrentaron a precios más altos que otros años.

Dejamos capítulo a parte para el mercado popular de flores. En una medida caracterizada por su proteccionismo para con los floristas locales, el equipo de gobierno renunció al ingreso de los 6000 euros que se venían recaudando por el establecimiento de dicho mercado. El lobby florista convenció al alcalde para que prohibiera su instalación perjudicando las arcas municiapales y al conjunto de ciudadanos. Esta medida es ciertamente paradigmática, puesto que el equipo de gobierno forma parte de un partido político que enarbola la bandera del liberalismo económico. Por tanto, resultó ser incoherente con su ideario y poco racional si de lo que se trata es de representar el interés general de todos los vecinos, y no sólo el de ciertos colectivos.

Los resultados, como se puede comprobar, son que no sólo no se bajaron los impuestos, sino que además se ha venido renunciando a ingresos que se venían obteniendo. Esta política, en un contexto donde la financiación local es cada día más complicada debido a la crisis económica, no se puede entender.

Llegados a este punto, se puede decir que la política económica del equipo de gobierno en Alcázar está siendo precipitada. De hecho, a veces parece que los nuevos responsables andan más preocupados de hacer oposición a la oposición que por poner en marcha un proyecto de ciudad. Diego Ortega y su equipo deberían darse cuenta que tienen la responsabilidad y la oportunidad de gobernar, y su obligación es aprovecharla. Así pues, la recomendación que podemos realizar al alcalde es que se olvide de los ataques personales a la oposición y de las presiones de su socio de gobierno, y establezca una estrategia para la ciudad. Su objetivo para 2012 tendría que ser la elaboración de dicho plan y poner las bases para su cumplimiento. Alcázar de San Juan seguro que se lo agradece, puesto que en estos momento ya no vale sólo con pasar la palabra.

Falsos mitos en la gestión sanitaria

NAC1006 Falsos mitos en la gestión sanitaria

La presentación de los últimos datos del déficit de las comunidades autónomas ha supuesto en Castilla la Mancha un recorte presupuestario de 350 millones de euros. Este viene a unirse al que conocimos en verano y que superaba los 1800 millones. Entre las partidas afectadas, destaca el recorte al salario de los funcionarios que verán reducidas sus rentas un 3% o la finalización del programa de gratuidad de los libros de texto. De igual modo, algunos hospitales van a pasar a ser gestionados por la empresa privada. Es este punto el que nos proponemos analizar en este artículo.

Para ello vamos a preguntarnos si la gestión privada de ciertos servicios públicos supone un ahorro presupuestario, o si por el contrario va a traer consigo un descenso de la calidad y un ahorro que en términos generales no va a compensar dicha pérdida.

Con la gestión privada de un servicio público se busca que agentes privados adelanten la financiación en momentos donde la administración no es capaz de soportar el gasto que conlleva dicha prestación. Aparentemente, el ciudadano no va a ser perjudicado ya que recibirá la asistencia solicitada en términos similares a cuando era la propia administración la encargada de prestar la atención. Este modelo es original de los años 80 donde la primera ministra Margaret Thatcher introdujo esta fórmula para financiar la sanidad en el Reino Unido.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y la experiencia lo ha demostrado. Cuando se privatiza la gestión de un servicio público en la práctica hay que pagar más, puesto que el agente privado no se va a conformar con cubrir el coste del servicio, sino que pretenderá obtener un beneficio que le compense su inversión. Como observamos, se va a producir un encarecimiento del servicio a menos que se produzca una reducción de costes. Imaginemos el caso de la sanidad, una empresa privada huirá de los enfermos más costosos y preferirá aquellos tratamientos y pacientes que le ayuden a ser más rentable. Otra alternativa sería emplear personal menos cualificado que percibiera menos rentas. El resultado observado siempre es el mismo, se pierde calidad y se encarece el servicio.

Ante este razonamiento, los defensores del modelo de gestión privada suelen recurrir al argumento de que la competencia solventará el incremento del coste. Sin embargo, la competencia no va a ser perfecta, ya que se limitará al concurso celebrado por la administración. El resultado, como el modelo inglés demostró, es que en el largo plazo el coste para la administración pública es mucho mayor.

Llegados a este punto, deberíamos preguntarnos ¿Cuál es el verdadero objetivo de la introducción de una medida como este si lo que se pretende es ahorrar? ¿No estaríamos en realidad posponiendo el problema, y provocando que a la larga el coste de la prestación sea mayor? No obstante, con una situación financiera delicada es necesario plantear medidas que ayuden a superar las dificultades, pero la gestión privada es un clamoroso error.

¿Cuáles son las alternativas a la gestión privada? En primer lugar podemos referirnos a una gestión pública donde se mejore la eficiencia del gasto y el incremento de los ingresos. Por el lado del gasto, hay que mencionar que el sistema sanitario de nuestro país es uno de los que menos proporción de su PIB gasta comparado con el resto de la Unión Europea. Concretamente, España dedica a la Sanidad un 9,7 % del PIB, cuando países como Alemania o Estados Unidos dedican un 12 y un 17,4 % respectivamente. Esto se traduce en que nuestro sistema es eficiente, y así lo reflejan datos como la esperanza de vida o tasas de vacunación infantil o en trasplantes. Gracias a los sistemas de prevención, la mortalidad por cáncer de mama, por ejemplo, es casi un 24% inferior a la media de la UE. Con todo, el sistema puede mejorar y medidas como la centralización de las compras donde se aprovechen economías de escala pueden ayudar a ahorrar. Del mismo modo, otras medidas como los medicamentos unidosis ayudarían a mejorar la eficiencia del sistema. Por otra parte, en cuanto a los ingresos se hace necesario que las Comunidades Autónomas presupuesten el coste real de los servicios, no como hasta ahora donde la elaboración presupuestaria no recoge el montante completo. Además, si como en Castilla La Mancha existen dificultades de financiación, se puede recurrir a incrementar ciertos tributos que ayuden a sufragar los gastos de este servicio. Una medida interesante fue la aportada por el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que abogaba por incrementar los tributos de tabaco y alcohol para sostener el sistema. Ya comentamos en estas páginas que la propuesta parecía interesante y que ayudaría a solventar externalidades negativas. Sin embargo, deberían concretarse las cantidades que se podrían recaudar mediante este método para determinar si son suficientes. Tampoco debemos olvidar que se hace necesario acabar con la deducción por seguros privados de salud, ese dinero que deja de recaudar el Estado puede ser dedicado a la financiación sanitaria.

Por otro lado, tenemos la posibilidad de introducir el  copago. Esta propuesta se ha convertido en un tema tabú, pero puede ayudar a mejorar a la financiación y  los resultados del sistema. Se trataría de que los pacientes pagaran una parte del servicio cuando utilizaran ciertas consultas médicas. No obstante, esta medida presenta un problema y es que el ciudadano podría tener la impresión de estar pagando dos veces por lo mismo, ya que el sistema se sufraga con sus impuestos. De igual modo, ciertos colectivos, como los ancianos, podrían dejar de acudir a las consultas médicas para no aportar la tasa correspondiente. Desde luego, no es la mejor de las posibilidades, pero en todo caso es preferible a la gestión privada si lo que pretendemos es mejorar los costes y mantener la calidad del servicio.

Vistas las opciones, parece que la medida aprobada por la presidenta de Castilla la Mancha, la señora Cospedal, no es la más acertada. De hecho, puede conseguir un objetivo distinto al que busca, porque como hemos comentado la gestión privada en el largo plazo supone un coste mayor.

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