¿Es excesivo el tamaño del Estado Autonómico?

Por • 4 feb, 2011 • Sección: Política

estadoautonomico ¿Es excesivo el tamaño del Estado Autonómico?

Llevamos varias semanas inmersos en el debate del tamaño del Estado Autonómico. La polémica ha sido iniciada desde el sector más conservador de la prensa española argumentando que es necesario un proceso de recuperación de competencias debido al excesivo gasto que producen ciertas Comunidades Autónomas.

Para entender bien el Estado de las Autonomías,hay que tener en cuenta que estas han asumido competencias como la sanidad y la educación. Concretamente, estos dos tipos de materias conllevan la realización de un gasto público importante debido a que el correcto funcionamiento de estos servicios públicos supone un coste muy elevado. No obstante, tampoco hay que obviar que desde algunas autonomías se han acometido proyectos que quizá han supuesto un gasto por encima de sus posibilidades. Sirva  de ejemplo la construcción de hospitales en Castilla la Mancha, donde en un radio de 50 kilómetros han llegado a convivir tres hospitales generales. Ante esto, cabría preguntarse si esta situación ha sido provocada por un incorrecto desarrollo de las competencias asumidas, o bien corresponde a un ejercicio de populismo político presente en toda la política de infraestructuras desarrollada por cualquier órgano administrativo, ya sea Administración General, Comunidades Autónomas o entes locales. Parece lógico pensar, que la causa reside en la deficiente política de inversiones que caracteriza a la Administración en su conjunto, donde priman más criterios populistas en lugar de la eficiencia económica. Digo esto debido a que si repasamos muchas inversiones tanto en sanidad como en otros sectores nos daremos cuenta que a cualquier nivel se producen deficiencias a la hora de acometer el gasto.

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que el traspaso de las competencias más costosas fue realizado por parte de los gobiernos populares de Aznar. Precisamente, el propio Aznar se ha convertido ahora en el principal defensor de la vuelta al estado centralizado sin tener en cuenta que quizá él mismo se precipitara al traspasar ese tipo de competencias a todas las Comunidades Autónomas.

Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, es el modelo de financiación autonómica. Para situarnos, hay que entender que las Comunidades Autónomas tienen que prestar muchos servicios públicos, pero sus fuentes de financiación están más bien restringidas a la cesión que se hace de la recaudación de los tributos estatales por parte de la Administración Central, ya que los tributos autonómicos no están lo suficientemente implantados.

De esta manera, nos encontramos en una situación en la que las regiones españolas están obligadas a desarrollar una gran cantidad de servicios públicos, pero su financiación no es suficiente. De igual modo, como en el resto de órganos de la Administración la política de gasto no responde a criterios de eficiencia económica. Toda esta situación, provoca que en plena crisis el déficit de muchas de ellas se dispare y afecte al conjunto del Estado.

Ante dicha tesitura, cabría preguntarse si la solución pasa por la recuperación de ciertas competencias por parte del Estado e incluso la suspensión o fusión de varias Comunidades Autónomas; o bien el proceso debería ir encaminado a una ordenación y coordinación en el desarrollo del Estado Autonómico. La opción más optima es la segunda debido a diversos motivos entre los que se puede destacar el menor coste social (nadie va a estar dispuesto a que le recorten su autonomía); la diversidad que caracteriza a nuestro país; y sobre todo, a que una centralización no supondrían tanto ahorro como se pueda pensar a priori. Esto es así, debido a que el funcionariado autonómico seguiría existiendo con o sin autonomías, y además el coste no es tanto la administración autonómica, sino el gasto de las políticas que llevan a cabo.

Con todo, es cierto que el déficit de ciertas Comunidades Autónomas es muy preocupante, por lo que sería conveniente la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para la coordinación y la ordenación de políticas que aseguren un control del gasto y la eficiencia en el ejercicio de las competencias que tienen asumidas.

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