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La propuesta de reforma fiscal: IRPF e IVA

montoro 0 300x200 La propuesta de reforma fiscal: IRPF e IVA

Esta semana se conocía el informe de los 9 expertos encargado por el ministro Montoro para que realizaran una propuesta de reforma fiscal. El informe, como su presidente indicaba, “no deja títere con cabeza” en el sistema fiscal e incluye propuestas para cada uno de los tributos existentes así como la creación de nuevas figuras tributarias.

Antes de entrar a realizar un análisis de los principales puntos de dicha propuesta, tenemos que decir que estamos ante un estudio que supone una reestructuración fiscal. Esto es, no se trata de una bajada de impuestos como desde algunos sectores se pretende vender, sino que lo que se busca es mejorar la eficiencia del sistema tributario para lograr una mejor recaudación. Este aspecto, que es indispensable como hemos defendido en estas páginas, es el que prima por encima de otros factores que suelen caracterizar a los sistemas tributarios: progresividad, equidad, justicia… A continuación explicamos por qué.

En primer lugar vamos a centrarnos en la figura impositiva más importante, el IRPF. Para este impuesto los expertos proponen: subir el mínimo exento,  reducir los tramos impositivos, acabar con algunas deducciones (entre ellas la de vivienda habitual) y establecer un tipo marginal máximo del 50 % (superior al que se encontró Rajoy cuando llegó al gobierno).

Si analizamos estas las medidas tenemos que decir que existen algunas muy positivas como el aumento del mínimo exento. Este actualmente se encuentra en 5151 euros y lleva tiempo sin actualizarse de acuerdo al IPC. Para que todos lo entendamos este mínimo es lo que el legislador entiende por imprescindible para asegurar la subsistencia de cada individuo. Es cierto que estamos simplificando enormemente porque esta cantidad no es que se entienda por no percibida. Es decir, que forma parte de la base imponible del impuesto, pero la cuota tributaria correspondiente a dicho mínimo se restará del total de IRPF que cada individuo deba pagar. Con todo, como decíamos es importante actualizar esta cantidad para dejarla acorde al nivel de los precios y de la vida existente actualmente. Lo mismo ocurre con la eliminación de deducciones incluyendo la que más chirría, la  existente por adquisición de vivienda habitual. Este es un aspecto que se debía haber ejecutado hace mucho tiempo debido a que el IRPF está plagado de deducciones poco entendibles que provocan que quien lleve a sus hijos a un colegio privado, tenga un seguro sanitario privado o una vivienda en propiedad pague menos impuestos que otro. ¿A ustedes esto les parece equitativo? El impuesto debería gravar la obtención de renta de modo genérico con independencia de los gastos de cada individuo. Además deducciones como la de adquisición de la vivienda habitual únicamente han provocado que se encarezcan los precios y se fomente el endeudamiento. Sin embargo, esta propuesta del comité de expertos parece que quedará en papel mojado. La vicepresidenta del Gobierno ya dejó entrever el viernes que no todas las ideas de este grupo van a ser asumidas por el gobierno y el supuesto coste electoral de esta parece que acabará primando. Se equivocará una vez más el Gobierno si una de las consideraciones más interesantes no la asumen en su reforma fiscal.

Por otra parte, una medida muy relevante en relación al IRPF es la limitación del régimen de módulos o lo que se conoce como estimación objetiva de los rendimientos de actividades económicas. Para aquellos que no estén familiarizados con la nomenclatura fiscal, se trata de un método previsto para pequeños negocios como bares, tiendas… mediante el cual se tributa por indicios. Por ejemplo, se tiene en cuenta para estimar los rendimientos los metros cuadrados, el número de empleados, las mesas del local… Este forma de estimación que buscaba simplificar las obligaciones fiscales a los pequeños empresarios, se ha convertido en un foco de fraude fiscal y una forma eficiente de blanquear dinero. Los expertos proponen limitarla y como decimos representa una propuesta muy positiva en la lucha contra el fraude que permitiría aflorar dinero de la economía sumergida.

Si recapitulamos lo visto hasta ahora podemos decir que nos encontramos ante un posible bajada del IRPF. Y sí, estamos en lo cierto, aunque se eliminaran deducciones, la simplificación de los tramos y el incremento del mínimo exento supondrían una bajada de este impuesto. Pero si recuerdan al principio del artículo dijimos que estábamos ante una reestructuración fiscal, por tanto, si la carga de este impuesto se alivia tendrá que incrementarse el esfuerzo de los ciudadanos a través de otro impuesto. Aquí es momento de referirnos a otro impuesto estrella, el IVA.

Todos recordamos la subida del IVA del Gobierno de Rajoy que incrementó el tipo general al 21 % y el reducido hasta el 10 %. Además algunos bienes pasaron de estar sometidos al tipo reducido a ser sometidos al tipo general (por ejemplo, los espectáculos culturales). En este caso la propuesta del comité de expertos va unida a una idea, la devaluación fiscal. En este blog analizamos hace tiempo esta idea, pero recapitulando diremos que una devaluación fiscal consiste en conseguir abaratar las exportaciones para lograr competitividad. Esto se consigue en dos frentes, por un lado incrementamos el IVA de nuestros productos, que estarán exentos en el momento de la exportación. Por otro lado, reducimos las cargas sociales de los empresarios. De esta forma el factor trabajo se hace más barato y logramos incrementar la productividad. Esto es muy interesante, si no fuera porque estamos empobreciendo a los ciudadanos. Pero centrémonos en la propuesta para el IVA del comité de expertos. En este caso, la propuesta gira en torno al trasvase de productos del tipo reducido del 10 % al tipo general del 21 %. Se busca dejar en el tramo reducido sólo los bienes y servicios relacionados con el turismo, la hostelería y la vivienda. El resto, entre los que se encuentran productos y servicios que son de primera necesidad para muchos ciudadano (por ejemplo las gafas y lentillas) quedarán sometidos al tipo general del 21 %. Aquí es donde encontramos el principal rasgo que se busca con la reforma, mejorar la recaudación. Existe una evidencia empírica de que el IVA es el tributo que permite incrementar la recaudación de forma más fácil. Así sucedió con las subidas realizadas por Zapatero y Rajoy. No ocurre lo mismo en el IRPF y más en un contexto con un 25 % de paro.

La conclusión que podemos sacar hasta ahora es que reducimos el impuesto más progresivo (pagan más lo que más tienen) e incrementamos el impuesto regresivo por excelencia. Es decir, el que afecta a las clases más desfavorecidas. Por tanto, mejoraremos la recaudación, algo muy necesario, pero provocaremos que la carga recaiga en los sectores más desfavorecidos y que dedican una mayor parte de su renta  a consumir.

En el próximo capítulo analizaremos el resto de figuras impositivas que se ven afectadas por la propuesta de reforma.

Continuará…

La tarifa plana de 100 euros, ¿una medida eficiente?

tn parados 300x200 La tarifa plana de 100 euros, ¿una medida eficiente?

Recientemente se ha celebrado el Debate sobre el estado de la Nación, este evento supone el acontecimiento más importante del ejercicio político en tanto se repasan los punto más importantes que marcan la agenda política. En estos eventos, los presidentes del gobierno aprovechan para incluir alguna “medida estrella” que les ayude a llevar la iniciativa del debate. Lo hizo el presidente Zapatero con el famoso “cheque bebé” y en esta ocasión le ha tocado a Rajoy con la denominada tarifa plana de 100 euros para la Seguridad Social de los contratos indefinidos.

Nuestro propósito en este artículo es realizar un análisis desde un punto de vista económico de esta medida. En primer lugar, comenzaremos explicando que la propuesta consiste en una reducción de las cotizaciones sociales para nuevas contrataciones de carácter indefinido realizadas en lo que queda de 2014. Siempre con el requisito de que mantengan el empleo neto dentro de la empresa durante al menos tres años.

Llegados a este punto tenemos que centrarnos en el coste la propuesta. A priori, si la realización de nuevos contratos va a suponer que las empresas abonen de forma genérica una cotización de 100 euros por trabajado podemos asegurar que las arcas de la Seguridad Social se van a resentir. Es decir, se va a dejar de ingresar una cantidad esperada que según el gobierno se compensaría por el aumento de nuevos contratos de trabajo. Esto es, aplicamos la teoría de la “Curva de Laffer” a las cotizaciones sociales. Sin embargo, parece precipitado realizar un análisis tan rápido. Más si cabe cuando las arcas de la Seguridad Social no se encuentran en su mejor momento, ya que el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo de reserva (que también recibió en herencia) para hacer frente al pago de prestaciones sociales a lo largo de 2013. Es más, el propio Gobierno ha reconocido que la recaudación social necesita mejorar al incluir beneficios sociales como los tickets restaurante dentro de la base de las cotizaciones. Por este motivo, la medida parece contradictoria con la política marcada hasta ahora. Además, se hace necesario que el Ejecutivo explique el coste económico y cuál es la previsión de nuevos contratos indefinidos para compensar la pérdida de fondos de la Seguridad Social. De lo contrario podríamos entender que estamos ante una medida sin contenido serio que sólo busca dar titulares.

Dejando a un lado el coste de la medida deberíamos preguntarnos si con esta medida se va a mejorar la empleabilidad indefinida. Para tratar de dar una respuesta a este tema tenemos que referirnos a un dato importante: la temporalidad de la propuesta. Como comentábamos al inicio del artículo, la medida se va a extender durante 3 años. Por ello, lo más probable es que las empresas recurran a incrementar la contratación indefinida teniendo en cuenta la tarifa plana durante este tiempo. Posteriormente, a los 3 años cuando el coste social se incremente se plantearán si necesitan o no al trabajador y teniendo en cuenta la subvención que han obtenido podrán abaratar el despido si les resulta beneficioso. Es decir, que realmente lo que conseguimos con esta medida no es luchar contra la temporalidad, sino realizar una subvención a la empresa por si considera necesario prescindir del trabajador dentro de 3 años. Podemos llamar al tipo de contrato como queramos pero al final en el momento de asegurar la permanencia del trabajador en la empresa nos remitiremos al coste/beneficio. Alguien podría pensar que el que escribe es muy mal pensado, pero vivimos en el país de la picaresca y basta con repasar cómo han funcionado las subvenciones al empleo en los últimos años.

No vamos a entrar a analizar el vacío que deja la medida para que la empresas utilicen el fraude para aprovecharse de la tarifa plana. De ese tema se ha escrito demasiado estos días. Lo que si nos gustaría es dejar patente que la medida no es propia de un Ejecutivo que busque realizar una política de empleo seria. Teniendo en cuenta la pluralidad de contratos o la posibilidad de tener en pruebas a una trabajador y prescindir de él sin motivo alguno, que ahora se busque incentivar la empleabilidad indefinida con una tarifa plana suena a tomadura de pelo. Si al Gobierno le interesa acabar con la dualidad del mercado de trabajo español puede empezar eliminando todos los contratos y estableciendo un contrato único con indemnización por despido progresiva. Así evitaremos posibles fraudes y sentaremos las bases de un mercado de trabajo con igualdad de derechos. Posteriormente, podríamos utilizar el dinero que costará la tarifa plana para reciclar a los desempleados en situaciones más complicadas y tomar partido para que el crédito fluya entre las empresas. Estas medidas serían más eficientes para mejorar la temporalidad y el incremento de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, con esto nos costará algo más mejorar las estadísticas que al final es lo que importa.

Presión fiscal vs esfuerzo fiscal

montoro 0 300x200 Presión fiscal vs esfuerzo fiscal

Seguramente habrán oído en numerosas ocasiones a algún ministro de Hacienda o a algún político hacer referencia al concepto de presión fiscal para justificar algún incremento de impuestos. Pero ¿qué significa ese concepto? Hoy nos proponemos analizar dos términos que debemos tener en cuenta para analizar un sistema fiscal: presión fiscal y esfuerzo fiscal.

El primer concepto, el más utilizado por los políticos, se calcula dividiendo la recaudación fiscal (incluyendo las cotizaciones sociales) entre el PIB. Es decir, nos da como resultado el porcentaje que supone la recaudación pública sobre el conjunto de la economía. Nada tiene que ver con la presión que soportan los ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos. Sin embargo, nuestros dirigentes utilizan este término para justificar subidas de impuestos o para defender que durante su mandato “ha bajado la presión fiscal de los ciudadanos”.  Sobre este término existe mucha demagogia, ya que viendo cómo se calcula podemos asegurar que la presión fiscal tiene poca relación con subidas o bajadas de impuestos, sino más bien con la caída de la recaudación, el ritmo de crecimiento de la economía y la existencia de fraude fiscal.

Para analizar la cantidad de renta que los ciudadanos tienen que aportar al sostenimiento de los gastos públicos tenemos que referirnos al esfuerzo fiscal. Esta variable compara de forma más tangible cuanto porcentaje de su renta dedican los individuos al pago de tributos. Es cierto que su cálculo suscita bastante controversia entre la doctrina económica, pero una forma de aproximarse a su cálculo es utilizar el Índice de Frank. Se trata de un cálculo sencillo para el cual se debe dividir la presión fiscal por la renta per cápita de un país.

Conociendo los conceptos, ya podemos analizar los datos existentes para nuestro país y compararlo con nuestro entorno. La presión fiscal en España se sitúa en el 32,9 % con respecto al PIB, una cifra que está por debajo de la media de los países de la OCDE que se encuentra en el 34,6 % (según datos de Eurostat). Por su parte, los datos de esfuerzo fiscal se colocan en el 40 % y tenemos el dudoso honor de ser los campeones de la Eurozona. Estas cifras nos ofrecen la conclusión de que nuestro sistema fiscal no es eficiente. Tenemos el esfuerzo fiscal más alto de los países de nuestro entorno, pero después ese dato no se traduce en una buena recaudación. Es decir, exprimimos a nuestros ciudadanos desde el punto de vista impositivo, pero después su renta se pierde por el camino.

¿Cuáles son los motivos? En primer lugar, el mal reparto de dicho esfuerzo fiscal. Tenemos un sistema fiscal plagado de deducciones que provoca que los trabajadores acaben pagando más impuestos que las empresas del IBEX-35. Además, como en los años 80-90 ligamos de forma pronunciada nuestros ingresos públicos al ciclo económico una recesión económica como la actual se lleva por delante el esfuerzo exigido a los ciudadanos.

Todos estos datos, evidencian una vez más que es primordial realizar una reforma fiscal seria y profunda. Tenemos que acabar con un sistema que exprime al ciudadano medio y que después no da los frutos esperados. Para ello, lo primero que debería hacer el gobierno es acabar con las deducciones que plagan nuestros impuestos y rebajar los tipos de gravamen. A partir de ahí hay mucho trabajo para mejorar la equidad de los impuestos. Sin embargo, partiendo de una simplificación de los impuestos e incrementando la lucha frente al fraude fiscal conseguiríamos reducir el esfuerzo que exigimos a la ciudadanía y mejoraríamos la eficiencia de nuestro sistema aumentando la recaudación.

2014 ¿El año de la recuperación?

amnistía fiscal 2014 ¿El año de la recuperación?

Esta semana conocíamos los datos de la tasa de desempleo registrado del mes de diciembre observando un descenso muy notable. Este hecho, junto con otros indicadores económicos (salida de la recesión, aumento del consumo minorista…) han provocado que el Gobierno, loco de entusiasmo, haya aseverado que 2014 será el año de la recuperación en España. Sin embargo, ¿es oro todo lo que reluce? A continuación, nos proponemos realizar un análisis para concluir si los datos pueden indicar que la luz se ve al final del túnel.

Para comenzar, vamos a ir recopilando los datos positivos que presenta la economía española. En primer lugar, como comentábamos en el párrafo anterior nuestro país recientemente ha salido de la recesión obteniendo una tasa de crecimiento del 0.1 % con respecto al trimestre anterior. Por otro lado, el IBEX -35 ha cerrado el año cerca de los 10.000 puntos en lo que ha supuesto una crecimiento del 20 % aproximadamente, buen dato sin duda para los inversores. Además, el índice de confianza de los consumidores ha subido en 20 puntos frente al año anterior y, tampoco podemos olvidar, que la prima de riesgo y las agencias de calificación han dado un respiro a la deuda soberana de nuestro país.

A pesar de todo, estos datos no suponen en ningún caso que nuestro país esté cerca de salir de la crisis. La deuda pública ha cerrado este año cerca del 100 % del PIB y para el año que viene está previsto que las necesidades de financiación españolas sean de 661 millones de euros al día. Este dato evidencia que el sistema fiscal español, aun con unos tipos de gravamen muy elevados, es ineficiente y no recauda como se espera de él. Por tanto, el Estado necesita acudir a los mercados cada vez en mayor medida para soportar las necesidades de gasto. Este es un dato muy negativo para la economía española, ya que en cualquier momento, el mercado puede volver atacar nuestra deuda y nos encontraríamos en serio peligro. El problema de financiación es vital para la economía española, ya que con la demanda privada por los suelos, es preciso un impulso público para conseguir un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, si de ese gasto cada vez dedicamos más proporción a pagar intereses de la deuda, difícilmente podremos invertir en educación, sanidad o innovación que reviertan en el bienestar de nuestros ciudadanos.

De esta forma, sin conseguir un crecimiento económico estable, los datos de desempleo no mejorarán. Es cierto, que en diciembre se ha reducido el paro registrado. No obstante, el año se ha cerrado con destrucción neta de empleo debido al descenso de los afiliados a la Seguridad Social y la población activa es cada día menor. Todo ello debido a que muchos ciudadanos emigran o se cansan de buscar empleo. Así lejos estamos de conseguir recuperarnos. Otro dato importante es que el empleo que se crea en España no es de calidad. Cada día proliferan más los trabajos temporales o incluso las eternas becas o minijobs. De esta manera, aunque el Gobierno se empeñe, la Reforma Laboral ha supuesto un nuevo fracaso en la política de empleo. Se perdió la ocasión de simplificar el mercado de trabajo con un contrato único con indemnización progresiva y se optó por reducir al mínimo los derechos de los trabajadores que ahora están en un claro desequilibrio frente a los empresas.

Algunos lectores seguro que pensarán que el que escribe es un agorero y un pesimista. Permítanme decirles que si queremos recuperarnos es mejor aceptar que la situación no es fácil y no llevarnos por un falso optimismo que sólo busca posicionarse para la campaña electoral de las elecciones europeas. La situación es algo menos mala que el año pasado, pero se han perdido muchos servicios y hay sectores de la población que lo han pagado muy caro. Por tanto, el Gobierno debería dejar a un lado los brotes verdes que criticó antaño y centrarse en el principal problema, conseguir un crecimiento económico estable. Al menos, desde hace unos meses los ministros del Ejecutivo español ya aseguran que España no tiene un problema de gasto, sino que la cuestión es mejorar los ingresos. Les ha costado 4 años de oposición y 2 de gobierno darse cuenta pero lo han conseguido. Ahora les toca elaborar una reforma fiscal profunda y eficaz que ponga fin a ese problema ¿Lo conseguirán? Veremos.

¿Cómo afecta la inflación en nuestra vida diaria?

money printing 300x200 ¿Cómo afecta la inflación en nuestra vida diaria?

En economía, solemos definir la inflación como el aumento de los precios y servicios en un determinado periodo de tiempo. Seguro que a cualquier lector interesado por la información económica le suena este concepto. Nuestro objetivo hoy, es analizar cómo la inflación afecta a ciertos aspectos de nuestra vida diaria y lo importante que es tenerla en cuenta para que nadie nos lleve hacia ninguna equivocación.

En primer lugar, vamos a comenzar explicando cómo se mide la inflación. Esto es, una vez que sabemos en qué consiste necesitamos cuantificarla para ver sus efectos. Normalmente se realiza con cestas tipo de bienes y servicios. Seguro que les suena el IPC ¿verdad? Pues este índice no es más que un conjunto de bienes y servicios ponderados sobre los que se realiza un estudio para cuantificar la inflación.

A partir del mismo, se van a tomar decisiones muy importantes, por ejemplo subidas de salarios o revalorización de las pensiones. Incluso nos va ayudar a saber si cuando depositamos ahorros en el banco estamos ganando o perdiendo. Lo mismo sucede con nuestras deudas, porque la inflación también afecta a la cantidad que debemos devolver por ejemplo por la hipoteca de nuestra casa.

La inflación es un componente muy importante en la economía y suele ser utilizada o incluso ocultada en la política económica por los distintos gobiernos. Por ejemplo, imaginen la reciente reforma de las pensiones. El Gobierno de España argumenta que las pensiones se van a revalorizar un 0.25 % el año que viene. Cualquier pensionista podría decir, “bueno es muy poco, pero voy a ganar más que el año pasado”. Y sí, es verdad, pero ¿Qué ocurre con su poder adquisitivo? Para ello tenemos que ver cómo evolucionan los precios. Imaginen que la inflación es moderada y se sitúa en torno al 2 %. Si tenemos en cuenta este dato y lo comparamos con la subida de las pensiones, observaremos que en realidad el pensionista de nuestro ejemplo será más pobre el año que viene. Pero es más, cuando hablábamos anteriormente del IPC decíamos que está representado por una cesta tipo de bienes y servicios. Esto significa que esta cesta varía para cada individuo, en cuyo caso deberíamos ver cómo han evolucionado los bienes más representativos que suele adquirir nuestro pensionista. Con ello, puede resultar que en realidad sea menos pobre que si su cesta de bienes fuera como la del IPC, o por el contario, la pérdida de poder adquisitivo fuera aún más grave. Este es un aspecto importante a la hora de sacar conclusiones sobre una medida gubernamental.

Pero este no es el único ejemplo. Hay momentos en los que la inflación es positiva para nuestros intereses. Imaginemos que hemos comprado una casa y debemos pagar al banco un 1.5 % de intereses anuales. Si atendemos al dato de la inflación diríamos, bueno en realidad me sale rentable ser deudor, ya que mi deuda se va reduciendo automáticamente conforme pasa el tiempo. Este supuesto efecto positivo puede convertirse en un arma de doble filo, ya que si nos descuidamos, podemos endeudarnos demasiado y si el tipo que tengo que devolver al banco cambia y supera a la inflación tendré el efecto contrario. Es lo que sucedió en España con la burbuja inmobiliaria, salía mucho más rentable endeudarse por los bajos tipos y la tasa de inflación existente. Sin embargo, cuando la economía se dio la vuelta y se produjeron consecuencias graves por todos conocidas.

Como hemos visto, la inflación es una variable que nos puede sonar a problema de los economistas. Y es verdad, los economistas viven obsesionados con la inflación y llevan debatiendo sobre ella ya unos cuantos siglos. Sin embargo, afecta a cada individuo que interviene en la economía y debería ser tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones o de juzgar las medidas de política económica.

¿Es adecuada la reforma del Sistema de Pensiones?

pensiones ¿Es adecuada la reforma del Sistema de Pensiones?

Recientemente se ha publicado el informe del comité de expertos encargado por el Gobierno para el desarrollo de una futura reforma del sistema de pensiones. La publicación de este estudio ha generado muchas dudas en la población, ya que se ha asegurado que en contra de lo que viene siendo la tónica habitual (las pensiones se revalorizan cada año de acuerdo al IPC) las pensiones podrían bajar si así lo indica un determinado factor de sostenibilidad.

Para intentar aclarar las dudas que puede suscitar esta posible reforma de las pensiones, vamos a comenzar analizando los dos principales factores que han impulsado su desarrollo:

  • Aspectos demográficos. En este sentido hay que hacer referencia al aumento de la esperanza de vida. En España a comienzos del siglo XX sólo un 35 % de la población llegaba a la edad de jubilación. Sin embargo, en la actualidad dicho porcentaje se ha incrementado hasta el 90 %. Este es sin duda un dato magnífico que denota la mejora de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora del sostenimiento de las prestaciones por jubilación. Además, si a esta variable le unimos la circunstancia del envejecimiento de la población (actualmente el 17 % de la población es mayor de 65 y las estimaciones indican que ascenderá hasta el 37 % en 2052), tendremos una variable lo suficientemente significativa para el estudio de una posible reforma del sistema.
  • Aspectos económicos. Tenemos que recordar que el sistema de pensiones responde a un esquema de Pirámide de Ponzi. Bajo dicho diseño las prestaciones de las generaciones mayores son pagadas con las contribuciones que realizan las generaciones activas. Este sistema presenta inconsistencias si existen incrementos significativos en cantidad y duración del desempleo. Por tanto, en una situación de crisis prolongada como la actual el esquema puede hacer aguas y provocar que haya que recurrir a los fondos de reserva.

Estas son las dos principales circunstancias que motivan la reforma del sistema de pensiones expuesta en el documento elaborado por el comité de expertos. Bajo dicho contexto este grupo propone dos factores de sostenibilidad:

  • El primero introduce la esperanza de vida para ajustar la pensión o la edad de jubilación. Como cada  año la esperanza de vida aumenta, para hacer sostenible el sistema la pensión inicial debería ser un poco más baja puesto que la cobraremos durante más años. Esta circunstancia solo afectará a futuros pensionistas
  • El segundo factor  se plantea para garantizar el futuro del sistema y afectará a todas las pensiones, actuales y futuras. Se eliminará la referencia al IPC y el cálculo se realizará a partir de una fórmula que tendrá en cuenta el  número de pensiones, la evolución de los cotizantes y de la cotización media. De esta forma, si la economía presenta una tendencia positiva las pensiones podrán incrementarse y, si por el contrario, la economía se ve afectada por una recesión prolongada, las pensiones podrían descender.

La cuestión a partir de estos datos es ¿se trata de una reforma adecuada? En este sentido, la respuesta tiene que girar en torno a que no se busca atajar los principales defectos del sistema de pensiones. Una reforma seria buscaría eliminar el componente piramidal del sistema que provoca que ante crisis económicas las contribuciones de los cotizantes activos se reduzcan.

De otro lado, tampoco tenemos que olvidar que lo que provoca dudas sobre el sostenimiento de las prestaciones por jubilación es la reducción de los ingresos de la Seguridad Social. Este problema viene provocado por la caída constante de los afiliados y el aumento de la tasa de desempleo. Por tanto, los esfuerzos deberían dirigirse a la creación de empleo, ya que si el paro se reduce a niveles “normales” no habría problemas de financiación.

Por último, existe un componente sorprendente y, es que si el sistema de pensiones presenta fragilidades, no se entiende que el Ejecutivo premie los sistemas de prestación privados. Existe una ventaja fiscal incluida en el IRPF que beneficia a aquellos que dedican una parte de su renta a contribuir en un sistema de plan de pensiones privado. El Gobierno podría dedicar estas cantidades que deja de ingresar al sistema público y contribuir a su financiación.

Con todo, a pesar de que el estudio presenta una novedad científica y técnica relevante como son los factores de sostenibilidad, se puede decir que no es la reforma más adecuada. Se requiere una reforma del sistema en profundidad que busque solventar los problemas demográficos , de financiación y que no resulte un parche que perjudique a los contribuyentes de generaciones pasadas. No parecería lo más adecuado si buscamos un sistema justo y equitativo que asegure la renta de los cotizantes tras una vida de trabajo.

Participaciones preferentes ¿Quiénes son los responsables?

MG 7187 300x200 Participaciones preferentes ¿Quiénes son los responsables?

En las últimas semanas los afectados por el caso de las participaciones preferentes han incrementado sus movilizaciones para que se les dé una respuesta satisfactoria que les permita recuperar sus ahorros. A primera vista, parece que se trata de un caso de flagrante estafa donde los bancos engañaron a pequeños ahorradores con un producto complejo y ahora han perdido todo su dinero.

Sin embargo, esta cuestión contiene mayores complejidades que merecen ser analizadas, antes de determinar una decisión sobre la responsabilidad de esta situación.

Para analizar el problema vamos a partir de la definición de participación preferente. Este es un producto financiero complejo donde el inversor entrega una cantidad determinada a cambio de unos pagos perpetuos en forma de cupón. Además, como en el caso de las acciones, estos pagos estarán supeditados a que la empresa que lo oferte (no solo los bancos se financian con participaciones preferentes) obtengan unos beneficios. Por otra parte, el emisor de este producto puede recomprar la participación si lo estima conveniente. Igualmente, estas se pueden negociar en un mercado secundario.

Una vez definido el producto podemos contextualizar la situación que ahora sufren los pequeños ahorradores que compraron estos productos en las entidades financieras que han sido nacionalizadas (Bankia, Novacaixa Galicia y Catalunya Caixa entre otras).

Las direcciones de todas las entidades financieras de este país, ante los incrementos regulatorios del capital propio que debían poseer en su cajas, decidieron impulsar una política comercializadora de estos productos para cumplir con estos requisitos. Esto llevó a que desde las sucursales bancarias se ofertara a pequeños ahorradores esta posibilidad de inversión que a la postre tiene un elevado riesgo y complejidad. En muchos casos, es verdad que la política llevada a cabo por parte de los bancos y cajas de ahorro distó mucho de lo que la ética para con sus clientes hubiera determinado. Sin embargo, no puede asegurarse que estas hayan estafado a nadie.

Nos explicamos, los ahorradores firmaron un contrato libremente donde quedaba patente que la inversión que realizaban tenía un plazo perpetuo y, por la cual, recibirían una serie de cupones supeditados a unas condiciones. Por tanto, las entidades no tienen obligación alguna de devolverles el dinero porque así quedó expuesto en el contrato formalizado por ambas partes.

El problema lo encontramos en que los comerciales bancarios explicaron a sus clientes que este producto era similar a un depósito bancario, o incluso mejor. Es decir, se llegaba a asegurar “Cuando usted quiera me llama y a los tres días tiene el dinero en su cuenta sin penalización alguna”. Desde luego que esto no es admisible y, menos aún que algunas entidades engañaran a personas mayores que no sabían leer y escribir. En estos últimos casos deberán devolverles íntegramente su dinero al estar el contrato viciado de pleno derecho.

No obstante, deberíamos preguntarnos ¿Esta devolución debería extenderse a todos los demás ahorradores? La respuesta no puede ser positiva porque ellos también tienen una parte de responsabilidad. Es decir, por parte de los ahorradores se esperaba que se hubieran leído los contratos, que lejos de firmarlos sin leerlos, hubieran preguntado por aquello que no entendieran y, que en última instancia, si algo no les cuadraba no hubieran firmado. No puede servir la excusa de “me dijeron que era un depósito”, puesto que el sentido común sugería que si en un banco X le ofrecían un 2 % y en el banco Y un 8-9 % algo raro debía haber detrás.

Con toda esta explicación ya podemos situar en un mejor marco las responsabilidades por este caso:

  • Los bancos y cajas de ahorro porque en la política de comercialización no actuaron de acorde a la ética que se le exige a una relación con sus clientes. Además, en algunos casos se vulneró la legislación europea que obligaba a la realización de un test de conveniencia e idoneidad. En estos últimos casos, deberán devolver íntegramente las cantidades invertidas.
  • Los pequeños ahorradores que debían haberse informado correctamente y leer aquello que firmaban. Las participaciones preferentes se llevan comercializando desde 1999 y, en muchos casos, se han obtenido rentabilidades muy por encima del mercado que parecen haber olvidado ahora. Este hecho conllevaba un riesgo que ahora se debe asumir en su justa medida.
  • El gobierno y los supervisores (CNMV y Banco de España). Estos incrementaron los requisitos mínimos de capital y no supervisaron correctamente la comercialización a minoristas de estos productos. Sabiendo lo complejo de su decisión debían haber dirigido el foco a que las entidades actuaran correctamente.

Por todo ello, la responsabilidad del caso de las participaciones preferentes no se puede determinar a primera vista. Se trata de un asunto complejo, como el propio instrumento, que requiere un análisis pausado sin dejarse llevar por nuestras simpatías. Desde luego, que todo el mundo lamenta que alguien pierda sus ahorros, pero tampoco podemos asegurar con premura que alguien poco simpático se los haya robado.

¿Quién crea empleo?

tn parados 300x200 ¿Quién crea empleo?

Esta semana se conocían los datos del paro registrado para el mes de enero. Al igual que sucedió con la presentación de la Encuesta de Población Activa, las cifras confirman que el desempleo aún no ha tocado fondo.

En esta ocasión, nuestro análisis no pretende centrarse en las causas del creciente desempleo, sino en cuál sería el método para crear empleo de forma eficiente. Tradicionalmente, desde ciertos sectores económicos se suele aseverar que la clave para la creación de empleo es el apoyo al emprendedor. No nos cabe la menor duda de que efectivamente, la dotación de facilidades para la contratación y el apoyo al emprendedor ayuda a que las contrataciones se acaben efectuando. Sin embargo, deberíamos preguntarnos  si es este el factor principal o hay otros aspectos que influyan en mayor medida en la creación de empleo.

En este sentido, es preciso analizar aquellas variables que provocan que una empresa se plantee contratar más capital humano. Fundamentalmente, las empresas estudian la contratación de más personas cuando sus expectativas de negocio ascienden, esto es, cuando se produce un incremento de las ventas. Por tanto, el factor fundamental para la contratación es que la demanda de los productos o servicios que venden las empresas aumente.

De esta manera, las acciones principales para mejorar la creación de empleo deberían venir del lado de la generación de demanda adicional para las empresas. Si aplicamos esta lógica al mundo empresarial español caracterizado por un tejido empresarial donde imperan las PYMES, la acción de incentivar la demanda debería concretarse en conseguir un aumento del consumo. Los mayores esfuerzos se deberían centrar en obtener un aumento de la confianza de los consumidores. Así estos  podrían decidir incrementar la proporción de renta que dedican a la compra de bienes y servicios. Hay que mencionar que se puede demostrar empíricamente que son las clases bajas y medias las que dedican una mayor parte de su renta a esta actividad. Por tanto, una buena política para conseguir el objetivo de creación de empleo será aquella que busque que estos sectores de la población tengan más renta disponible.

Para ello, una posibilidad es que se desciendan los impuestos a estos agentes económicos. Específicamente, se debería producir una rebaja de tributos como IRPF e IVA. Con este descenso la renta disponible de los consumidores aumentaría y se inclinarían por consumir más. Todo ello provocaría que las empresas, ante el aumento de la demanda, necesitaran incrementar la producción y por tanto el capital humano, con la consiguiente creación de empleo.

Alguien podrían pensar que esta medida lastraría la recaudación del Estado y con ello el tan famoso déficit público se descontrolaría. Sin embargo, esa consideración se podría atajar con dos medidas:

  • Un aumento de impuestos a las clases más altas que compensara el descenso de impuestos a clases media y baja . Este punto se debería implementar con sumo cuidado, ya que aquellos agentes con más renta son los que tienen más facilidades para la elusión de impuestos. De hecho, se requeriría un plan por parte de los técnicos e inspectores de Hacienda que logrará que el incremento de impuestos a las clases altas se tradujera en un ascenso de la recaudación.
  • En segundo término la reducción de la recaudación por el descenso de impuestos se compensaría parcialmente por el aumento de la actividad económica. Esto es, al incrementarse el consumo, el IVA aumentaría su recaudación a pesar del descenso de los tipos. Por otra parte, el descenso de los tipos del IRPF se podría compensar con la recaudación del mayor número de trabajadores empleados.

Con esta propuesta lo que queremos evidenciar es que los Gobiernos continúan sin identificar bien las soluciones al problema del desempleo. Efectivamente, favorecer a los emprendedores es una medida necesaria y más aún librarlos de las innumerables trabas burocráticas. Sin embargo, el principal problema es recuperar la demanda de nuestros productos. Ese sería el principal favor que le podríamos hacer a nuestra economía y a los desempleados.

¿Cuánto cuesta una huelga general?

huelga general ¿Cuánto cuesta una huelga general?

Esta semana se celebraba la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Dejando a un lado la incuestionable legitimidad de la huelga en un momento donde los derechos de los trabajadores han retrocedido bastante en el tiempo, hemos asistido al debate sobre el coste para la economía de una protesta como esta. En este sentido, desde el partido que sostiene al Gobierno así como desde diversos medios de comunicación conservadores se ha extendido la idea de que una huelga general tiene un coste en torno a 2000 – 4000 millones de euros.

En esta ocasión nos proponemos analizar cuál es el coste para una economía de una huelga general.

Para estudiar esta cuestión vamos a partir de las cifras que hemos comentado anteriormente. De esta manera, deberíamos preguntarnos de dónde sale esta estimación. Vamos a suponer que estos datos se obtienen de la división del PIB español por el número de días que tiene un año. Siendo generosos con el seguimiento de la huelga, supondremos que la economía se detuvo al 100 % y que el coste, por tanto, se habría situado en los 4000 millones de euros. Sin embargo, si multiplicamos 4000 millones por 365 días obtenemos como resultado 1.4 billones (europeos) de euros. Teniendo en cuenta que el PIB español se sitúa en torno a 1 billón de euros ese dato supondría que la economía crece a un ritmo del 40 %. Esta consideración difiere mucho de la realidad, ya que actualmente el PIB se encuentra decreciendo al 1.7 % interanual. Por consiguiente, podemos decir que la estimación no tiene la menor base científica.

Pero profundicemos más en esta cuestión. ¿Se puede calcular el coste de una huelga de una forma tan reduccionista? Esto es, simple y llanamente dividiendo el PIB por el número de días del año.  Si se acepta este razonamiento se incurre en un grave error reduccionista. El motivo es la suposición de que la producción que se perdió el día de huelga no se puede recuperar posteriormente o incluso no se incrementó en los días anteriores. Pongamos un ejemplo, los consumidores teniendo en cuenta que el día de la huelga no iban a poder consumir carne o pescado habrán acudido los días anteriores a la correspondiente carnicería/pescadería incrementando el consumo. De esta forma, aunque carniceros y pescaderos se hubieran visto obligados a cerrar por la protesta su impacto económico habría sido nulo, ya que su ritmo habitual de venta habría quedado compensado en los días anteriores.

Por otra parte, se está incurriendo en un segundo error que es aquel por el cual se estima que toda la producción es eficiente. Nos explicamos, imaginemos una factoría de coches. Con su ritmo habitual cada día se producen un número determinado de coches y se tienen que soportar unos costes: costes fijos (por ejemplo máquinas y salarios) y costes variables (por ejemplo electricidad). A estos costes se les busca hacer frente a través de los ingresos que se obtienen por la venta de coches. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la producción de coches no siempre se va a vender al 100 % y por tanto, puede haber costes irrecuperables. De esta manera, vamos a tratar de analizar cómo afecta una huelga en un periodo de recesión (marcado por el descenso del consumo) en una factoría de coches. Con la protesta, los trabajadores no acuden ese día a trabajar y la empresa no paga salario (se reducen los costes fijos), además como no se fabrican vehículos la factura eléctrica desciende (se reducen los costes variables). Pero es que incluso al no incrementarse la producción se pueden dar salidas a los excedentes de la fábrica y mejorar el ratio coste/beneficio.

Estamos pues ante una paradoja, parece que una medida que a priori podía ser vista como un perjuicio para la empresa se ha convertido en una ventaja.

Con este análisis lo que hemos buscado demostrar es que utilizar el reduccionismo de forma ilimitada puede llevar a cometer errores de bulto. Además, se puede comprobar que las estimaciones precipitadas no resisten a las matemáticas. Quiere decirse  que una huelga no tiene porqué ser per se perjudicial para la economía. Se requiere un análisis más profundo y riguroso para hacer ese tipo de aseveraciones. Es decir, se debe realizar un análisis ex ante y ex post a la huelga para ver el impacto de la propuesta en la producción económica.

¿Por qué no se reduce el déficit público?

montoro 0 300x200 ¿Por qué no se reduce el déficit público?

La semana pasada conocíamos el dato del déficit del Estado español hasta agosto de 2012. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Presupuestos, la cifra de déficit supera en dos décimas el nuevo límite que impuso la Unión Europea, enmarcado en el programa de estabilidad presupuestaria para reducir el déficit al 3 % en dos años.

Hasta agosto, el déficit del Estado ascendió hasta los 50.132 millones de euros (9.634 más que en el mismo periodo del año anterior), equivalentes al 4,77% del producto interior bruto (PIB) en términos de Contabilidad Nacional.Estos datos evidencian que, a pesar de los esfuerzos fiscales (reducciones drásticas del gasto público e incrementos de impuestos), España tiene sumamente complicado cumplir con el objetivo marcado a final de año.

Por ello, hoy nos preguntamos ¿por qué no se reduce el déficit? ¿Dónde reside el problema?

La respuesta la tenemos en la errónea concepción de que si, por ejemplo, el Estado tiene un desfase presupuestario de 40 unidades, reduciendo el gasto en 30 ya únicamente estaremos en 10 unidades negativas. En este razonamiento se entiende que al reducir el gasto los ingresos se van a mantener constantes, supuesto que no se cumple en el caso de las finanzas públicas.

La cuestión, por tanto, es ¿por qué reduciendo el gasto afectamos a los ingresos? Para tratar de analizarlo  tenemos que hacer referencia a la composición del Producto Interior Bruto:

Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones

Cada uno de estos componentes tiene una sensibilidad mayor o menor en el crecimiento económico. La variable con mayor sensibilidad es el Gasto Público, de modo que incrementos del mismo influyen en el resto de variables provocando que un incremento del Gasto Público tenga como consecuencia un aumento del crecimiento económico en una proporción mayor. Esto en economía se conoce como el multiplicador del gasto público. Lo mismo sucede con bajadas de impuestos.

Este razonamiento también se produce a la inversa. Es decir, si se reduce el gasto público, componentes como el Consumo y la Inversión se ven afectados. Por tanto, el crecimiento económico se lastra en una proporción mayor.

De esta manera, si tenemos en cuenta que nuestro sistema fiscal está muy ligado al ciclo económico (en épocas de bonanza los ingresos fiscales se disparan y en momentos de crisis se desploman) podemos entender por qué el déficit no se reduce según al razonamiento que explicábamos al principio.

Lo que queremos evidenciar con este análisis es que la política fiscal es equivocada si su objetivo es la reducción del déficit. De hecho, si continuamos así vamos a provocar que la hemorragia no se detenga. Por consiguiente, se requiere que el gobierno opte por políticas que tengan como objetivo el crecimiento económico. Consiguiendo que la economía crezca, se recuperará la recaudación y será mas factible luchar contra el déficit público. No se puede seguir concibiendo una economía de un Estado como si se tratara de un particular o una empresa. Se trata de un error provocado por el excesivo reduccionismo que evita tener en cuenta las complejidades que solo el PIB ostenta.

Del mismo modo, se hace necesario realizar una reforma fiscal en profundidad que elimine la excesiva correlación entre crecimiento y recaudación. Para conseguir este objetivo es imprescindible implementar tributos cuyo componente normativo asegure una recaudación estable. De hecho nuestro sistema fiscal, cuyo desarrollo se realizó en los años ochenta, se halla desfasado para la nueva realidad a la que se enfrenta nuestro país.

Únicamente identificando bien el problema y olvidando razonamientos reduccionistas y apresurados se podrá atajar la grave situación de nuestro país. Nuestros representantes deberían darse cuenta de que la principal dificultad es el estancamiento del crecimiento económico y no el déficit público. Este último es una consecuencia y sólo se conseguirá solventar si se ataca el problema.

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