A propósito del artículo 135 de la Constitución

Por • 23 dic, 2014 • Sección: Economía

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Últimamente en cualquier tertulia televisiva que se precie o incluso en la mayoría de conversaciones de bar que buscan arreglar el país se hace mención a la que parece que es la principal raíz de nuestros problemas, el artículo 135 de la Constitución. De hecho, es un buen recurso cuando alguien nos da un golpe en forma de argumento. Cualquiera puede responder “ya, pero la reforma del artículo 135…” y entonces el equilibrio de fuerzas en la conversación vuelve a restablecerse. Sin embargo, deberíamos preguntarnos ¿tan importante es este precepto constitucional? ¿Es la fuente de todos nuestros males?

Para situarnos, tenemos que entender que el artículo 135 se incluyó en la Constitución Española en 1978 en forma de precepto técnico para incluir obviedades que después se desarrollarían en forma de ley orgánica. Básicamente, en la Carta Magna asegurábamos que seríamos unos chicos buenos, que pagaríamos nuestras deudas y que nuestro presupuesto estaría equilibrado. Hasta aquí bien, pero llegó el año 2011 y en plena incertidumbre sobre nuestra deuda pública al presidente Zapatero se le ocurrió la chapuza de reformar de forma precipitada la Constitución. Todo ello para incluir un matiz en este precepto estableciendo que el pago de la deuda y de sus intereses tendría prioridad absoluta.

Llegados a este punto el lector puede plantearse si de verdad era necesario incluir esa precisión en una ley de principios como es la Constitución. No vamos a entrar a valorar lo oportuno de la reforma ni a analizar si se pudo hacer de una forma aún peor. Sobre eso ya está todo dicho y escrito, pero es importante conocer la necesidad o no de tener un precepto así en la Constitución. Para ello tenemos que conocer la principal causa, que no es otra que la soberanía económica que tienen los estados. Dicho así puede parecer un concepto complejo, pero los Estados como sujetos soberanos tienen una prerrogativa que ningún particular posee, la posibilidad de no pagar sus deudas y que las consecuencias no pasen del reproche y de que los prestamistas no vuelvan a darle acceso al crédito. Es decir, mientras un particular ve atacado su patrimonio, el Estado bien automáticamente o cambiando algunas leyes no sufriría consecuencia alguna sobre sus bienes ante un impago de deuda.

Ante esto los Estados intentan parecer serios para que nadie deje de prestarles preventivamente. Por ello, se aseguran de que sus obligaciones en cuanto a la deuda pública son satisfechas e incluso incluyen normas con bastante rigidez para que los acreedores sepan que van a pagar. Ahí tenemos nuestro artículo 135. Queremos mandar un mensaje diciendo “oigan, somos serios y vamos a pagar, pero es que además nos vamos a obligar nosotros mismos”. Esto en un país que lleva impagando deudas desde Carlos I hasta el dictador Franco no es ninguna tontería. Pero con todo, bastaría otra reforma exprés o una modificación de una ley orgánica para que impagáramos y no sucediera nada.

Por tanto, ¿Cuál es la causa de que los partidos de izquierda se refieran con tanta virulencia a este artículo? La razón la tenemos en que muchos de estos partidos están olvidando su ideario para atacar al que parece nuestro mayor enemigo, el mercado financiero. Sin embargo, están dejando de lado lo principal. Lo que un partido progresista debería defender es tener un estado del bienestar que cuide de sus ciudadanos, unos servicios públicos eficientes y desde luego una sanidad y educación pública, universal y excelente. Esa es la clave del progresismo y para ello lo que se debe hacer es saber cómo financiarlo. Es decir, deberíamos decir estos son los servicios públicos que queremos y a los que no vamos a renunciar, pero además es que sabemos cómo financiarlos y no estamos dispuestos a impagar nada. Esto sería lo idóneo, pero claro es más difícil que decir que la culpa es de la reforma del artículo 135.

Cometería la izquierda española una gran error si sigue por ese camino, optar por el populismo fácil en lugar de diferenciarse del capitalismo de amiguetes que impera en nuestro país. Deberían olvidarse de que el mercado es el enemigo y centrarse en solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Al mercado le da lo mismo en qué nos gastemos el dinero si somos capaces de pagarlo. De esta manera, si frente a otros la izquierda defiende unos servicios públicos fuertes, centrémonos en definirlos y en dotarlos de mecanismos de financiación. Y sí, además podemos regular los mercados para solucionar las ineficiencias que presentan, pero identificando cuáles son nuestros verdaderos problemas y principales objetivos.

Siguiendo esa política los partidos progresistas conseguirían diferenciarse de forma seria frente a los partidos liberales o conservadores. Cerrarían de raíz que nadie los llamara populistas y podrían ofrecer a la sociedad una alternativa muy a tener en cuenta.

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